testimonios

El joven tenía 17 años cuando apareció ahorcado en 2006 con signos salvajes de tortura en la provincia de Misiones. La víctima y su familia son de la ciudad de Puerto Iguazú. El cuerpo fue hallado pendiendo de un pino en un sitio de difícil acceso en un distrito aledaño, Puerto Libertad. El expediente fue cerrado con la carátula de suicidio, pero la familia sostiene que se trata de un crimen que involucra a policías protegidos por el poder político. La lucha de Calixto para averiguar la verdad y obtener justicia lo ha convertido en un referente en toda la Argentina.

Ella compone las Madres del Dolor de Santiago del Estero, conjunto de 35 familias que acusa al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura de daño moral y psicológico, abandono, y tráfico de información, pruebas y documentos vitales. El grupo ciudadano se expresa de esta manera tras la visita que miembros del cuerpo especializado hicieron al gobernador Gerardo Zamora. El hijo de la protagonista de esta nota, un estudiante universitario de 23 años, habría sido asesinado por policías en 2020. Las denunciantes se encuentran dentro del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero.

Vive en San Fernando del Valle de Catamarca, donde en 2021 su esposo Manuel Antonio, apodado Cacho, un comerciante de 66 años, desapareció mientras estaba internado con diagnóstico de Covid. Ocurrió en el Sanatorio Pasteur, propiedad de la familia del gobernador Raúl Jalil. La pesadilla comenzó cuando la viuda fue informada del deceso y luego de varias idas y vueltas, en medio de contradicciones y circunstancias extrañas, recibió los restos de una mujer. El escándalo suma una partida de defunción trucha —firmada por el doctor Lucas Serafín Ávalos—, enfermeros ausentes, videos de seguridad borrados, anomalías policiales y dislates judiciales, entre otras irregularidades. Los deudos denuncian que el centro de salud es responsable de retención indebida y falsedad ideológica. El testimonio de esta nota incluye la palabra de Flavia, uno de los cuatro hijos de la querellante y el damnificado (entrevista realizada el 12 de septiembre de 2021 en Catamarca).

Vive en la localidad de Las Talitas, San Miguel de Tucumán. Espera el juicio oral y público contra sus cuatro medio hermanos de apellido Grimaldi por violencia múltiple contra ella y su hija, incluidos amenazas e intentos de asesinato. La carátula de la causa es abuso sexual agravado por el vínculo y privación ilegítima de la libertad con violencia. Uno de los acusados, Eduardo, que le apuntó con un revólver y la increpó, fue condenado en 2022 por el fusilamiento de un vecino, David Orquera, de 16 años. Dos hijos del convicto, Eduardo y Matías Grimaldi, recibieron la misma pena. La entrevistada y la familia Orquera, acompañados por más ciudadanos, piden que los castigados cumplan la sentencia en la cárcel y que la Justicia investigue otros ilícitos del clan mafioso que conforman.

Desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca pide que los responsables del fusilamiento de su hijo de 37 años, perpetrado en 2020, se sienten en el banquillo de los acusados. El agredido estaba indefenso cuando recibió un tiro en el pecho en la vía pública a la vista de familiares y vecinos. Walter Barrera, alias Rulo, puntero político con antecedentes penales, está procesado como autor del balazo. En la agresión también participaron Gastón y David Barrera, hijos de este, y Gabriel Lazarte. El expediente fue elevado a juicio y espera fecha para el debate. La mujer denuncia además otros dos ilícitos que la dejaron en la indigencia y que presume vinculados con la tragedia: la usurpación y destrucción de su vivienda por parte de Fernando Soria, un policía, y la quita arbitraria de su pensión de madre de siete hijos (entrevista realizada el 12 de septiembre de 2021).

La víctima tenía 28 años cuando desapareció en 2012 en Nueva Esperanza, departamento de Pellegrini, Santiago del Estero. El drama ocurrió cuando el damnificado se dirigía a trabajar a una zona rural. Ramón Tarchini Saavedra, juez de la causa, imputó en 2015 a Jorge Argañaraz y Ramón Eduardo Castillo, que fueron quienes contactaron y llevaron al muchacho para el empleo, y a Daniel Díaz. Acusó a los tres del delito de homicidio y ordenó que fueran detenidos. Los investigadores hallaron un cadáver que permanece sin identificación en la morgue hasta la actualidad.

Su hijo tenía 32 años cuando apareció muerto con una veintena de puñaladas en 2020 en Cuatro Horcones, La Banda, provincia de Santiago del Estero. Uno de los cuchillos sometidos a peritaje tenía las huellas dactilares de Sergio Cristo, que se encuentra prófugo tras escapar de prisión en enero. La entrevistada integra el Comité de Lucha contra la Injusticia e Impunidad santiagueño. Según esta organización, que nuclea a familiares de víctimas de distintas formas de violencia, el escape de Cristo habría sido orquestado con el aval de miembros del poder político y judicial ligados al narcotráfico.