Radio Pichincha

El politólogo Matthieu Le Quang destacó que desde hace cuatro años  las autoridades del Estado demuestren tener una pobreza intelectual en  mejorar los procesos políticos y en su lugar se busque eliminar toda  entidad que tenga algún problema, como es el caso del Consejo de  Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): “Siendo que este  organismo no solo se dedica a nombrar autoridades sino que impulsa la  participación ciudadana, es la integración de la sociedad dentro del  Estado”.

A criterio del experto, aunque no se ha visto una definición en el  plan económico y político por parte de este Gobierno si se pueden  evidenciar pistas que demuestran la profundización de las políticas  neoliberales aplicadas en el régimen de Lenín Moreno.

Aunque reconoció la mejora en el plan de vacunación también advirtió  que esto no arregla la pandemia y en ese contexto tampoco se ha visto un  plan económico

Asimismo se refirió a la política social y destacó que más allá del  discurso y el simbolismo que pueda tener la apertura, por ejemplo, con  los grupos LGBTIQ+, no se ha visto políticas sociales certeras mucho más  luego de cuatro años de recortes fuertes en sectores como la salud,  educación, etc.

Adrián Ibarra, exviceministro de Telecomunicaciones, señaló que el  secuestro de información de alrededor de 200gb de la CNT desde el 7 de  julio es algo muy grave porque puede significar una fuga o destrucción  de la información tanto pública, privada y confidencial, cosa que se  podrá verificar a futuro.

Puntualizó que desde el  13 de julio la empresa ha reportado una pérdida  de USD40 millones que se sigue incrementando pues el servicio de  facturación y reparaciones se ve afectado de manera diaria con USD5  millones al día: “Se ha dejado en indefensión a una entidad que debería  tener mayores protecciones”.

Aseveró que mucha responsabilidad la tienen el exministro de  Telecomunicaciones Andrés Michelena y la exgerente de la empresa Margha  Moncayo por su mala administración que incluso implicó una caída del 20%  en ventas en tan solo un año  y la pérdida del 50% de suscriptores en  servicios de telecomunicaciones.

Ibarra indicó que todo esto parecería que son acciones  predeterminadas para que la empresa pública pierda su valor en el  contexto corporativo y se la quiera privatizar a precio de gallina  enferma: “Esto no podría darse y es preocupante y las autoridades no  están tomando el tema con la respuesta que se requiere”.

Manifestó la necesidad urgente de tratar de reparar y colocar las  barreras de seguridad tecnológicas y reestablecer los servicios de CNT.

Alejandro Ponce, abogado – experto en Derechos Humanos, señaló que las  medidas adoptadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso,  respecto a la crisis carcelaria no son nuevas pues ya se han adoptado en  años anteriores sin ningún resultado eficaz, sin embargo destacó su  preocupación por el nombramiento de Fausto Cobo como titular del  Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de  Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).

Indicó que un estado de excepción con respecto a los centros puede dar  resultados siempre y cuando se adopten medidas de verdadera  rehabilitación social y no lo que hoy se tiene, que es más parecido a  una escuela para delincuentes o criminales.

Resaltó que el Estado ha sido ineficiente desde el momento en que se  aplica de manera inadecuada la prisión preventiva a tal punto de tener  hacinamiento, a eso se suman el control ineficiente de ingreso de armas a  las cárceles lo cual no se justifica porque sí cuentan con equipos  necesarios.

Ni el cambio de gobierno paró la violencia que se vive en las cárceles del país. El año pasado, según cifras de la Defensoría del Pueblo, hubo 103 presos asesinados a nivel nacional, pero solo en los siete primeros meses del 2021 esa cifra ya fue superada.

Desde la ciudad de Latacunga, la tarde del jueves 22 de julio, el presidente Guillermo Lasso se pronunció sobre la crisis carcelaria que hasta el momento ha dejado un saldo de 22 privados de la libertad fallecidos, en reyertas sangrientas ocurridas en las últimas 24 horas en los reclusorios de Guayas y Cotopaxi.

El jefe de Estado expresó su solidaridad con la mujer policía que fue víctima de violación y que actualmente se recupera en una casa de salud. Así mismo, envió sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida.

Afirmó que el Gobierno ha restablecido el pleno control en los dos centros carcelarios, a partir de la acción de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Y envió un mensaje de advertencia para las organizaciones criminales que operan en las prisiones y que provocaron los amotinamientos.

A continuación, anunció cuatro medidas para enfrentar la crisis carcelaria.

1. Se declara el estado de emergencia en el sistema carcelario, a fin de movilizar todos los recursos humanos y económicos necesarios para restablecer el orden.

2. Se ha establecido control militar en el perímetro de acceso a los centros carcelarios (filtro 1), y el control policial en los filtros 2 y 3.

3. Se ha cesado al general Edmundo Moncayo como director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

4. Se suscribió un decreto ejecutivo a través del cual se nombra al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo Montalvo como director del SNAI.

Un guía penitenciario que prefirió no identificarse por miedo a su  seguridad denunció, en Pichincha Universal, que las cárceles son  manejadas por los presos en complicidad de las propias autoridades que  han sido alertadas de los hechos de violencia que se están agudizando al  interior de los Centros y no han hecho nada.

Reiteró que una de las principales causas de lo que ocurre  actualmente en las cárceles es la mala administración y los directores  que no saben cómo manejarlas, de ahí que los resultados sean más  violencia y muerte.

Respecto a los recursos que habría entregado el Gobierno de Lenín  Moreno cuando se declaró estado de emergencia en las cárceles, el guía  indicó que nunca se supo que pasó con el dinero porque lo único que les  dieron fue dos uniformes, una linterna, un gas y un par de esposas:  “Algunos recibieron chalecos que ya se caducaron”:

Incluso indicó que en el marco de la pandemia, luego de ocho meses de  iniciarse la emergencia sanitaria, les dieron una mascarilla, un par de  guantes y un traje de bioseguridad, desde entonces absolutamente nada  más.

Mencionó que a los guías de las cárceles pequeñas no les dieron  chaleco aduciendo que no era necesario sin embargo cuando los removieron  a Centros más grandes tampoco los dotaron de este equipo; esto mientras  las bandas criminales actúan como células y buscan controlar estos  lugares.

Al ser consultado si los privados de la libertad tienen las llaves de  los pabellones, respondió que si: “Los presos se apoderaron de los  pabellones, hay solo 5 guías a cargo de mil privados de libertad; no hay  suficientes agentes y las autoridades han permitido que estas bandas  tomen el control”.

Criticó que de febrero a junio nadie toma acciones pese a que conocen  del intento de meter armamento a la Penitenciaria desde los exteriores.

Reconoció que sí fue un error eliminar el Ministerio de Justicia.

Javier Echaide, abogado, investigador y experto en Tratados Bilaterales  de Inversión, señaló que en 2009 Ecuador creó una auditoría para  investigar como este tipo de convenios actuaron en el país y tras  determinar lo dañino de su presencia, se resolvió la salida del Ciadi,  por ejemplo.

Aseveró que este tipo de convenios no implican una recuperación  económica, ni tampoco dan garantías para que esto se dé, pese a que  existe una promesa del organismo.

Advirtió que no cumplir con las etapas jurídicas para firmar tratados  internacionales, como lo recientemente ocurrido con el CIADI que no  pasó por la aprobación de la Asamblea Nacional puede conllevar a  demandas futuras pues en el ámbito de derecho internacional este  convenio puede ser declarado nulo.

Manifestó la necesidad de que el debate sobre este tipo de temas se  haga de manera democrática porque afectan a todos de hecho subrayó que  América Latina es la más afectada por el CIADI a nivel internacional.

Eduardo del Pozo, concejal de Quito, señaló que tras la salida de  Jorge Yunda del Municipio hay que darle vuelta a la página y empezar de  nuevo con el fin de darle solución a los problemas de la capital.

Indicó que la administración de Santiago Guarderas es de transición  por lo que en estos 20 meses no se verá ninguna obra de magnitud  importante por más esfuerzo que se haga.

Remarcó que cualquier persona es buena luego de Yunda, quien, dijio,  tuvo cero liderazgo y ganas de dirigir la ciudad, ya que, dijo, su  agenda era privada, que respondía a su familia y amigos: “Entonces  cualquier cosa que venga después es bueno”.

Sobre la elección para ocupar la primera vicealcaldía, aseveró que al  momento se habla de las concejalas Andrea Hidalgo, Luz Elena Coloma,  Amparo Narváez, Analia Ledesma o Paulina Izurieta: “Estamos dentro de  las conversaciones, estamos en configuraciones para reestructurar  comisiones”.

Gabriela Molina, asambleísta de UNES e integrante de la Comisión de  Fiscalización, señaló que luego del proceso de juicio político contra el  excontralor subrogante Pablo Celi, se tramitarán dos pedidos contra el  defensor del Pueblo, Freddy Carrión, sin embargo cuestionó que no se  resuelva sobre el proceso del exministro de Finanzas Richard Martínez  que lleva diez meses en espera.

Reprochó el blindaje que ha tenido el exfuncionario por parte del  anterior Legislativo y ahora por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe  Llori, quien tiene dos meses en su despecho los cinco pedidos de juicio  político contra Martínez y sin embargo no los ha dado paso a la  Comisión de Fiscalización pese a que se le ha presentado dos oficios  instándole a que cumpla con sus atribuciones: “Queremos saber si la  presidenta va a blindar a este exministro”.

Destacó que si el juicio de Celi pasó no fue por la voluntad de Llori  sino por la presión de varias bancadas con el fin de darle una solución  a la Contraloría que hoy se ve envuelta en casos de corrupción.

En ese marco indicó que si se revelan más nombres involucrados en el  proceso contra Celi, se podría llamar a otras personas si el presidente  de la Comisión, Fernando Villavicencio, así lo decide.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dio a conocer que por los incidentes registrados este miércoles 21 de julio en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Varones de Guayas (Penitenciaría del Litoral), en la vía a Daule, y en Cotopaxi N°1 han fallecido 21 personas privadas de la libertad (ppl).

Mediante un comunicado, la entidad señaló que hubo enfrentamientos entre los internos de los pabellones 7 y 8 dejando como resultado ocho reos fallecidos, así como también tres policías heridos.

Los agentes de la Policía Nacional se movilizaron hacia el reclusorio luego de recibir una alerta sobre aparentes disturbios en el centro penitenciario.

Tannya Varela, comandante general de Policía, indicó que los uniformados están estables y se recuperan en una casa de salud.

Además, se manifestó que las unidades tácticas policiales tomaron el control en el interior del centro penitenciario.

En cambio, en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N° 1 hubo un amotinamiento que deja hasta el momento 10 reos fallecidos, 35 internos heridos y seis policías heridos.

La SNAI señaló que también hubo daños de zonas administrativas y que en ambas situaciones se retomó el control de los centros penitenciarios.

La tarde del último martes, en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil, aledaño al reclusorio, se reportó la fuga de un reo considerado de alta peligrosidad.

César Paz y Miño, genetista,  señaló que es al virus de la Covid-19  le interesa invadir huéspedes para sobrevivir, de ahí que muta para  albergar en los cuerpos, por ello la Organización Mundial de la Salud,  dijo, considera que las medidas de bioseguridad tendrían que continuar  hasta finales de 2022.

“Estemos con la pandemia y hay riesgo de nuevas variantes, hay que  seguir protegiéndonos con la mascarilla, desinfección y las vacunas”.

Indicó que la variante Delta es preocupante porque tiene tres  mutaciones nuevas en el material genético que la hace más agresiva en el  contagio, no en los síntomas o la letalidad, pero sí hace que se  propague de manera más rápida: “Se disemina en todo tipo de personas  incluso niños, embarazadas y gente joven y eso hace que los sistemas de  salud vuelvan a colapsar, por eso la preocupación de la comunidad  científica de diferentes países”,

Manifestó que ante la presencia de la variante, Ecuador está haciendo  cercos epidemiológicos, haciendo pruebas diagnósticas a personas que  entran de otros países y una cuarentena a viajeros: “Las vacunas son  importantes para cercar al virus, no puede haber personas que duden de  la eficacia”.

Reprochó que haya quienes cuestionen la menor eficacia de las vacunas  sobre la Delta y en ese sentido preguntó qué es mejor una protección  del 60% o del 0% con probabilidad de muerte: “La vacuna es una  herramienta fabulosa para detener la pandemia”