El Gobierno ha presentado un nuevo plan de vivienda para el periodo 2026-2030, con el que busca atajar el que se ha convertido en el principal problema para los españoles desde hace dos años. El plan llega en un contexto de subida de precios superior al 14% en lo que va de año. La inversión total anunciada asciende a 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aportará 4.200 millones y las comunidades autónomas deberán cubrir los 2.800 millones restantes.
El modelo de financiación establece que las comunidades autónomas tendrán que asumir el 40% de la factura para recibir el 60% restante del Estado. Sin embargo, para facilitar la transición, el Ministerio de la Vivienda asumirá el coste total durante el primer año, dando tiempo a las autonomías a adaptar sus presupuestos. La adhesión al plan será voluntaria para las comunidades, que podrán decidir si se suman o no en el ejercicio de sus competencias.
La mayor parte del presupuesto, un 40%, se destinará a aumentar el parque de vivienda protegida, tanto a través de nueva construcción como mediante la compra de inmuebles ya existentes. Una de las claves del nuevo modelo es que estas viviendas tendrán una calificación de protección permanente y no se podrán privatizar ni vender en ningún caso, una "condición irrenunciable" que pone fin a la práctica anterior que permitía su venta pasados entre 10 y 30 años.
Del resto de la inversión, un 30% se dedicará a la rehabilitación de viviendas y la mejora de la eficiencia energética. El presupuesto restante se repartirá entre colectivos con especiales dificultades de acceso a una vivienda, como los jóvenes, las mujeres víctimas de violencia de género o personas en situación de vulnerabilidad.
El plan contempla también ayudas directas al alquiler de hasta 300 euros al mes para jóvenes de hasta 35 años, cuyo importe final fijará cada comunidad autónoma. Además, se establecen precios máximos para los alquileres protegidos en torno a los 900 euros mensuales. También se han anunciado ayudas de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas que lleven más de dos años vacías, con la condición de que se alquilen por un mínimo de cinco años a un precio asequible.
En el programa 'Herrera en COPE', el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, ha analizado el nuevo plan. Aunque lo considera "otro plan de vivienda dentro de la secuencia de planes que se han ido aprobando", reconoce que tiene "muchas cosas interesantes y positivas".
Entre los puntos positivos, Montalvo destaca la calificación definitiva de las viviendas protegidas, una política que, según recuerda, el País Vasco aplica desde 2003 y que ha permitido "construir un parque de vivienda pública grande y suficiente". También valora que las ayudas se concentren en el alquiler, ya que, en sus palabras, "el gran drama lo encontramos sobre todo en el mercado del alquiler, y por lo tanto hacia ahí tiene que ir dirigido el presupuesto público".
El experto también considera positivo el "reconocer presupuestariamente el problema", en lugar de "cargar en los propietarios privados todos los problemas" a través de regulación. Sin embargo, advierte que este paso será positivo si no se ve contrarrestado por la "secuencia infinita de modificaciones legislativas que generan inseguridad jurídica".
Para García Montalvo, el diagnóstico es claro: "lo que tenemos es un problema de falta de oferta". Por ello, considera que cualquier medida que sea contraria a que la oferta se relance, aumente, es es negativa. El catedrático insiste en que la solución pasa por dos ejes fundamentales.
Por un lado, para la vivienda de nueva construcción, es necesario "menos burocracia y más suelo". García Montalvo subraya la urgencia de aprobar la ley de Suelo y considera que "hace falta un pacto de Estado" para lograrlo, ya que sin agilizar la disponibilidad de suelo "será difícil que podamos construir más vivienda".
Por otro lado, en lo que respecta al mercado del alquiler, el economista reclama "dejar de perturbar el mercado sistemáticamente y constantemente con cambios normativos". Según explica, esta incertidumbre provoca que los pequeños propietarios vendan sus inmuebles, "descapitalizando el mercado del alquiler" justo cuando más se necesita. La solución, concluye, es ofrecer a los propietarios un "contexto jurídico y legal estable".
