Radio Pichincha

Angélica Porras, abogada del defensor del Pueblo Freddy Carrión, señaló que las pruebas presentadas por la fiscal General, Diana Salazar, dentro del caso que se sigue contra el funcionario, inducen a engaño al juez, por cambiar los hechos ocurridos el pasado 16 de mayo, a fin de que se logré la calificación de flagrancia, pues solo así se puede aprehender a una persona sin tener orden de competencia de un magistrado.

Explicó cuándo un hecho puede ser calificado como flagrante:

Porras indicó que la Fiscalía está sustentando la flagrancia con el tercer punto, sin embargo resaltó que esto no ocurrió porque una vez los hechos de la madrugada del 16 de mayo, donde estuvieron 10 personas alrededor de Carrión entre policías, el jefe mayor Juan Fernando Ramos y hasta bomberos, lo dejaron ir por propio pie tras verificar que hubo una violación al toque de queda cuya sanción la primera vez es de USD100, la segunda con USD400 y si hay una tercera reincidencia la persona es detenida.

Criticó que la Fiscal General en audiencia haya mentido indicando que fueron los policías quienes le llevaron a Carrión hasta la Clínica para argumentar persecución y así logran una prisión preventiva, esto sin contar que a las 14:20 de ese día le leyeron sus derechos por violación del toque de queda en la casa de salud: “Pero en la audiencia de flagrancia lo acusan de abuso sexual”.

Con todos estos antecedentes, Porras subrayó que esta denuncia contra Salazar, la fiscal delegada Mayra Soria y el mayor Juan Ramos, dará una oportunidad a los abogados para demostrar que en el Ecuador es posible montar casos por cuestiones políticas y que de esto tienen responsabilidad jueces y fiscales.

Citó el caso de Ola Bini que demostraría como la justicia se usa para temas políticos y venganzas, por lo que el proceso de Carrión no es aislado. Además recordó que uno de los testigos que compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional informó que el exministro de Salud, Mauro Falconí, y su pareja recibieron una llamada del exsecretario de Gobierno, Jorge Wated, mostrándoles su respaldo para hacer lo posible para que el Defensor del Pueblo no siga en su puesto: “Incluso le había dado un guion a la señora de lo que tenía que decir, por eso las versiones y testimonios cambiaron tres veces”.

Fausto Jarrín, abogado y asambleísta de UNES, señaló que el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, evidencia lo que en Ecuador ya se venía denunciando como es la persecución política y judicial al correísmo.

El informe emitido por el relator Diego García-Sayán hizo referencia al denominado “Caso Sobornos” y destacó su preocupación pues se habrían encontrado inconsistencias en el proceso dando cuenta que todo fue parte de una persecución política en contra del expresidente Rafael Correa y sus coidearios.

El ahora legislador recordó que lo ocurrido en ese caso fue extremadamente delicado porque se dio en el marco de la evaluación a los jueces de la Corte Nacional que, dijo, permitió al Consejo de la Judicatura nombrar magistrados a dedo: “Como Iván León que está metido en corrupción y fraude procesal pero le pusieron con resolución de la Judicatura. Pusieron a los que estaban dispuestos a ensuciar la justicia y el derecho”.

Manifestó que desde hace dos años reposa en la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra dicha evaluación  e incluso sigue en trámite la denuncia de prevaricato contra el ahora presidente de la CNJ, Iván Saquicela, por brindar una entrevista a Teleamazonas explicando la sentencia del caso Sobornos, cuando ni siquiera los abogados tenían pleno conocimiento de la misma.

Indicó que este informe se habría emitido en junio, sin embargo la respuesta de Ecuador se conoció este miércoles 8 de septiembre donde la Procuraduría le afirma que no puede opinar sobre imparcialidad de la justicia y sobre independencia de jueces y fiscales: “Es decir le da la razón al Relator y  le da justificación para que el informe robustezca el trabajo de la Comisión Interamericana de DDHH, esto nos dará un resultado contundente sobre el proceso de persecución contra Rafael Correa y varios coidearios”.

Para Jarrín este tipo de pronunciamientos de organismos internacionales sumados a procesos internos como al que está sujeto el excontralor subrogante, Pablo Celi, termina demostrando cómo se montan los procesos penales para perseguir con el auspicio de los medios de comunicación: “A nivel internacional la administración de justicia no tiene ninguna imagen, porque ni siquiera podemos enviar una solicitud bien hecha a la Interpol, la cual en repetidas ocasiones señala que los oficios enviados por Ecuador violan derechos”.

Aseveró que la imagen del país está tan desgastada que el Gobierno ha buscado credibilidad firmando tratados como el CIADI porque no hay seguridad jurídica.

Cristina Reyes, parlamentaria Andina y exasambleísta del Partido Social Cristiano, resaltó que aunque el plan de vacunación se ha cumplido y es digno de reconocerle al Gobierno de Guillermo Lasso, también calificó de preocupante que aún no exista una hoja de ruta de lo que vendrá después y que le brinde tranquilidad al país.

Subrayó que el nivel de expectativa sobre la gestión del mandatario está bajando con la ausencia de acciones y falta de liderazgo, pues pese a que han pasado cien días ya se deberían, al menos, sentar bases: “El Presidente se comprometió con la salud, educación, seguridad ciudadana e inversión pública, en entregar recursos suficientes y ahora se habla de recortes e incumplimientos y eso preocupa”.

Reyes indicó que el Partido Social Cristiano, al haber tenido una alianza con CREO, está en el deber y la responsabilidad de exigirle al Ejecutivo que cumpla con sus promesas de campaña y no que vaya contra educación o salud como se evidencia en la Proforma Presupuestaria donde, incluso, no se topan temas importantes como entrega de rentas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

En ese contexto, sostuvo que efectivamente el comunicado del PSC como el de otros bloques no está de acuerdo ni conforme con la Proforma enviada porque es una cuenta de suma y resta, más no un instrumento de desarrollo que requiere el país, de manera empática, para atender a las familias que han sido afectadas por las pandemia y la crisis económica.

Lamentó que entre el Jefe de Estado y sus voceros no exista un discurso claro que hable de las tasas de interés, del apoyo a la agricultura, la entrega de créditos o la creación de empleo, sobre esto último puntualizó que si bien es necesaria una reforma laboral no se puede dar paso a una normativa regresiva de derechos que disminuya el salario básico o elimine los beneficios de ley: “Esto debe ser construido en un dialogo social, entre trabajadores y dirigentes, empresarios y Gobierno, pero solo se ve ideas sueltas”.

Remarcó que el Ejecutivo no puede hablar de un bloque por parte del Legislativo si ni siquiera hay propuestas formas, en todo caso afirmó que una consulta popular es un mecanismo democrático que se puede impulsar, dando a conocer los temas al país.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

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Santiago Pérez, director de Clima Social, señaló que en la última encuesta realizada el 4 y 5 de septiembre se puede evidenciar que en ciudades como Quito y Cuenca la mayoría ciudadana considera que se debe esperar más para empezar a ver los resultados de la gestión del Gobierno de Guillermo Lasso, de ahí su calificación positiva en cuanto a su gestión.

De 1.600 personas encuestadas el 49% dice que se debe esperar un poco más para evidenciar resultados, mientras un 36% cree que en estos primeros cien días ya debería verse lo que se ofreció en campaña: “Desagregando vemos que Quito es una ciudad donde existe un salvoconducto a favor del Gobierno porque mayoritariamente califica positiva su gestión, están más propicios a esperar”.

Respecto a la calificación con la empezó el régimen, Pérez puntualizó que no se puede concluir que este bajando o subiendo porque no existe evidencia suficiente: “No tiene cifras abrumadoras de apoyo, es normal de la manera en cómo fue elegido el Presidente”.

¿Qué espera la ciudadanía del Gobierno?

El 55% respondió que la creación de empleo, es decir más de la mitad ve este factor como una prioridad pero a la vez hablan de una protección a los derechos de los trabajadores, rechazando cualquier tipo de retroceso en ese tema.

Un 23% habla de la necesidad de bajar intereses en los créditos, lo que da cuenta de cómo la gente está ahogada en deudas y necesita un alivio; otro punto importante que se menciona, según Clima Social, es el subsidio a los combustibles: “8 de cada 10 están descontentos con el incremento del precio de la gasolina, piden derogarlo”.

Pérez indicó que tanto esos temas como el cumplimiento del libre acceso a las universidades son nodos donde podría estar el corazón de la evaluación con la que se mida la gestión del Gobierno en los próximos meses.

Sin embargo hasta el momento, de las personas entrevistadas el 11.7% califican de muy buena la gestión del Jefe de Estado y un 50% de buena; mientras que un 22.9%  la colocan de mala y 7.7% de muy mala, esto en el marco del proceso de vacunación.

María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, instó a los jóvenes a no hacerse falsas expectativas sobre las reformas a la Ley de Educación Superior porque no garantizan el libre acceso a las Instituciones, pues existe un número restringido de cupos de acuerdo a la disponibilidad de carreras y la capacidad de la infraestructura. Remarcó que tampoco se puede hacer una oferta de ese tipo porque un estudiante a los 18 años tiene en su mente solo las profesiones tradicionales como la medicina, cuando el país necesita de otros perfiles de acuerdo a las necesidades que atraviesa.

Subrayó que el ingreso a las Universidades Públicas se sigue dando a través del examen impulsado por la Senescyt, que ahora ha cambiado de nombre, por tanto, dijo, será esa entidad la que indique quienes ingresan con base a los cupos disponibles.

Lamentó que las reformas presentadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional no hayan sido debatidas o consensuadas con las Universidades y que más bien los rectores conocieron de su contenido por otras vías: “Nosotros enviamos algunos puntos que debatimos al interior de la Instituciones y no fueron tomados en cuenta y el producto que se presentó no fue conocido por nadie”.

Reprochó que a todo ello se sume el constante recorte de recursos al que han sido sujetas las Instituciones públicas desde el 2015 lo que, dijo, sí impacta a la calidad educativa: “Cuando la Universidad no está bien financiada se disminuye la investigación o la vinculación y aunque la Senescyt ha dicho que defenderá a la Universidad Pública, eso tiene que ir acompañado de presupuesto”.

Sobre el ligero incremento de presupuesto de USD1.077 a USD1.106 millones en este año, Hermida puntualizó que esto se debe a las Instituciones de Educación Superior Públicas que se han sumado a las ya existentes, como es la Universidad de las Artes y la Nacional de Educación: “Corresponde a lo que esas Universidades recibían, porque de ahí desde 2020 hemos sufrido un recorte de USD97 millones”.

Respecto al incremento de la oferta académica, sostuvo que en la Universidad de Cuenca si se ha aumentado un 30% pero no por gestión de la Senescyt sino por esfuerzo propio. En ese contexto también se refirió a la intención del Gobierno de que se cobren los cursos de nivelación en las Instituciones públicas, lo cual impacta en los jóvenes con menos recursos: “7 de cada 10 ingresan a través de la nivelación y ellos deberán pagar sus estudios. Esto sería una nueva traba para los jóvenes de escasos recursos y la Constitución garantiza una Universidad laica y pública hasta el tercer nivel de educación”.

Agustín Burbano de Lara, sociólogo y analista político, cuestionó cómo una consulta popular puede ayudar a un país que está convulsionando, con una multiplicidad de crisis como la sanitaria, porque más allá de la exitosa campaña de vacunación ya se empiezan a ver desvinculaciones de profesionales de la salud, falta de medicinas en los hospitales o desatención a pacientes con enfermedades catastróficas; además la crisis política que se evidencia en la Contraloría o la Defensoría del Pueblo, sumado a los escándalos en la Asamblea Nacional o la Corte Nacional de Justicia, todo esto en el marco de una crisis carcelaria, el incremento de crímenes violentos, homicidios y la crisis económica que no solo fue provocada por la pandemia sino por las políticas nefastas del régimen de Lenín Moreno: “El país está en una olla de presión”.

Calificó a la propuesta de consulta popular como fetichista, como si esa medida tuviera poderes mágicos para resolver toda la problemática del Ecuador. Dijo esperar que aquello no sea usado como una herramienta para medir el capital político sobre todo si se hace referencia a la de 2018 ya que las condiciones del Ecuador son distintas, al igual que el estado de ánimo.

Aseveró que aunque la vacunación le da un buen capital político al régimen, también debe comprender el contraste que tiene con Moreno, a cuya gestión calificó de grotesca y a favor de las élites, lo que provoca que cualquier persona que llegue el Gobierno y gestione medianamente bien los problemas tenga una buena evaluación.

Burbano lamentó que no se busque gestionar los temas del país que necesitan ser resueltos mediante el dialogo y acuerdos con el Legislativo, como si el Primer Mandatario no hubiese tenido conocimiento de los resultados del 7 de febrero donde no obtuvo mayoría en esa función del Estado y que le obliga a negociar.

Lamentó que el slogan “Ecuador del Encuentro” sea vacío y con falta de compromiso a la democracia.

En este episodio recorremos Nicaragua, la tierra de “los volcanes y los lagos”. Hacemos un acercamiento a las principales manifestaciones culturales de los pueblos Nicas. Nos inspiramos con su música marcada por su sentido latinoamericano. Exploramos la poesía de Rubén Darío “el Príncipe de las letras castellanas”.

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Xavier Palacios Abad, abogado constitucionalista, destacó la importancia del reciente dictamen de la Corte Constitucional donde se apunta que no existe justificación razonable para que una persona no pueda pedir la sustitución de prisión preventiva a delitos condenados con penas mayores a 5 años, de ahí que, señaló, esa medida debe ser de última instancia y no usada en la manera cómo lo han hecho jueces y fiscales, como primera opción en un juicio, porque puede convertirse en pena previa.

Aseveró que el procesado no debería ser quien pruebe la necesidad de no declararle prisión preventiva, sino que la Fiscalía debe demostrarlo y el juez evaluar si no existe otro mecanismo. Resaltó el voto salvado del magistrado constitucional Ramiro Ávila quien, incluso, reconoce que en el contexto de crisis carcelaria el exceso de la medida puede implicar la muerte de una persona.

Palacios Abad, manifestó que la evaluación de los jueces ahora debe ir más allá de una solicitud del fiscal, pues tendrá que analizar en función de garantizar la comparecencia del procesado y de que no haya peligro de ocultamiento o desvanecimiento de pruebas.

Calificó como valiente a la jueza que elevó a consulta este tema, porque todos los magistrados sabían de la norma que imposibilitaba la sustitución de la prisión preventiva y no hicieron nada: “La CC resuelve la consulta y por ello se pronuncia y ha hecho lo correcto, ha hecho un análisis general de la norma que no se compadecía ni con los principios constitucionales ni con el sistema interamericano de Derechos Humanos”.

Explicó que con la sentencia de la CC los abogados penalistas tienen un recurso importante: “Aspiro a que los  jueces se vuelvan valientes a partir de esta decisión, porque el temor de los magistrados es sistemático a lo largo del tiempo. Espero que se dicte conforme a la Constitución y no a presiones sociales”.