CONFORME A LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO.

EL MINISTERIO PÚBLICO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES OCURRIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA.

Los estados de cuenta bancarios que la autoridad hacendaria federal obtiene a través de la solicitud que formula a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, constituyen prueba de cargo susceptible de justipreciación en el juicio, en el contexto de un proceso penal tradicional o mixto, cuando son aportados como fundamento de la querella por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada; sin que sea necesario para tales efectos, que el Ministerio Público someta a control judicial la información bancaria.

¿PARA RESOLVER EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ALLEGARSE DE MANERA OFICIOSA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA CORROBORAR FEHACIENTEMENTE LOS HECHOS RELEVANTES QUE ACONTECIERON EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN?

Análisis del tipo penal de fraude procesal, previsto en el artículo 310 del Código Penal para la Ciudad de México.

Derecho a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora. Se transgrede cuando se considera que la dilación en la puesta a disposición del policía inculpado está justificada porque debe rendir su parte informativo.

La conducta consistente en incumplir las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias prevista en el artículo 176, fracción II, de la Ley Aduanera, puede atribuirse al agente aduanal.

La acción de nulidad de juicio concluido es procedente en materia mercantil.

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE TRAMITARSE OFICIOSAMENTE EN LA VÍA INCIDENTAL CUANDO SE SOLICITA PARA EL EFECTO DE QUE SE APLIQUE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2 A ADOLESCENTES DE ENTRE DOCE Y DIECISIETE AÑOS DE EDAD.

Prisión preventiva oficiosa por "delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos". Es una hipótesis constitucional que requiere ser desarrollada por el legislador, previamente a su aplicación por los jueces.