testimonios

Su hija tenía 33 años y cuatro niños de 15, 13, 7 y 3 en el momento del drama, ocurrido en 2014 en la ciudad de Salta. Los dos más pequeños son hijos de José Adrián Chilo, el mismo que los dejó huérfanos de madre. El hombre era sargento de la Policía provincial. Cumple perpetua como autor de femicidio agravado por el uso de arma de fuego. Le gatilló el arma reglamentaria dos veces en la esquina de la casa de ella. Un tiro impactó en el antebrazo derecho y otro en la espalda. Luego intentó sin éxito balear también a Pablo Orona, Emmanuel Carrizo y Marcelo Allende, personas que se acercaron a socorrer a la damnificada. La víctima había denunciado reiteradamente amenazas de muerte del homicida. Las autoridades hicieron oídos sordos.

La joven, que tenía 22 años y tres hijos, apareció mutilada de manera atroz en 2017 en la ciudad de Salta. Carlos Agüero, Norberto Silvestre, Julio César Monasterio, Juan Reynaldo Álvarez y Griselda Marisel Urzagaste cumplen perpetua por femicidio. Una sexta condenada, una chica menor de edad al momento de los hechos, es penalmente responsable. El drama ocurrió en un contexto de narcocriminalidad. La querella fue representada por Gabriela Rodríguez y Pablo Del Pino, abogados de la Fundación Cintia Fernández. Según la nueva normativa sobre derechos de las víctimas, la familia debe ser informada e invitada a dar su opinión acerca de los beneficios carcelarios que puedan pedir los condenados durante la ejecución de la pena.

La denunciante, vecina del barrio Libertad, en la ciudad de Salta, relata un calvario que afecta también a dos nietas, de cuatro y nueve años, que viven con ella. El terreno de 10 por 20 metros que compró en 2011 fue usurpado en 2014 y desde entonces se ve obligada a convivir con quienes edificaron al lado de su hogar y, para colmo, la amenazan de muerte, la golpean y se burlan de su circunstancia gracias a los contactos que tienen en la Policía y la Justicia. Desde el año pasado, la mujer administra un merendero que atrae lugareños y le permite sentirse protegida. Ella pide al gobernador Gustavo Sáenz y los funcionarios de Derechos Humanos que se acerquen a su vivienda y vean el caso, ya que los tribunales la tienen de un lado al otro sin una solución.

El joven contaba 22 años cuando en 2020, mientras iba a bordo de una moto, fue atropellado de manera fatal por un automóvil en la ciudad de Salta. Según las pericias, el conductor del coche, Emilio Estanislao García Figueroa, circulaba excedido de velocidad y en ningún momento asistió a la víctima. Por eso, la familia del damnificado, con apoyo de la Fundación Cintia Fernández, dice que se trata de un homicidio y reclama que la causa sea elevada a juicio. Los deudos denuncian en paralelo numerosas irregularidades en la intervención policial y la pesquisa. También que al responsable de la tragedia, que había provocado otro hecho vial en 2016 con 34 heridos, tres de gravedad, ni siquiera le fue retirado el registro de conducir. El antecedente se produjo mientras García Figueroa, chofer profesional, circulaba al volante de un colectivo de larga distancia de la empresa Flecha Bus que volcó a la altura de la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy.

La joven tenía 24 años y era madre de una nena cuando fue asesinada por su concubino en 2019 en la habitación el inquilinato en que residían, en la ciudad de Salta. El autor del crimen, José Humberto Nieva, cumple cadena perpetua como responsable de femicidio. Pablo Maximiliano Nieva, primo del convicto, y Ruth Loayza, exnovia de aquel, cometieron falso testimonio y encubrimiento agravado. La querella estuvo a cargo de Juan Pablo Ochoa y Pablo Del Pino, abogados de la Fundación Cintia Fernández. Candela, la hija de la víctima, fruto de una relación anterior, tiene en la actualidad 8 años. La pequeña se encuentra protegida por la Ley Brisa, que prevé asistencia psicológica.

Myrian y Nicolás Céspedes narran que su hijo Gustavo, de 18 años, conducía una moto llevando a Patricio, su otro hijo de 13, y su amigo Alan Sbardella, de 15, cuando los tres fueron embestidos fatalmente por un automovilista alcoholizado y excedido de velocidad. Ocurrió en 2017 en el acceso de Colonia Pastoril, provincia de Formosa. El autor del crimen es Diego Torres, de 31, que conducía una camioneta ocupada también por cinco amigos. El mayor de los hermanos Céspedes traslada a los otros dos damnificados a una clase de catequesis. El asesino recibió tres años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para conducir. Myrian y Nicolás, respaldados por la Fundación Unidos por el Dolor, entidad formoseña de familiares de víctimas, piden una pena de cárcel efectiva.

Antonio fue víctima de un crimen vial en 2015 en la ciudad de Formosa. Circulaba en moto cuando fue embestido por un automovilista alcoholizado y excedido de velocidad que huyó del lugar. El homicida, José Santo Alfonso, fue identificado instantáneamente porque el impacto provocó la caída de la patente del coche, un Chevrolet Corsa. La familia del damnificado denuncia que el sujeto tiene al menos un antecedente, pues habría provocado otra muerte al volante, y además rechaza la posibilidad de un juicio a prueba. Myrian cuenta con el respaldo de la Fundación Unidos por el Dolor, entidad formoseña de familiares de afectados por distintas formas de violencia.

La chica tenía 20 años y era madre de una nena y dos varones cuando desapareció en 2013 en la ciudad de Formosa. Lo último que sabe la familia es que la joven se había peleado con su pareja, Ramón Héctor Aldana, papá de la pequeña y policía retirado, un hombre con antecedentes violentos que le había dirigido amenazas de forma repetida. Zulema cuenta con el respaldo de la Fundación Unidos por el Dolor, entidad formoseña de familiares de víctimas de distintas formas de agresión. Ha golpeado todas las puertas sin obtener una pista sobre el paradero de Gabriela y espera desesperadamente alguna respuesta de la Justicia.

Su hijo tenía 16 años cuando en 2018 fue presa de uno de los crímenes más conmocionantes de la ciudad de Formosa. El cuerpo apareció en un baldío con diversas fracturas de huesos, heridas previas y posteriores al fallecimiento, un agujero tremendo en el cráneo y signos de que intentaron desmembrarlo, entre otros indicios horrorosos. El terreno linda con el fondo de la casa de dos de los tres procesados: Marcelo Ezequiel Díaz, compañero de colegio de la víctima, y se papá, Marcelo Javier Díaz. Abigail Ivonne Samaniego, entonces novia de Díaz hijo y también miembro del curso de Jonathan, es la restante persona implicada. Los tres sospechosos permanecen en libertad mientras la familia de la víctima piden la realización de un juicio que revele la verdad y castigue a los responsables.

El policía de 30 años apareció muerto con huellas visibles de tortura en 2016 en el agua del riacho Formosa, en la ciudad homónima. Era padre de un hijo. Se desempeñaba como oficial inspector de la División de Drogas Peligrosas en la fuerza provincial. En el momento del drama se encontraba junto a ocho compañeros en un supuesto operativo plagado de circunstancias extrañas que sugieren una trampa o emboscada contra el. Aunque la Policía informó un ahogamiento, la madre denuncia un homicidio institucional. La hipótesis de ella es que la víctima conocía información comprometedora para sus superiores. La mujer renovó su pedido el 11 de julio en la Casa de la Memoria de la provincia de Chaco durante un conversatorio titulado: Nunca más violencia institucional.