testimonios

Denuncian que el prefecto de 29 años fue víctima de un homicidio institucional en 2017 en la ciudad de Buenos Aires. El damnificado era originario de la capital formoseña y padre de tres hijos. Fue muerto de un balazo en el abdomen efectuado con una pistola calibre 9 milímetros desde un metro y pico de distancia mientras cumplía funciones en la Unidad Cinturón Sur 32. El drama ocurrió en circunstancias misteriosas en un departamento del barrio de Barracas. Por el hecho fueron imputados dos compañeros de la fuerza, Heraldo José Saúl Ríos, presunto fusilador, y Pedro Cristian David Riveros. La familia se siente abandonada por la Prefectura. Pide la realización de un juicio que revele la verdad y condene a los responsables. Esta nota incluye el testimonio de Eleuteria (Ely) y Ramón, padres de Gabriel, y Nadia, la hermana. En la foto principal también están Regina, la abuela materna, y dos sobrinos.

Ella pide justicia por Juan Pablo, el cuarto de sus cinco vástagos, que tenía 18 años cuando en 2011 murió víctima de presunta mala praxis médica realizada por la Clínica del Ángelo, en la ciudad de Formosa. Cuenta que era un muchacho sano, sociable, solidario y deportista que gozaba de perfecto estado de salud; ingresó a la institución con un cuadro de apendicitis común y corriente; lo operaron de esta patología, pero de manera inexplicable se fue agravando producto de un severo proceso infeccioso que derivó en una septicemia. La madre, testigo del drama minuto a minuto, alertó una y otra vez a los profesionales, que permanecieron en una actitud de sorprendente pasividad y displicencia. Al cabo de una semana, la víctima falleció de un paro cardíaco cuando era trasladada al Hospital de Alta Complejidad.

El joven de 19 años habría sido víctima de detención ilegal, amenazas y tortura de parte de policías el 8 de julio en la ciudad de Formosa. Esta nota contiene el testimonio de la víctima y su madre, María Laura Galeano.

Facundo Adrián Osorio salió como todos los días el 8 de julio en bicicleta de su trabajo en la distribuidora CHL, del barrio La Nueva Formosa, y a las pocas cuadras, mientras circulaba por el puente que atraviesa la avenida Néstor Kirchner, se detuvo para observar un hecho vial menor. Eran alrededor de las 20.30. El escenario, como es habitual, era transitado por numerosos vehículos y peatones. 

Cuatro policías que se habían acercado en un patrullero al coche accidentado. Dos de ellos cruzaron de pronto la calle, fueron directamente hacia el pibe y le pidieron el documento. Este respondió que había dejado la identificación en su casa y los inquisidores, sin mediar explicación, lo agarraron del cuello y le contestaron que quedaba detenido. Aterrorizado, el muchacho comenzó a pedir ayuda a la gente, que seguía de largo. Como último recurso defensivo, el chico apuntó la cámara del teléfono celular hacia los agentes con la intención de filmarlos, algo que enfureció a los agresores. 

Desde ese momento, el pibe fue víctima de una pesadilla que duró varias horas. Fue trasladado a la Comisaría 8 y liberado recién pasada la medianoche luego de padecer violencia verbal, psicológica y física, y de ser registrado como sospechoso de una supuesta "contravención al Artículo 77 a". Todo lo que recuerda Facundo de los atacantes es que el apellido de uno de los dos secuestradores es Cuesta. El muchacho y su familia hicieron la denuncia en la Fiscalía 3 y esperan que la Justicia actúe como corresponde. Algunos de los delitos involucrados serían detención ilegal, amenazas y tortura.

El prefecto tenía 31 años cuando desapareció sin dejar rastro en 2015 mientras se encontraba en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Salió de su casa una tarde y nunca volvió. Esa noche estaba invitado a un casamiento. La familia, que ha golpeado todas las puertas, incluso la del presidente de la Nación, denuncia que se siente abandonada por la fuerza en la que trabajaba el muchacho y teje distintas hipótesis. Para empezar, puede estar vivo de incógnito en algún sitio o quizás permanece como NN en un cementerio. El buscado es oriundo de la provincia de Formosa, mide 1,75 metros y pesa 80 kilos. Ostenta contextura regular, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro. El expediente se encuentra en manos de la Justicia de Ezeiza bajo la carátula de averiguación de paradero, con asesoramiento de la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas. Los padres renovaron su pedido el 11 de julio en la Casa de la Memoria de la provincia de Chaco durante un conversatorio titulado: Nunca más violencia institucional.

El muchacho contaba 27 años cuando en 2008 se fue de su casa en la picada Indumar, provincia de Misiones, y nunca regresó. Salió para efectuar su rutina cotidiana y de forma misteriosa nadie volvió a verlo ni tener noticias suyas. La búsqueda se extendió en el tiempo y la geografía, pues duró años y cruzó la frontera con Brasil. Se ofreció una cuantiosa recompensa a quien aportara información. Entonces pareció romperse el pacto de silencio. Dos testigos revelaron haber visto al buscado el día de la incógnita sometido a tratos inhumanos y aberrantes por agentes de la comisaría de Dos de Mayo, municipio de la zona. La causa se encuentra, luego de demoras y obstáculos inexplicables, en la Justicia Federal bajo la carátula de desaparición forzada. La familia espera saber lo sucedido y que los implicados respondan ante un tribunal.

El policía de 23 años apareció ahorcado con signos flagrantes de tortura el 30 de abril en la ciudad de Formosa. Así lo encontró el compañero con el que compartía departamento, Gastón Elías Cabrera. La familia vislumbra un homicidio de la misma fuerza en la que trabajaba el fallecido. El joven, oriundo de la localidad de Portón Negro, habría visto o escuchado algo y lo pagó con la vida. Los deudos denuncian que el cuerpo presenta infinidad de golpes en el rostro, la espalda, los brazos, las piernas y las manos. Con esta evidencia, piden una nueva autopsia. Argumentan que el fallecido carecía de perfil suicida y nunca dio señales de alguna razón para quitarse la vida. Agregan que era padre de un niño y una recién nacida, y tenía aspiraciones de hacer carrera como uniformado. María y Enrique renovaron su pedido el 11 de julio en la Casa de la Memoria de la provincia de Chaco durante un conversatorio titulado: Nunca más violencia institucional.

La víctima contaba 18 años cuando murió tras una persecución en moto y posterior golpiza de parte de otro pibe en 2018 a la salida de una fiesta en Villa Ángela, provincia de Chaco. El agresor es Ramón Sebastián Barrios, alias Chanchín, que estuvo sometido al régimen de prisión preventiva, pero ahora permanece en libertad. Ambos, víctima y victimario, circulaban en moto durante la tragedia. El primero iba acompañado por un amigo, Martín López, que recibió lesiones de consideración y quedó internado varios días. El segundo, al parecer un sujeto con antecedentes de narcomenudeo y violencia, llevaba a su novia. La familia del damnificado exige la realización de un juicio por "homicidio simple y lesiones graves". Además, denuncia premeditación y alevosía, pues el crimen fue precedido desde meses antes por otras agresiones y varias amenazas contra Maxi.

La víctima tenía 35 años cuando en 2019 murió como consecuencia de la violencia ejercida por policías en la localidad de Barranqueras, provincia de Chaco. El damnificado permaneció diez días en estado de inconciencia hasta que expiró. Los padres esperan la realización del juicio en el que tres agentes se sentarán en el banquillo de los acusados. Sebastián Darío Romero y Cristian Alfredo Chamorro serían responsables de tortura seguida de muerte, una figura que prevé la cadena perpetua. Un tercero habría omitido denunciar el drama. El proceso oral y público se realizará en los Tribunales de Resistencia, la ciudad capital. Osvaldo renovó su pedido de justicia el 11 de julio en la Casa de la Memoria de esa provincia durante un conversatorio titulado: Nunca más violencia institucional.

El joven de 24 años permanece desaparecido desde el 1° de febrero de 2020, cuando navegaba en una lancha con varios conocidos en el río Paraná, a la altura de la provincia de Corrientes. El motivo de la expedición era recreativo, ir a pasear a un banco de arena. El damnificado es originario de la ciudad de Resistencia, Chaco. Los acompañantes dijeron que no percibieron la ausencia del muchacho y que este habrá caído involuntariamente. "Por supuesto que es todo mentira", comenta la madre de la víctima, para quien se trata de un homicidio; "eran las 20 y cuarto y a mí me avisaron a las cero horas recién; el único responsable es Matías García, alias el Harry, el soldado". La familia pide que se realice un juicio que establezca la verdad y castigue a los implicados.

El gendarme de 27 años habría sido víctima de un homicidio institucional en 2018 en la ciudad de Posadas, Misiones. Apareció muerto misteriosamente de dos disparos en el Escuadrón Núcleo de esa provincia. El cuerpo fue encontrado en un malezal con una herida debajo del mentón y otra en la parte superior de la cabeza. A un costado había un arma calibre 9 milímetros. Aunque la Gendarmería Nacional sostiene la hipótesis de suicidio, la querella considera evidente un asesinato ordenado para silenciar a la víctima, que era especialista en control del narcotráfico y oriundo de la localidad de Manuel Gonnet, partido bonaerense de La Plata. La familia pide un juicio que revele la verdad y condene a los responsables.