Radio Pichincha

El economista Diego Borja señaló que el reciente anuncio del ministro  Finanzas, Simón Cueva, sobre una reforma tributaria preocupa porque  hace poco habló de gravar impuestos a las personas que tienen ingresos  desde los USD550, valor que ni siquiera cubre la canasta básica, y luego  corrigió y manifestó la necesidad de hacerlo con quienes perciban más  de USD900, es decir centrando su visión en la clase media y no en los  grupos que más tienen.

Detalló que en el país hay una lista de al menos 900 grandes fortunas  que en promedio tributan más del 2%, sin embargo el Gobierno no está  poniendo su mirada ahí, sino en las clases medias para que paguen  impuestos por el 10% de sus ingresos, de ahí que, reprochó, esta visión  en medio de la pérdida de empleo que en el caso de Quito supera al 20%,  más el crecimiento de la pobreza al 33%.

Indicó que el país ha vivido un retroceso de diez años pues en el 2007  cuando Rafael Correa asume la Presidencia la pobreza se encontraba en el  39% y a su salida en 2017 bajó al 22% cosa que en el Gobierno de Lenín  Moreno volvió a impactarse subiendo 10 puntos a la pobreza y dos dígitos  a la extrema pobreza.

El constitucionalista André Benavides calificó como una venta de humo  o tiro al aire anunciar una consulta popular para eliminar el Consejo  de Participación Ciudadana y Control Social o transformar a la Asamblea  en un órgano bicameral porque ya la Corte Constitucional se pronunció  sobre el tema en 2019 y determinó que primero se necesita una reforma  parcial a la Constitución.

Detalló que la resolución de la CC supone dos debates en la Asamblea,  cada uno con un intervalo de 90 días para después ratificarlo en las  urnas: “El camino no es sencillo porque se requiere de un musculo  político en el Legislativo”.

En todo caso puntualizó que el Ejecutivo nuevamente tendrá que hacer  la consulta a la Corte, la cual, dijo, debería ratificarse en la  decisión del 2019, pero ese pronunciamiento demora entre 30 a 45 días,  lo que quiere decir que para llamar a una consulta popular pasaría un  tiempo de al menos seis meses.

Destacó que en la coyuntura económica actual pensar en una consulta  popular que le costará al país entre USD50 y USD80 millones no responde a  los intereses del pueblo que buscan políticas públicas en educación,  salud, vivienda, empleo y la reactivación económica.

Gissela Chalá, segunda vicealcaldesa de Quito, señaló que tras la  posesión de Santiago Guarderas como alcalde capitalino, se elegirá a la  persona que ocupará la primera vicealcaldía lo cual deberá cumplir con  el principio de paridad, además de brindar gobernabilidad y trabajar en  conjunto por los temas que son prioridad para la ciudad.

Aclaró que de parte de la Revolución Ciudadana hubo un  pronunciamiento respecto a que no hay interés por ocupar ese lugar y en  ese sentido indicó que al parecer habido reuniones con otras ediles para  hablar de este tema: “No hay pronunciamiento oficial de las compañeras  (…) No hemos recibido convocatoria o llamado aún”.

Dijo esperar que se activen las reuniones de Concejo pues hay temas  importantes suspendidos como el Metro de Quito, además que se viene la  reforma presupuestaria y para todo ello se necesitará conocer el modelo  de ciudad que propone Guarderas: “La agenda que debe recoger elementos  excluidos. Es momento de reconstruir el Quito de derechos”.

Chalá manifestó la necesidad de fortalecer el sistema in

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, solicitó la renuncia a los gerentes de 11 empresas municipales y 11 secretarías del Cabildo. Desde la mañana de este martes 20 de julio del 2021, el Burgomaestre cumplió actividades de despacho.

En la solicitud para los gerentes, Guarderas informa que asumió el cargo de Alcalde. Después cita la Ley Orgánica de Empresas Públicas en la que se establece que una de las atribuciones del Primer Personero de una ciudad es ser el presidente de los directorios de las empresas municipales.

Guarderas también recuerda en su pedido que las empresas deben estar bajo la dirección de un Directorio. Esa instancia, según se lee en el documento, es la encargada de nombrar un gerente con base en una terna propuesta por el Alcalde.

En la solicitud constan las empresas de Movilidad y Obras Públicas, Agua Potable, Emaseo, Rastro, Metro de Quito, Hábitat y Vivienda, Pública de Transporte de Pasajeros, Residuos Sólidos, Mercado Mayorista, Servicios Aeroportuarios y de Seguridad.

En este episodio hablamos del país de los mil ritmos. Las principales festividades de Colombia: el Carnaval de Negros y Blancos, el Carnaval de Barranquilla y la Feria de las Flores, El Boom Latinoamericano y el Realismo Mágico de Gabriel García Márquez. La cumbia y su ritmo marcado por la flauta de millo. Nuevas tendencias musicales a partir de Carlos Vives. Atractivos turísticos de este país mágico y megadiverso.

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El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales,  indicó que en 100 días se espera tener vacunados a por lo menos un 71%  de personas mayores a 16 años con dos dosis. Al momento, dijo, en estos  51 días hay 6.5 millones de personas inoculadas con la primera dosis:  “Luego continuaremos con el resto de la población vamos a tratar de  llegar al 90% de la población”.

Destacó que se está adquiriendo 2.5 millones dosis de vacunas  adicionales para avanzar a 10 millones de habitantes: “Esperamos  inocular a 32 millones de personas hasta fin de año, eso nos permitirá  vacunar casi al 100% de la población vacunable incluida la población  migrante”.

Sobre la posibilidad de inocular una tercera dosis ante la presencia  de nuevas variantes, el viceministro indicó que el Gobierno trabaja con  base en datos científicos y probatorios: “Es muy probable que se dé por  los estudios que se hacen a nivel internacional, pero esos estudios los  ha hecho la propia industria farmacéutica, así que se requiere que  avancen los estudios y haya mayor evidencia”.

Vanessa Freire, asambleísta y expresidenta del movimiento Compromiso  Social, cuestionó que luego de un año los vocales del Consejo Nacional  Electoral (CNE) reconozcan que Pablo Celi sí interfirió en el proceso  electoral y por lo cual cediendo a presiones eliminó a cuatro  organizaciones políticas incluido Compromiso Social.

Rechazó el silencio cómplice de algunas autoridades incluida la Corte  Constitucional a la cual Celi envió una consulta sobre dirimencia de  competencia, bloqueando la denuncia de Compromiso Social de  interferencia en los comicios ante el Tribunal Contencioso Electoral  (TCE), impidiendo su trámite hasta la fecha.

Recordó que Compromiso Social obtuvo su personería jurídica 18 de  agosto de 2016 y participó en procesos electorales del 2017, 2018 y  2019, en este último año se abrió las puertas a la Revolución Ciudadana y  a partir de ahí, coincidencialmente, la Contraloría realiza una  auditoría al sistema del CNE y determina la eliminación de cuatro  organizaciones políticas.

Detalló que en enero de 2020 el Pleno electoral concluye que no se ha  cometido ninguna irregularidad y ratifica la personería jurídica de  Compromiso Social, sin embargo ante una amenaza de destitución del 14 de  junio del mismo año por parte de Contraloría  el CNE cede a presiones y  elimina a las cuatro organizaciones políticas, resolución que es  revocada por el TCE en noviembre cuando ya las candidaturas estaban  inscritas.

Fernando Carrión, investigador y docente universitario, calificó como  bochornoso lo que vivió el Municipio de Quito en este último tiempo,  que no se trata de un tema jurídico porque se ventilaría entre fiscales y  jueces, ni tampoco ciudadano pues tendría que haber un grupo de  personas pidiendo ante el CNE una consulta, por lo tanto, dijo, este  tema es netamente político porque la decisión nace de un grupo de  concejales.

Recordó que este cambio de alcalde tiene un solo antecedente,  ocurrido a fines del siglo pasado cuando Jamil Mahuad renunció y asumió  Roque Sevilla, a este último no le correspondía ocupar la titularidad  sino a Carlos Efraín Machado, pero, indicó, se hicieron una serie de  artimañas y el Concejo terminó eligiendo al empresario, mismo que  posteriormente, en elecciones, buscó quedarse como burgomaestre pero  perdió con Paco Moncayo.

Manifestó su preocupación de que en estos tres meses el Municipio haya  estado paralizado e incluso las propias comisiones no hayan funcionado  pues hasta ahora no se define que es un arma blanca en el marco de la  inseguridad que vive la ciudad; tampoco se ha resuelto sobre el Plan de  Uso y Gestión de Suelo ni mucho menos se han propuestos estímulos  económicos desde que apareció el Covid

Una hora después de que la jueza Grimanesa Erazo revocara las medidas cautelares que impedían la remoción de Jorge Yunda, el 19 de julio, alrededor de las 20:45, en el salón del Concejo Metropolitano Santiago Guarderas firmó la resolución con la que dejó de ser vicealcalde y asumió la alcaldía de Quito.

Acto seguido, Guarderas suscribió una comunicación dirigida al gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, para que le conceda las claves del Municipio. Esto se dio con la presencia de varios concejales que respaldaron la remoción de Yunda, aprobada el pasado 3 de junio.

“Los actos de corrupción y la ineficacia administrativa obligaron al Concejo a tomar la decisión de remover al alcalde. Hemos observado estrictamente el debido proceso (...) ha llegado la hora de dar por concluido este penoso capítulo en la historia de la capital”, dijo Guarderas y adelantó que en los próximos días se presentará un proyecto de reactivación económica.

Mientras esto pasaba en el Concejo, a través de Twitter el exalcalde arremetió contra Guarderas y los concejales mediante una serie de mensajes.