En este podcast vamos a abordar uno de los temas más importantes dentro del ámbito de la extranjería en España: los distintos tipos de arraigo. Además veremos algunas de sus principales características.

Para este artículo nos basamos en el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Se trata de la concesión de una autorización de residencia temporal por razones de arraigo a las personas extranjeras que se encuentren en España, cuando existan vínculos con el lugar en el que residen, ya sean de tipo económico, social, familiar, laboral o formativo.

La autorización de residencia temporal por arraigo se concede para un periodo de 1 año en general, excepto para el arraigo familiar, cuya duración son 5 años.

Para acceder al arraigo social, es necesario cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

En caso de no contar con vínculos familiares, será necesario acreditar un esfuerzo de integración mediante la presentación de un informe favorable emitido por la Comunidad Autónoma correspondiente. Este informe debe ser emitido en un plazo máximo de un mes desde su solicitud.

Para acreditar la existencia de una oferta laboral válida en el marco del arraigo social, se deben presentar uno o varios contratos de trabajo que cumplan con los siguientes requisitos:

Los contratos pueden tener distintas modalidades, entre ellas:

Uno de los supuestos que permite acceder al arraigo familiar es la existencia de vínculos directos con ciudadanos de la Unión Europea (UE), del Espacio Económico Europeo (EEE) o de Suiza. En concreto, se consideran válidas las siguientes situaciones:

En el caso del arraigo para la formación, uno de los requisitos fundamentales es el compromiso de realizar una actividad formativa orientada a la inserción laboral en España. Para ello, el solicitante debe:

Estar matriculado o cursando una de las siguientes opciones formativas:

La matrícula debe acreditarse en un plazo máximo de tres meses desde la concesión de la autorización. En caso de no hacerlo, la autorización será extinguida automáticamente.

El arraigo por segunda oportunidad permite regularizar la situación de personas extranjeras que hayan residido legalmente en España en el pasado, pero que han perdido su autorización de residencia por causas no imputables a cuestiones de seguridad o de orden público. Para acceder a esta modalidad, deben cumplirse los siguientes requisitos:

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En este episodio, desglosamos en profundidad el artículo 57 de la Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este artículo regula los supuestos en los que un extranjero puede ser expulsado del territorio español, estableciendo principios fundamentales como la proporcionalidad, las garantías procesales y las excepciones para grupos vulnerables.

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El apartado 1 establece que los extranjeros que incurran en infracciones tipificadas como muy graves, o graves dentro de los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1, pueden ser expulsados en lugar de recibir una multa. Esto debe realizarse bajo el principio de proporcionalidad y mediante un expediente administrativo con resolución motivada.

Un extranjero condenado por un delito doloso, dentro o fuera de España, sancionado con pena privativa de libertad superior a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados) puede ser expulsado previa tramitación del expediente.

El apartado 3 prohíbe imponer ambas sanciones simultáneamente.

La expulsión implica la extinción de cualquier autorización de residencia o trabajo y el archivo de procedimientos relacionados. No obstante, se prevé la posibilidad de revocarla en ciertos supuestos.

El apartado 5 establece casos en los que la expulsión no procede, salvo en supuestos muy específicos (reincidencia o infracciones muy graves). Estas excepciones incluyen:

La expulsión no puede ejecutarse si contradice el principio de no devolución (cuando la vida o integridad del extranjero corre peligro en su país de origen) o afecta a mujeres embarazadas si pone en riesgo la gestación o su salud.

El apartado 7 regula que, si hay un decreto de expulsión y un extranjero está procesado o imputado por un delito con pena privativa de libertad inferior a seis años, el juez debe autorizar la expulsión, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizará salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias que justifiquen su denegación.

Excepciones: delitos relacionados con la explotación laboral (artículos 312.1 (tráfico ilegal de mano de obra), 313.1 (favorecimiento de la emigración) y 318 bis (contra los derechos de los ciudadanos de los extranjeros) del Código Penal).

Para delitos tipificados en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal, la expulsión se ejecuta una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Toda resolución de expulsión debe ser notificada, con información clara sobre los recursos disponibles.

Se limita la expulsión fuera del territorio de la Unión Europea, con consultas previas a autoridades de otros Estados miembros. Excepciones: peligro para la seguridad o delitos graves.

 En caso de no reunirse estos requisitos para que la expulsión se realice fuera del territorio de la Unión, la misma se efectuará al Estado miembro en el que se reconoció la residencia de larga duración.

La expulsión fuera del territorio de la UE solo podrá realizarse si la infracción cometida está entre las tipificadas en los artículos 53.1.d) (participación en actividades contrarias al orden público) y 53.1.f) (irregularidades en documentos) y 54.1.a) y 54.1.b) (conductas muy graves relacionadas con la seguridad pública).Antes de tomar una decisión de expulsión, España debe consultar a las autoridades del Estado miembro que otorgó la residencia de larga duración.Si no se cumplen las condiciones para expulsar a la persona fuera de la UE, se ordenará su retorno al Estado miembro que le concedió la residencia.

11. Protección Internacional Reconocida por otro Estado Miembro

Si España decide expulsar a un residente de larga duración que tiene protección internacional otorgada por otro Estado miembro de la UE, debe solicitar información a dicho Estado sobre si esa protección sigue vigente. Si no recibe respuesta en el plazo de un mes, se asume que la protección internacional sigue activa.Si el residente sigue teniendo protección internacional, será expulsado al Estado miembro que se la concedió.

España puede expulsar al residente a un país distinto si:

En los casos donde España misma haya concedido la protección internacional, la expulsión solo puede realizarse tras revocar dicho estatus a través del procedimiento legal correspondiente.

Ejemplo:

Ahmed es un ciudadano sirio que escapó de la guerra civil en su país. En 2018, Francia le otorgó protección internacional (estatus de refugiado) por considerar que su vida corría peligro si regresaba a Siria. Posteriormente, Ahmed se trasladó legalmente a España, donde obtuvo un permiso de residencia como residente de larga duración dentro de la Unión Europea.

En 2023, Ahmed es acusado y condenado en España por un delito de tráfico de estupefacientes, considerado un delito grave. Las autoridades españolas deciden tramitar su expulsión del territorio español debido a que consideran que constituye una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, Ahmed aún tiene protección internacional otorgada por Francia.

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Vamos con esta parte específica de la Ley Orgánica 4/2000, sobre los efectos de la denegación de entrada, expulsión y devolución.

A recordar

El tratamiento de los datos personales DE UN MENOR de edad, únicamente podrá
fundarse en su consentimiento cuando sea MAYOR DE CATORCE AÑOS.

1. Los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada por no cumplir los requisitos estarán obligados a regresar a su punto de origen.

La resolución de la denegación de entrada conllevará la adopción inmediata de las medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo más breve posible. Cuando el regreso fuera a retrasarse más de setenta y dos horas, la autoridad que hubiera denegado la entrada se dirigirá al Juez de Instrucción para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento.

2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio.

3. El extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición de la autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de los extranjeros internados.

4. La detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la denegación de entrada será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.

1. La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años.

2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse un período de prohibición de entrada de hasta diez años.

En las circunstancias que se determinen reglamentariamente, la autoridad competente no impondrá la prohibición de entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio nacional durante la tramitación de un expediente administrativo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en esta Ley Orgánica, o revocará la prohibición de entrada impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsión.

3. No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos:

a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España.

b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país.

4. En el supuesto de que se formalice una solicitud de protección internacional por personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión a trámite de la petición, de conformidad con la normativa de protección internacional.

Tampoco podrán ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre.

5. La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsión.

6. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión.

7. La devolución acordada en el párrafo a) del apartado 3 de este artículo conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la resolución de expulsión quebrantada.

Ley Orgánica 4/2000

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