oberto Villalobos Atlas reunió en Reporte Urbano un debate federal sobre paz, niñez y Justicia
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el Dipl. Mg. Dr. Roberto Villalobos Atlas condujo una nueva edición de Reporte Urbano dedicada a la construcción de la paz, la defensa jurídica de niños y adolescentes, la mediación policial y los desafíos del nuevo Régimen Penal Juvenil. En el estudio estuvo la Dra. Griselda Scelato, integrante de su equipo, y participaron como invitados el Dr. José Fabián De La Cruz y el comisario general retirado Jorge Martín Ortega.
En vísperas del Día Internacional de la Paz, Reporte Urbano propuso una conversación que llevó esa conmemoración a situaciones concretas: familias atravesadas por la violencia, niños que necesitan una defensa propia, adolescentes en conflicto con la ley penal, instituciones que intervienen tarde y fuerzas de seguridad que pueden incorporar herramientas de diálogo.
La emisión del viernes 18 de septiembre fue conducida por el Dipl. Mg. Dr. Roberto Villalobos Atlas, quien articuló perspectivas jurídicas, psicológicas, comunitarias e institucionales. Desde su experiencia en conflictos familiares, protección de la infancia y causas penales relacionadas, puso el foco en una pregunta que atravesó todo el programa: ¿cómo transformar los discursos sobre la paz y los derechos en respuestas capaces de proteger a una persona antes de que el daño resulte irreversible?
Junto a Villalobos Atlas estuvo en el estudio la Dra. Griselda Scelato, integrante del equipo de Reporte Urbano. También participó el Dr. José Fabián De La Cruz, especialista en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, mientras que desde Jujuy se incorporó el comisario general retirado Jorge Martín Ortega, referente en mediación policial y proximidad social.
La paz como una práctica cotidiana
El Día Internacional de la Paz se conmemora cada 21 de septiembre por iniciativa de las Naciones Unidas. La fecha invita a pensar la paz no solamente como ausencia de guerras, sino también como una construcción cotidiana basada en el respeto, el diálogo y la prevención de la violencia.
La Dra. Silvana Ridner desarrolló esa dimensión personal y sostuvo que la paz comienza en la manera en que cada persona reconoce y administra sus emociones. La ira, el miedo o la frustración forman parte de la experiencia humana, pero no deberían convertirse automáticamente en agresiones contra los demás.
Villalobos Atlas trasladó esa reflexión al ámbito familiar e institucional. En conflictos de pareja, disputas por el cuidado de los hijos o situaciones de violencia, la paz no equivale a guardar silencio ni a soportar una vulneración. Supone crear condiciones seguras para dialogar cuando sea posible y actuar con decisión cuando exista un riesgo.
La intervención de Griselda Scelato reforzó una mirada cercana a las familias. Su reflexión se orientó a comprender que detrás de cada conflicto hay personas que necesitan ser escuchadas y niños que perciben incluso aquello que los adultos creen ocultar. Construir paz, desde esta perspectiva, también significa revisar el modo en que se habla delante de ellos, evitar colocarlos entre posiciones enfrentadas y acompañarlos sin trasladarles responsabilidades que corresponden a los mayores.
Scelato destacó además el valor de los equipos que reúnen distintas disciplinas. Una respuesta jurídica puede ordenar una situación, pero necesita dialogar con la realidad emocional, familiar y social de quienes la atraviesan. La protección pierde eficacia cuando cada organismo actúa de manera aislada o cuando una derivación reemplaza al verdadero seguimiento.
Lucía Daluz y las historias que acompañan a los nombres
En su primera participación como columnista, la Lic. Lucía Daluz abordó el significado simbólico de los nombres y apellidos. Desde una mirada grafológica y vinculada con su trabajo sobre la paz, el amor y las historias familiares, explicó que muchas personas crecen rodeadas de expectativas, recuerdos y mandatos asociados con su identidad.
Daluz invitó a reconocer esas historias sin considerarlas un destino obligatorio. Tomar conciencia de aquello que una familia transmite puede ayudar a elegir qué valores conservar y qué patrones resulta necesario transformar.
La conversación evitó presentar la grafología como una pericia judicial o un recurso destinado a reemplazar las evaluaciones psicológicas y científicas oficiales. Su aporte se ubicó en un plano reflexivo y cultural: los nombres pueden abrir preguntas sobre la identidad, las expectativas familiares y la libertad de construir un camino propio.
El intercambio permitió conectar esa cuestión con una preocupación frecuente en el derecho de familia. Cuando una pareja se separa, los hijos no deberían quedar obligados a representar la historia, el enojo o las frustraciones de uno de los adultos. Preservar su identidad también implica permitirles mantener afectos seguros y desarrollar su propia mirada.
José Fabián De La Cruz y la defensa jurídica de los niños
Uno de los segmentos centrales tuvo como protagonista al Dr. José Fabián De La Cruz, especialista en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y diplomado en Familia, Niñez y Adolescencia.
De La Cruz es presidente del Registro de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de la Abogacía de Avellaneda-Lanús y secretario de su Tribunal de Disciplina, cargo consignado en la estructura institucional del CAAL.
Durante la entrevista explicó cómo llegan al sistema situaciones de violencia familiar, vulneraciones detectadas en hospitales y medidas de abrigo adoptadas cuando un niño no puede continuar transitoriamente en su entorno habitual. También describió el funcionamiento del registro y los desafíos que encuentra el profesional designado para asistirlo.
La figura del abogado del niño no debe confundirse con la representación de sus progenitores ni con la tarea de otros organismos del sistema de protección. Su función consiste en proporcionar una defensa técnica propia, escuchar al niño o adolescente, explicarle el procedimiento de una manera comprensible y permitir que su voluntad pueda expresarse dentro del expediente.
La Ley Nacional 26.061 reconoce el derecho de niños y adolescentes a ser oídos, participar en los procedimientos que los afectan y contar con asistencia letrada especializada. Sin embargo, la existencia de una norma no garantiza por sí sola que esa intervención comience a tiempo ni que se desarrolle con los recursos adecuados.
De La Cruz advirtió sobre la complejidad de aquellos expedientes en los que aparecen posibles influencias, presiones o interferencias de los adultos. Estas situaciones no pueden presumirse ni resolverse mediante etiquetas. Requieren entrevistas cuidadosas, evaluaciones especializadas, análisis del contexto y una actuación interdisciplinaria que no borre la voz del niño.
Villalobos Atlas profundizó el planteo desde una perspectiva metodológica: identificar el riesgo, determinar qué organismo debe actuar, establecer objetivos, distribuir responsabilidades y controlar posteriormente si las medidas produjeron algún resultado. Dictar una resolución y cerrar una intervención administrativa no alcanza cuando la vida cotidiana del niño continúa sin cambios.
Avellaneda-Lanús y CABA: problemas que atraviesan el Riachuelo
Aunque el trabajo presentado por De La Cruz se desarrolla en el Colegio de la Abogacía de Avellaneda-Lanús, los problemas analizados no terminan en los límites jurisdiccionales.
Miles de personas estudian, trabajan, reciben atención médica o sostienen vínculos familiares a ambos lados del Riachuelo. Un conflicto puede tramitar en la provincia de Buenos Aires mientras parte de la vida del niño transcurre en la Ciudad. Esa realidad obliga a mejorar la comunicación entre juzgados, servicios locales, hospitales, escuelas y organismos administrativos del Área Metropolitana.
En CABA, la protección integral tiene como marco local la Ley 114 y cuenta con la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sus Defensorías Zonales. El Gobierno de la Ciudad reúne la normativa local de infancia, pero el desafío continúa siendo que las garantías escritas se traduzcan en acceso, acompañamiento y respuestas oportunas.
El intercambio entre Villalobos Atlas y De La Cruz permitió comparar prácticas institucionales y advertir una dificultad compartida por CABA y el conurbano: la fragmentación. Una familia puede pasar por la escuela, el hospital, un organismo administrativo, una comisaría y un juzgado sin que ninguna institución tenga una visión completa de lo ocurrido.
El debate por la decisión de la jueza Marta Pascual
El programa también examinó la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, quien dispuso suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La medida se originó en un habeas corpus preventivo colectivo y se apoyó, principalmente, en la alegada falta de infraestructura, recursos y dispositivos alternativos suficientes para implementar el nuevo régimen. Pascual aclaró públicamente que no se opone a la reducción de la edad de imputabilidad, sino que cuestiona las condiciones materiales y el alcance del encierro como respuesta general. La magistrada explicó públicamente los fundamentos de su decisión.
Villalobos Atlas formuló una mirada crítica sobre el alcance de la resolución. Planteó la necesidad de discutir hasta dónde puede avanzar el control judicial sobre una decisión de política criminal adoptada por el Poder Legislativo y si una acción preventiva colectiva puede paralizar una norma de alcance general sin analizar previamente situaciones individuales concretas.
La discusión no fue presentada como una elección simple entre castigo e impunidad. El conductor insistió en que los hechos graves requieren respuestas firmes, pero también señaló que ninguna reforma funcionará sin establecimientos adecuados, educación, tratamientos, formación laboral, equipos técnicos y seguimiento posterior.
La cuestión adquiere relevancia para los porteños aun cuando la resolución de Pascual se circunscribe al territorio bonaerense y no suspende la aplicación de la norma en CABA. La movilidad diaria dentro del AMBA, las investigaciones interjurisdiccionales y la circulación de adolescentes entre la Ciudad y el conurbano convierten la política penal juvenil en una preocupación metropolitana.
Jorge Martín Ortega y la mediación policial
Desde Jujuy, el comisario general retirado Jorge Martín Ortega aportó una experiencia diferente: la incorporación de la mediación dentro de la actividad policial.
Ortega explicó que comenzó a desarrollar programas de mediación comunitaria, familiar e intercultural para intervenir en conflictos que no siempre encuentran una respuesta adecuada mediante el uso inmediato de la coerción. El objetivo consiste en capacitar a los agentes para reconocer tensiones, escuchar a las partes, reducir la violencia y coordinar la actuación con otras instituciones.
Su recorrido obtuvo recientemente reconocimiento nacional. Ortega participó como disertante en el XVII Foro Regional y XVI Foro Argentino de Mediación, realizado en Catamarca, donde expuso sobre el policía mediador como agente de proximidad social y capacitó a futuros integrantes de las fuerzas de seguridad. Su participación fue destacada por medios de Jujuy.
Durante Reporte Urbano relató intervenciones en desalojos, conflictos familiares y escenarios en los que había niños expuestos a experiencias potencialmente traumáticas. Su enfoque propone que la policía pueda preservar el orden sin perder de vista la dignidad de las personas ni las características particulares de cada comunidad.
La experiencia abrió una pregunta para la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué herramientas de mediación y desescalada reciben quienes intervienen primero ante una crisis familiar, barrial o escolar?
CABA dispone de una Dirección General de Mediación y Convivencia Vecinal, que ofrece procedimientos voluntarios y confidenciales para determinados conflictos entre vecinos. El servicio incluye iniciativas como “Mediación va a la Escuela” y formación de facilitadores comunitarios. La información oficial puede consultarse en el portal del Gobierno porteño.
El planteo de Ortega no supone que toda situación pueda mediarse. Cuando existe violencia, peligro o una marcada desigualdad entre las partes, la prioridad debe ser proteger. La mediación necesita evaluación previa, profesionales capacitados y protocolos que permitan distinguir un desacuerdo abordable de una vulneración que exige intervención inmediata.
Escuelas, familias y respuestas coordinadas
El Lic. Víctor Lennin Morales Navarro sumó su mirada psicológica sobre la idoneidad de los operadores y la necesidad de trabajar sobre las causas de la conflictividad. Las medidas aisladas —revisar mochilas, restringir teléfonos o aplicar una sanción— pueden responder a una urgencia, pero difícilmente transformen por sí solas aquello que está ocurriendo en una familia, una escuela o un barrio.
La mesa coincidió en la importancia de construir protocolos interinstitucionales. Docentes, profesionales de la salud, organismos de niñez, fuerzas de seguridad y tribunales no deberían actuar como compartimentos cerrados. Cada intervención necesita dejar información suficiente, proteger la intimidad y facilitar la continuidad del abordaje.
También se reflexionó sobre la alimentación, el estímulo afectivo, el respeto por la diversidad y la presencia de adultos disponibles durante la infancia. La paz se aprende en los vínculos cotidianos, pero esa responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre familias que se encuentran solas o atravesadas por dificultades económicas, sociales o de salud.
Para Villalobos Atlas, la responsabilidad parental debe ser acompañada por una responsabilidad estatal igualmente concreta. Detectar una vulneración sin asegurar una respuesta, ordenar un tratamiento sin controlar su cumplimiento o separar a un niño sin construir una estrategia posterior son decisiones que pueden prolongar la incertidumbre en lugar de resolverla.
Una mañana atravesada por la identidad porteña
La transmisión contó además con una antesala musical dedicada al tango y a la cultura ciudadana, con obras vinculadas con Buenos Aires y la presentación de la cantante y actriz Bibiana Escarlaza. La música funcionó como puente hacia una emisión que habló de identidad, memoria, vínculos y convivencia.
En el segmento informativo se repasaron noticias nacionales e internacionales, entre ellas el debate legislativo sobre inocencia fiscal, las iniciativas relacionadas con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el fallecimiento del exjugador de la NBA Michael Sweetney, recordado por su paso por los New York Knicks.
También se presentó BAX, la aplicación del Gobierno porteño que integra información, trámites, credenciales y reclamos mediante un asistente virtual. La herramienta puede conocerse en el sitio oficial de BAX.
Un equipo para mirar los conflictos desde distintas perspectivas
La conducción de Roberto Villalobos Atlas ordenó una emisión diversa alrededor de un mismo concepto: la paz necesita instituciones capaces de escuchar, prevenir, planificar y actuar.
La presencia de Griselda Scelato en el estudio aportó cercanía y una reflexión centrada en el cuidado de las familias. José Fabián De La Cruz acercó la experiencia del Registro de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes del CAAL. Jorge Martín Ortega mostró que la mediación también puede incorporarse a la formación policial. Silvana Ridner, Lucía Daluz y Víctor Lennin Morales Navarro ampliaron el diálogo hacia las emociones, la identidad y la salud de los vínculos.
La producción estuvo a cargo de la Dra. Mariana Artigue y la operación técnica fue realizada por Fabrizio Guerrero.
Reporte Urbano, declarado de Interés para la Comunicación Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura Porteña, se emite los viernes de 10 a 12 por AM 1010 Onda Latina, el canal de YouTube Roberto Villalobos Atlas y una red integrada por más de 50 retransmisoras en ocho países.
La edición dejó una conclusión que excede la conmemoración de una fecha: la paz no se declama. Se construye cuando un niño es escuchado, una familia encuentra orientación, una institución asume su responsabilidad y el Estado interviene antes de que el daño se convierta en destino.