Vanessa Freire, asambleísta y expresidenta del movimiento Compromiso  Social, cuestionó que luego de un año los vocales del Consejo Nacional  Electoral (CNE) reconozcan que Pablo Celi sí interfirió en el proceso  electoral y por lo cual cediendo a presiones eliminó a cuatro  organizaciones políticas incluido Compromiso Social.

Rechazó el silencio cómplice de algunas autoridades incluida la Corte  Constitucional a la cual Celi envió una consulta sobre dirimencia de  competencia, bloqueando la denuncia de Compromiso Social de  interferencia en los comicios ante el Tribunal Contencioso Electoral  (TCE), impidiendo su trámite hasta la fecha.

Recordó que Compromiso Social obtuvo su personería jurídica 18 de  agosto de 2016 y participó en procesos electorales del 2017, 2018 y  2019, en este último año se abrió las puertas a la Revolución Ciudadana y  a partir de ahí, coincidencialmente, la Contraloría realiza una  auditoría al sistema del CNE y determina la eliminación de cuatro  organizaciones políticas.

Detalló que en enero de 2020 el Pleno electoral concluye que no se ha  cometido ninguna irregularidad y ratifica la personería jurídica de  Compromiso Social, sin embargo ante una amenaza de destitución del 14 de  junio del mismo año por parte de Contraloría  el CNE cede a presiones y  elimina a las cuatro organizaciones políticas, resolución que es  revocada por el TCE en noviembre cuando ya las candidaturas estaban  inscritas.

Fernando Carrión, investigador y docente universitario, calificó como  bochornoso lo que vivió el Municipio de Quito en este último tiempo,  que no se trata de un tema jurídico porque se ventilaría entre fiscales y  jueces, ni tampoco ciudadano pues tendría que haber un grupo de  personas pidiendo ante el CNE una consulta, por lo tanto, dijo, este  tema es netamente político porque la decisión nace de un grupo de  concejales.

Recordó que este cambio de alcalde tiene un solo antecedente,  ocurrido a fines del siglo pasado cuando Jamil Mahuad renunció y asumió  Roque Sevilla, a este último no le correspondía ocupar la titularidad  sino a Carlos Efraín Machado, pero, indicó, se hicieron una serie de  artimañas y el Concejo terminó eligiendo al empresario, mismo que  posteriormente, en elecciones, buscó quedarse como burgomaestre pero  perdió con Paco Moncayo.

Manifestó su preocupación de que en estos tres meses el Municipio haya  estado paralizado e incluso las propias comisiones no hayan funcionado  pues hasta ahora no se define que es un arma blanca en el marco de la  inseguridad que vive la ciudad; tampoco se ha resuelto sobre el Plan de  Uso y Gestión de Suelo ni mucho menos se han propuestos estímulos  económicos desde que apareció el Covid

Una hora después de que la jueza Grimanesa Erazo revocara las medidas cautelares que impedían la remoción de Jorge Yunda, el 19 de julio, alrededor de las 20:45, en el salón del Concejo Metropolitano Santiago Guarderas firmó la resolución con la que dejó de ser vicealcalde y asumió la alcaldía de Quito.

Acto seguido, Guarderas suscribió una comunicación dirigida al gerente general del Banco Central del Ecuador (BCE), Guillermo Avellán, para que le conceda las claves del Municipio. Esto se dio con la presencia de varios concejales que respaldaron la remoción de Yunda, aprobada el pasado 3 de junio.

“Los actos de corrupción y la ineficacia administrativa obligaron al Concejo a tomar la decisión de remover al alcalde. Hemos observado estrictamente el debido proceso (...) ha llegado la hora de dar por concluido este penoso capítulo en la historia de la capital”, dijo Guarderas y adelantó que en los próximos días se presentará un proyecto de reactivación económica.

Mientras esto pasaba en el Concejo, a través de Twitter el exalcalde arremetió contra Guarderas y los concejales mediante una serie de mensajes.

Karen de Tífano, la heredera de una vasta fortuna, regresa a su hogar para conocer a Lucas van Doren, el hombre que su padre ha escogido para que sea su esposo.

Una vez en casa Karen y su protector Kaliman descubren que el Barón de Tífano no aboga por los intereses de su hija, y que en las noches de luna llena Lucas van Doren se convierte en hombre-lobo.

Te invitamos a escuchar todos los capítulos de esta radio novela.

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Paulo Abrão, exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH), señaló que sí existe documentación que  demuestra el préstamo de armamento que hicieron los Gobiernos de  Argentina y Ecuador, a cargo de Mauricio Macri y Lenín Moreno  respectivamente; a lo cual calificó como una práctica nociva de  articulación entre Estados para reprimir a los pueblos.

Destacó que las protestas sociales son una forma legítima de expresión y  de ejercicio de libertades públicas en un ambiente democrático, por lo  tanto lo ocurrido con Bolivia e incluso la reciente revelación de que  Ecuador recibió armamento de Colombia y Perú para reprimir a su pueblo  en el paro nacional de octubre de 2019, es el peor retroceso que se  generó en la región.

Aseveró que Ecuador debería investigar lo ocurrido en el régimen de  Moreno porque se usó la institucionalidad del Estado y recursos  públicos; con esa base comparó estos hechos con un Nuevo Plan Cóndor  Dos, por la coordinación regional de Gobiernos para represión.

Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la  Universidad UTE, señaló que la variante Delta es incontenible por lo que  se hace necesario tener más gente vacunada en menor tiempo antes de que  este virus explote y ocurra lo de India con un número exponencial de  fallecidos y sin poder controlar los contagios.

Indicó que la estrategia es realizar al menos 100 mil pruebas al mes o  como Chile donde se hacen 10 mil diarias, pero lamentablemente en el  país no se llega ni a 3.000 al día.

Destacó que la erradicación de la pandemia será difícil y hasta casi  imposible, pero puntualizó que al menos se podría llegar a tener casos  esporádicos y pocas muertes; por lo pronto insistió en la necesidad de  que la ciudadanía no se relaje pues el error que se comete es pensar que  a Ecuador no le pasará: “La delta ocasionará la cuarta ola en Ecuador y  la gente programó bautizos, matrimonios y reuniones”.

El abogado Carlos Alvear destacó que los dos jueces que declararon la  inocencia del extitular de la Secretaría de Inteligencia (Senain) Pablo  Romero en el caso Caminito evidenciaron que no hubo el delito de  peculado por el cual estaban procesando al exfuncionario y otras tres  personas.

Indicó que cuando Romero estaba en España se le acercó Santiago Cuesta,  exasesor de Lenín Moreno, a advertirle que debía ayudar a sentenciar al  expresidente Rafael Correa en el caso Balda o caerían varios procesos en  su contra. Según el jurista la idea era que Romero cumpla el rol que  tuvo Pamela Martínez en el proceso “Sobornos 2012-2016”.

Recordó que en 2014 la Contraloría emitió un informe con indicios de  responsabilidad penal por el supuesto delito de peculado donde se  indicaba nunca existió la contratación de servicios de cyber-seguridad y  que más bien ese dinero se desvió, sin embargo los documentos y  testimonios presentado habrían demostrado que la Senain sí contrató a   alias “ruso” para impulsar la operación caminito; aseveró que esto se  dio porque en 2013 se alertó de la existencia de una banda de hackers  internacionales que filtraban comunicaciones de Presidentes, ministros,  senadores y otros funcionarios.

En el proceso de juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Celi, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió a varias autoridades de la Función Electoral y dirigentes de movimientos políticos para indagar sobre si existió o no intervención de la exautoridad de control en el último proceso de elecciones generales.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los vocales José Cabrera, Esthela Acero y Mérida Nájera (quien ingresó en lugar de Luis Verdesoto) expusieron las actuaciones de Celi sobre el Registro Permanente de Organizaciones Políticas de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo, y sobre el pedido de auditoría al sistema informático entre la primera y segunda vueltas electorales.

En primera instancia, Atamaint señaló que el contralor intervino en el proceso electoral, aunque la ley es clara en que no debe hacerlo; pero luego especificó que hubo la intención de intervención, pero no se permitió, ya que se dio paso al debido proceso con las organizaciones políticas en mención y solo una perdió la personería jurídica, que fue Libertad es Pueblo.

Cabrera explicó que pidió que se comunique al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) “la infracción que estaba cometiendo el contralor”, según el artículo 16 del Código de la Democracia, puesto que para su criterio sí había interferencia directa o indirectamente.

En tanto, Pita manifestó que “definitivamente hubo una presión” por parte del contralor cuando, en un segundo intento, advirtió con multa, responsabilidad administrativa culposa y hasta destitución si no se cumplía con el control y vigilancia del registro de esas organizaciones políticas. Además, recordó que el TCE no llegó a pronunciarse respecto a la interferencia denunciada por Fuerza Compromiso Social por la acción que interpuso el contralor ante la Corte Constitucional (CC) por conflicto de competencias que, hasta ahora, no se resuelve.

Luego compareció el presidente del TCE, Arturo Cabrera, quien expresó que no se pueden pronunciar sobre el proceso que está en la CC porque hasta ahora no existe resolución del organismo constitucional.

El titular del TCE también insistió en que es competencia exclusiva de ese organismo resolver sobre impugnaciones, denuncias, acciones de queja, consultas y demás sobre lo electoral y son jueces de última instancia.

Más tarde, la Comisión tenía previsto escuchar a los representantes de las organizaciones políticas que disponía eliminar el ex contralor general del Estado Pablo Celi. El representante de Fuerza Compromiso Social tenía previsto asistir de manera presencial y el representante del Movimiento Juntos Podemos por vía telemática.

El representante de Justicia Social no respondió a la convocatoria y Libertad es Pueblo se excusó de participar. Por UNES asistió el actual parlamentario andino Virgilio Hernández.

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