testimonios

El soldado de 22 años habría sido víctima de un homicidio institucional en 2003 mientras se encontraba de guardia en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones. El muchacho apareció inexplicablemente fusilado dentro del regimiento de Infantería Monte 30 del Ejército Argentino y sus superiores informaron a la familia un supuesto suicidio. "Creo que a mi hijo lo mataron porque él sabía algo y se negó a subordinarse", elucubra la madre, que después de casi dos décadas sigue esperando un juicio que revele la verdad y condene a los responsables; "el me decía: si me pasa algo nunca vayas a creer lo que te cuenten". La mujer, que es igual que el vástago originaria de Chaco, renovó su pedido el 11 de julio en la Casa de la Memoria de esa provincia durante un conversatorio titulado: Nunca más violencia institucional.

El joven de 25 años fue víctima de la violencia policial en 2020 en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Todo comenzó cuando fue detenido sin causa, de manera incomprensible, en la vía pública por efectivos provinciales que lo persiguieron y lo inmovilizaron boca abajo, esposado y con una rodilla en la espalda. Luego de un momento, según los numerosos testigos presenciales, el muchacho, que ni siquiera ofrecía resistencia, se empezó a poner morado. Al acudir la ambulancia, ya no presentaba signos vitales. La autopsia dice que la causa del deceso es asfixia mecánica por compresión extrínseca, lo que implica muerte en custodia. Actualmente, la familia pide que los implicados sean condenados en un juicio.

Es abogado y fundador de la Marcha Provincial por Justicia, una iniciativa que nuclea a familiares de damnificados de Corrientes. "Lo judicial es solamente una partecita", dice, "lo importante es cambiar la cultura que nos han impuesto". Junto a su hermana Sonia, también jurista, y otros miembros de la entidad participó del Primer Encuentro Regional del Noreste Argentino de Víctimas de Violencia Institucional. La convocatoria se realizó los días 9 y 10 de julio en el Espacio de Memoria abierto en el antiguo Regimiento 9 de la capital correntina, un predio que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura.

El joven tenía 20 años cuando el 17 de febrero de 2021 habría sido víctima del gatillo fácil policial en la ciudad de Corrientes. La víctima recibió un balazo en la cabeza mientras circulaba en una Zanella 110 acompañado por un menor en el barrio Pirayuí Nuevo. El fusilador sería un cabo de la fuerza provincial que, al parecer junto a otro agente, persiguió en moto a la víctima hasta que logró cortarle el paso. El tiro habría sido hecho con la pistola 9 milímetros reglamentaria del uniformado. El sospechoso permanece detenido mientras la familia de Martín pide que la causa sea elevada a juicio.

Benjamín Gómez, de 67 años, murió de un escopetazo en 2020 en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes. La tragedia ocurrió en el paraje Estero Costa, de la sexta sección rural, en el contexto de una discusión por tierras, mientras el damnificado intentaba alambrar una parcela. El acusado es Alberto Alfonzo, un vecino de 62 que al parecer estaba junto a dos hijos cuando realizó el disparo. La querella pide que sean procesados los tres y denuncia que el presunto gatillador recuperó la libertad de manera irregular gracias a vinculaciones políticas. Además, los deudos del fallecido alegan hostigamiento de parte de la Policía y los propios implicados. Esta nota incluye la voz de Andrea y Verónica, esposa e hija de don Mincho.

El joven de 18 años fue encontrado sin vida en 2021 por pescadores en el río Paraná, en la ciudad de Corrientes. El hallazgo se produjo al tercer día de que la víctima desapareciera durante un operativo policial de tremenda violencia contra adolescentes que se divertían en la costanera sur de la capital provincial. Cuando la familia hizo la denuncia en la comisaría, los uniformados se rieron en la cara de la madre con el argumento de que el chico estaría con vida en algún lado y regresaría en cualquier momento. La querella denuncia la participación de once miembros de la fuerza, de los cuales cinco están presos. El testigo clave es un amigo de Lautaro que habría sido torturado y amenazado para guardar silencio.

Juan José Andrés Altamirano, pescador mallonero o artesanal, tenía 22 años cuando en 2015 fue condenado por un homicidio cometido en la ciudad de Corrientes. El joven se declara ajeno al hecho y su familia jura que hará lo que sea para revocar la sentencia. La madre considera que su vástago es un perejil elegido para tapar un crimen ligado al narcotráfico. Además, denuncia torturas y abusos de toda especie, incluida la violación, contra el convicto por parte de la Policía. La víctima del asesinato en cuestión es Maximiliano Aquino, un muchacho apuñalado a la salida de una peña por dos personas que pasaban en moto. La novia del fallecido, que estaba presente, fue incapaz de identificar a los atacantes.

El joven de 23 años murió tras recibir una veintena de puñaladas en 2021 durante una fiesta en la ciudad de Corrientes. Sucedió en el transcurso de una supuesta pelea en la que se involucraron numerosas personas. Cámaras de seguridad filmaron la tragedia. Aunque la carátula del expediente es homicidio simple, la querella considera posible barajar las hipótesis de la premeditación, la alevosía y la existencia de varios responsables. En simultáneo, la familia de la víctima pide que el número de procesados supere la decena. En el momento del drama, la pareja del fallecido estaba embarazada de siete meses. La beba que nació poco después nunca conocerá a su papá.

El muchacho tenía 23 años cuando fue víctima del gatillo fácil policial en 2001 en la ciudad de Corrientes. Ocurrió el 20 de diciembre, jornada en que se produjo la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. La víctima fue fusilada de un tiro en el pecho mientras se encontraba indefensa en su barrio, un paraje humilde. El juicio realizado en 2012 estableció seis condenas a integrantes de la fuerza provincial. El agente Juan Ramón Vallejos recibió 20 años de prisión como autor del disparo. El subcomisario Raúl René Pirzi y los suboficiales Esteban Blanco, Alberto Alfonso y Estanislao Leiva, cinco años por encubrimiento agravado. Otro subalterno, Juan Carlos Díaz, fue penado con dos años en suspenso por fraguar el libro de guardia.

El joven de 24 años fue ultimado de múltiples puñaladas el 4 de abril de 2022 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Daisy, la novia, de 19, estaba en el lugar y fue violada allí mismo por el autor del homicidio. El implicado se llama Jonathan Ferreyra, alias el Polaquito, un vecino con antecedentes de adicciones y agresiones. La tragedia ocurrió en la casa de este, que había invitado a la pareja a tomar algo. La muchacha, madre de un bebé de dos años que estaba también en el escenario, pudo escapar por una puerta trasera y pedir ayuda a los gritos llevando la criatura en los brazos. Actualmente, mientras la familia Méndez reclama justicia, el procesado se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva.