En España, más de 46.000 alumnos están matriculados en alguno de los 470 centros de Educación Especial. Los estudiantes con necesidades educativas especiales han aumentado un 36 por ciento en los últimos 6 años en España. En este contexto, el papel del profesorado especializado, más de 8.500 docentes, es fundamental para que cada niño desarrolle su máximo potencial. Con este mismo objetivo y, según los expertos consultados por COPE, es necesaria la existencia de estos centros especializados que la última reforma educativa, la LOMLOE, busca reducir al mínimo de aquí a 2030.
"El foco no es explicar bien los contenidos sino hacer posible el aprendizaje”, explica en COPE el psicólogo Juan Castilla. Considera que la relación del profesor de los centros especializados es más intensa y prolongada con los alumnos y las familias ya que se trabaja constantemente en la tensión entre lo pedagógico y lo clínico y social. La vocación de estos profesionales, subraya, suele estar muy ligada a una sensibilidad hacia la vulnerabilidad y la justicia social: ya que se trata no solo de enseñar, sino también de remover y romper barreras.
Para Gemma Revilla, directora gerente del colegio concertado de educación especial para niños con autismo CEPRI, "si toda la docencia es vocacional, quienes se dedican a la enseñanza con niños con discapacidad están hechos de una pasta especial porque además de velar por el aprendizaje de sus alumnos están centrados en mejorar su calidad de vida. Es admirable ver como trabajan los 25 profesores y auxiliares en nuestro centro y cada uno de sus logros merecen la pena".
La educación en general, y la especial, en particular, "requiere no solo de cualificación técnica, sino de un plus de preparación emocional y de ética profesional". Así lo afirma Castilla, quien subraya que los controles en la contratación son muy importantes. Considera esencial además que tengan dominen "capacidad de gestión emocional con uno mismo, con los alumnos, con las familias" y que "sepan adaptarse a las circunstancias".
Según Castilla, entre las cualidades de un buen docente de especial se encuentran la "paciencia", una "gran escucha activa", la "tolerancia a la frustración", una "capacidad de observación fina" y un sólido "compromiso ético con la autodeterminación de los alumnos". A esto añade la habilidad para "hacer posible los aprendizajes", una "gran relación interpersonal" .
Además de contar con un grado de maestro, deben tener una formación específica en Educación Especial y conocimientos de psicología y desarrollo evolutivo, trastornos del neurodesarrollo y discapacidad intelectual, sensorial y motora, en valuación psicopedagógica básica y en diseño de adaptaciones curriculares con estrategias de aprendizaje cooperativo, apoyos visuales, sistemas alternativos/aumentativos de comunicación...
La importancia de este perfil se hace evidente ante casos de presunto maltrato como el que ha llevado a la condena de una profesora, Bárbara, y una auxiliar, Yolanda, a siete años de prisión para cada una por siete delitos contra la integridad moral a menores con discapacidad. Los hechos, ocurridos en 2019 en un centro de educación especial de Pozuelo, en Madrid, fueron descubiertos gracias a una grabadora oculta en la mochila de un alumno por sus padres, que notaban que algo no iba bien.
En la sentencia- dictada en 2025 y contra la que aún cabe recurso- la jueza validó los audios como prueba por "necesidad, idoneidad y proporcionalidad", al ser el único modo de saber qué pasaba. Las grabaciones revelaron un trato vejatorio por parte de las profesoras a sus alumnos con expresiones como "bobo", "qué cosa más inútil, tío", "me dan ganas de matarte" o "una pena que no le pueda cruzar la cara". Como consecuencia, los menores sufrieron un empeoramiento de sus capacidades intelectuales, desgana por ir a clase, retroceso en lectoescritura, retraimiento y ansiedad.
Aunque son casos minoritarios, puede ocurrir que como padres observemos algún cambio de actitud y de comportamiento en nuestros hijos que nos hagan sospechar de que pueda estar siendo víctima de acoso escolar o de algún otro tipo de maltrato ya sea por parte de otros alumnos o de algún profesor o trabajador del centro escolar. En este caso y según los expertos consultados por COPE el colegio debe aplicar los protocolos y colaborar con las autoridades.
Lo lógico, ante cualquier posible sospecha de maltrato es, según señala María Teresa Molina, al frente de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Pozuelo (ASFAPES). "hablar, dialogar, escuchar y si no se siente uno satisfecho pues acudir a la inspección, a instancias superiores".
Para Juan Chavarri, al frente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Madrid, la clave es actuar y que se apliquen los protocolos que por ley tienen todos los centros y que constan de 3 fases: "la detección o notificación, la recogida de información interna en el centro y, cuando procede, la derivación inmediata a las autoridades competentes como la policía o la fiscalía de menores".
A su juicio, deben reforzarse los mecanismos de prevención y de supervisión y, sobre todo, acortarse los tiempos y los plazos de respuesta, aún demasiado largos especialmente cuando los casos se judicializan.
Este caso surge en un momento en que el futuro de la Educación Especial está en juego al disponer la actual ley educativa, la LOMLOE, que en 2030 la mayoría de los niños con discapacidad estén escolarizados en centros ordinarios y los centros de educación especial existan únicamente para los chavales que requieren de una atención muy especializada y sirvan como centros de referencia y de apoyo a los centros ordinarios.
Desde CECE Madrid defienden "profundamente la pluralidad educativa y la libertad de elección de las familias". Chavarri sostiene que los centros de educación especial "hacen una gran labor y son muy necesarios" y que pueden y deben "convivir centros ordinarios inclusivos y centros de educación especial" y "ambos modelos deben tener una adecuada financiación".
"Cerrar o vaciar los centros específicos sin haber transformado de verdad los centros ordinarios sería un daño real para muchos niños y familias. Lo razonable sería: mantener ambos tipos de centros, pero tener los recursos humanos y administrativos suficientes", señala por su parte Juan Castilla.
El psicólogo aboga por la flexibilidad y por adaptarse a cada caso ya que, según señala: "hay alumnos que reciben mejor atención en centros específicos -por la intensidad de los apoyos, los recursos, los materiales y el personal especializado- que en un centro ordinario de integración". Pide garantizar que la elección de modalidad sea reversible, revisable y basada en el interés superior del menor y no en la comodidad del sistema.
Solo en el último curso los colegios de educación especial han sumado 1.500 alumnos. En paralelo, en los últimos 6 años, la inversión pública en educación especial ha aumentado un 25 por ciento, 10 puntos menos de lo que ha crecido el alumnado con discapacidad en este mismo periodo, según datos de Comisiones Obreras.
Para Revilla, una inclusión real exige reducir las ratios y entender las necesidades del alumnado para ofrecerles las herramientas y las metodologías que necesitan. A su juicio hacen falta o bien más centros de educación especial o más profesionales especializados en los centros de educación ordinaria. Solo el año pasado en CEPRI recibieron 40 solicitudes de escolarización para las 4 plazas disponibles. Es la prueba subraya de que "algo no está funcionando bien en el sistema".
La necesidad de estos centros y de profesionales cualificados es acuciante. También de inversión pública necesaria que CCOO cifra en más de 5.100 millones de euros con la contratación de hasta 32.000 profesores especializados más para cubrir todas las necesidades de todo el alumnado con necesidades especiales. Es el equivalente de más del 8,5 por ciento del presupuesto educativo y del 0,32 por ciento del PIB.