El académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, e integrante del Centro de Estudios Árabes, conversó sobre el triunfo del "apruebo" y la puerta hacia la nueva constitución. "Lo de ayer se devoró lo institucional y es la consecuencia de una suma de insurrecciones de la ciudadanía, en más de una década de distintas revueltas", señala Rodrigo, mientras recuerda cada uno de eso momentos. La derrota de la sociedad de la meritocracia que sólo era una idea para los pobres, es parte de sus reflexiones, en las que sitúa la unión de la clase media con la clase más vulnerable, en una "una alianza tácita" clave para el cambio establecido. "La clase media es la visagra. Esta es una lucha de clases" finaliza.

Marcela Guillibrand, Coordinadora General de "Ahora Nos Toca Participar", y Roca Icarte, integrante de la directiva de CORFAL de Arica y Parinacota, conversaron en este capítulo sobre la urgente necesidad de descentralizar las decisiones del país, que han afectado por años el desarrollo de las regiones. Rosa considera que este proceso, de cambio a la Constitución, es una ventana para mejorar esta condición, "lo veo con esperanza. No tenemos que soltar la participación ciudadana que es lo que nos garantizará los cambios. Si no distribuimos el poder este país no va a ser desarrollado", finaliza.

La académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Verónica Figueroa, conversó sobre lo inexplicable que resulta, que aún no se haya designado mecanismo para consagrar la participación de los pueblos originarios, a tres días del plebiscito. "Si no estamos, nadie va a hablar por nosotros. Las propuestas están sobre la mesa pero ha faltado voluntad" señala, agregando que la diferencia que provocaría no adoptar la recomendación internacional sobre quienes pueden votar por las opciones indígenas, es grande. "Se quiere utilizar el registro de la CONADI, donde figuran cerca de 300 mil personas certificadas como pertenecientes a un pueblo indígena, cuando la recomendación es que este reconocimiento sea voluntario a la hora de votar, pudiendo elegir la papeleta de escaños reservados, en vez de la otra". Según el último censo, el 12% de la población se declara así, lo que aumenta el número a más un millón 200 mil personas. "El registro de CONADI fue hecho para otros fines", agrega la académica, que además reflexionó sobre la nueva identidad local, en plena reconstrucción.

La Directora Ejecutiva de Opes Chile, Magister en Análisis Económico, Javiera Petersen, conversó sobre el libre #38 Cifras que definen Chile, una publicación que aporta datos relevantes al debate sobre la desigualdad estructural del país. Para Javiera, el importante proceso que estamos viviendo, con la posibilidad de un cambio en la Constitución, abre la necesidad de pensar en la urgente necesidad de ampliar la matriz productiva y complejizarla "porque en 40 años no hemos aprendido a hacer nada nuevo. Esto se refleja en la cifra  #7 del libro, donde vemos que Chile pasó del lugar 62 al 61, en este índice. Nos demoramos 40 años, en avanzar apenas un lugar, y estamos en el octavo puesto en la región, lo que tampoco es tan bueno. Es necesario crecer en tecnología, innovación, capacidades productivas y otras áreas, y los candados que lo impiden están en la Constitución actual" concluye.

Los voceros de la organización "Mi Voz Cuenta", Mariel Rojas y Víctor Montecinos, fueron protagonistas de este capítulo, haciendo notar la relevancia de considerar las voces de adolescentes, niños y niñas, que fueron parte del proceso previo para llegar al plebiscito, que busca establecer una nueva Constitución. "Hemos sido testigos de los dolores y quejas de nuestros abuelos, de nuestros papás, que ya no pueden seguir viviendo así" señala Mariel, decepcionados de haber sido excluídos de esta votación que esperaban pudiese darse desde los 16 años. "Nosotros vamos a vivir esta nueva Constitución" afirman, defendiendo la necesidad de ser escuchados, a lo que Marcela Guillibrand, Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar, agrega que es necesario un cambio en la vinculación con los jóvenes, "debe existir un diálogo más horizontal, por que no son el futuro solamente, son el presente" finaliza.

Rodrigo Bustos, Director Jurídico del INDH, conversó sobre el balance de la institución al conmemorarse un año del estallido social. A su juicio, no debemos olvidar que “estas han sido la violaciones a los derechos humanos, más grandes desde el retorno a la democracia”, y que detras de eso persisten las otras vulneraciones a derechos económicos, sociales y culturales, que también son derechos humanos. La pandemia también fuenparte de este diálogo y el rol de los jóvenes en los cambios sociales, de miras al plebiscito y una eventual nueva Constitución.

Loreto Bravo, Directora Ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, y Andrea Gutiérrez, integrante del Equipo de Contenido de la Red de Actrices Chilenas, RACH, conversaron sobre los derechos culturales, la identidad y la Constitución. Un diálogo enriquecedor que releva la importancia del goce de estos derechos como parte de la construcción de un nuevo pacto social. Loreto recordó que la baja de presupuesto en esta área, es reflejo de un política pública constante y de una institucionalidad empobrecida, "se piensa que para resolver esto, hay que poner más sillas, para generar más venta de entradas...cuando la verdad, es que no queremos asistir al espectáculo del mundo hoy, donde el sentido común necesita ser refundado. No hay siquiera un diseño que alcance a enfrentar la crisis" señala. Andrea remarca la relevancia de concebir la cultura como un espacio amplio, donde "el modelo de mantener el orden, de pintar de nuevo los muros blancos, poner la cabeza de los monumentos, de la idea del patriotismo, que no quiere que entre más gente, es todo lo contrario a lo flexible que la cultura es. Manifestarse también es parte de una suma de acciones dentro de los derechos culturales, que son derechos humanos". Una conversación llena de pasajes inspiradores para repensar el país que queremos.

Marcela Guillibrand, Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar, y Valentina Saavedra de la Red de Mujeres por la Ciudad, conversaron sobre el vínculo entre la Constitución y la vivienda. Valentina señala que el único derecho realmente resguardado en la Constitución actual, es el de propiedad, reflexionando sobre quienes pueden acceder a ese estatus, y criticando un modelo donde "la vivienda es solo visto como un bien y no como un espacio de uso que puede promover desigualdades, si no agregamos el concepto de vivienda adecuada. Históricamente además, quienes acceden a esos bienes, no son las mujeres" agrega, señalando así un espacio de desigualdad de género pocas veces considerado. Marcela hace presente que la ciudad y su diseño, puede aportar a la participación ciudadana o mantener bloques que al no mezclarse, difícilmente van a comprender la vida de un "otro" ajeno a la propia realidad, haciendo más complejo el avance en políticas públicas inclusivas.

La Directora Ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer, Gloria Leal, conversó sobre la relevancia de la Constitución, como ventana de oportunidades para garantizar los derechos de las mujeres. En un ejercicio de memoria, el diálogo incluyó un reconocimiento a las mujeres que en distintas generaciones han luchado por las reivindicaciones sociales, por justicia social "liderando espacios de resistencia, en las ollas comunes, encabezando la búsqueda de seres queridos en dictadura o pidiendo justicia por los ejecutados políticos. Las mujeres siempre hemos estado, es hora que seamos parte de la democracia" reflexiona Gloria. "Las experiencias de vida, las luchas sociales son las que han provocado los cambios, las leyes no son porque a los políticos se les ocurren" finaliza, apropósito de la importancia del plebiscito.

El abogado Mauricio Daza, explicó detalles del "Caso Cáscadas", el mayor fraude en la historia de los mercados bursátiles chilenos, acreditado por la justicia, sancionado y revertido su fallo en el Tribunal Constitucional. Para Mauricio, que la multa de 60 millones de dólares, se haya rebajado a 3 millones de dólares, considerando la ganancia de 128 millones de dólares "es algo grotesco, muestra del descaro con el que los poderosos pueden operar. Una evidencia más de que en Chile hay ciudadanos de primera y segunda clase". Señalado como el hombre más poderoso del país, Julio Ponce Lerou, defraudó en un mercado donde las acciones que mueven sus agujas, proviene en gran medida de las administradoras de Fondos Previsionales (AFP), "o sea, perjudicó las pensiones de todos los habitantes, en 43 millones de dólares aproximadamente". La flexibilidad de los tribunales en este caso, contrasta con la exigencia que se hace a funcionarios públicos para devolver los $500 mil pesos a los que habrían accedido sin ameritarlos, como parte de los bonos por la pandemia. "El primer paso para acabar con esta cultura de la impunidad, es cambiar la Constitución", concluye.