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La Suprema Corte invalidó la ley General de Comunicación Social y la ley General de Responsabilidades Administrativas como parte del llamado Plan B de la reforma electoral de AMLO, en respuesta a siete acciones de inconstitucionalidad presentadas por los partidos de oposición. 

Los ministros de la Corte argumentaron que hubo violaciones al proceso legislativo que impidieron al Congreso analizar a fondo dichas leyes, las cuales tienen que ver con el uso de dinero público para la promoción de la imagen de servidores públicos, así como con la autonomía del INE y su capacidad para organizar elecciones. Este fallo representa un duro revés para el gobierno.

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