testimonios

El subteniente de 22 años murió el 19 de junio de 2022 por los abusos que sufrió durante un rito de iniciación o bautismo militar en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Hay nueve uniformados imputados por homicidio simple y abuso de autoridad.

"Soy Ezequiel Chirino, el papá de Matías Ezequiel Chirino, el subteniente que ingresaba a Paso de los Libres, su primer destino. Tenía que iniciar su carrera como subteniente el 20 de junio. Lo citaron días antes para el famoso bautismo que estas sádicas personas... El capitán Claudio Ariel Luna, de 35 años, Rubén Darío Ruiz, de 35 años [igual jerarquía], Hugo Martínez Tárraga, de 35 años [ídem], el teniente primero Darío Emanuel Martínez, de 31 años, el teniente Manuel Aguilar, de 31 años, Franco Daniel Grupico, de 26 años [igual jerarquía], los subtenientes Luis Acosta, de 26 años, Gerardo Sebastián Bautista y la subteniente Claudia Daniela Cayata."

"En los Cuerpos Infantiles de la Policía de Salta se busca que los niños aprendan el respeto, honrar la bandera, honrar los himnos y cantos patrios; todo esto se ve muy perdido hoy en día; los Cuerpos Infantiles no perciben ninguna ayuda del Estado, todo es a pulmón; los padres se encargan de comprar a los niños todo lo que necesitan, porque ellos desfilan con un uniforme de gala; también tienen equipos deportivos; todo eso costeado por los mismos padres; muchas veces se hacen rifas o por ahí se organizan ventas de empanadas para poder recaudar fondos; por ahí se solicitan donaciones de pelotas, de elementos para que ellos realicen actividades deportivas; también se brinda una tacita de té o copita de leche, ya sea que los niños asisten al turno mañana o al turno tarde; todo eso es también gracias a donaciones o a que los padres están colaborando".

Ella es referente de los Cuerpos Infantiles de la Policía de Salta capital y presidente de uno en particular, el de la Dirección de Seguridad Urbana. El interior de la provincia tiene iniciativas similares en las localidades de Salvador Mazza, Los Toldos, Nazareno, La Poma, Las Lajitas, Iruya, Animaná, Morillo, San Antonio de los Cobres y Rosario de la Frontera. El espacio que lidera la protagonista de esta nota tiene profesores ad honorem de diferentes oficios y disciplinas, como taek wondo, folklore, ajedrez, costura, panadería o repostería. Unos abogados se encargan de pagar las clases de ajedrez, regalan eso; una mamá sabe costura y se encarga de ese taller; otra señora se ofreció para enseñar pastelería y panadería; taek wondo está a cargo del esposo de la instructora. Para quien desee donar a cualquiera de los Cuerpos Infantiles salteños, Alejandra actúa como nexo; su número de teléfono celular es 3874 147976.

"Creo que tendría que volver la ley 26.657, exigir esa norma para que la internación y la desintoxicación sean involuntarias; que la drogadependencia se tome como una enfermedad, porque ellos no están en su sano juicio como para decidir si internarse o no; que corra a costa del Gobierno el tratamiento, ya que es demasiado caro; que brinden lugares y centros de contención donde puedan ayudarlo, porque ya no queda otra, uno se cansó de hablarle, de contenerlo, de todo; hasta la misma familia te empieza a dar la espalda, quizás porque no entienden o no comprenden lo que uno siente al ver que un hijo se te hace mierda".

Ella vive en el barrio Ceferino de la ciudad de Salta, cerca del llamado bajo, uno de los núcleos de venta de droga de la zona. Integra el grupo de madres contra el paco, mujeres cuyos hijos padecen las adicciones y se sienten abandonadas por las autoridades frente a un flagelo que las sobrepasa en su rol de simples amas de casa y ciudadanas, pues se despliega en dimensiones múltiples y colosales. La protagonista de esta nota cuenta que su hijo se inició en el estrago a los 16 años consumiendo marihuana y luego pasó a otras sustancias: pegamento, cocaína y pasta base. La última, conocida como paco, es la que consigue de forma más habitual. Como consecuencia, la vida del muchacho y su familia es un drama cotidiano. A pesar de todo, sin minimizar su angustia, Natalia brinda un mensaje de admirables tezón y coraje.

Vive en la ciudad de Salta, donde integra la Comisión de Familiares contra la Impunidad y recibe el apoyo de la Fundación Cintia Fernández. Su hijo Esteban Rolando López, alias Polo, tenía 25 años, era papá de una beba de 20 días y trabajaba como caddie, oficio de quien lleva los palos del jugador de golf. Transcurría el año 2010. Mientras circulaba a bordo de una motocicleta, fue atropellado desde atrás por un automóvil y falleció antes de llegar al hospital a raíz de las lesiones que le generó la caída. 

El conductor, Jorge Sebastián Vujovich, abogado, recibió tres años de cárcel condicional y cinco de inhabilitación para manejar, en carácter de autor de homicidio culposo agravado debido al uso de automotor. El vástago de la voz de esta nota circulaba en una Guerrero GXL 125, tipo enduro. El victimario en un Chevrolet Astra. La familia López quiere demandar a Cecilia María Brandán, jurista de la querella, por la prescripción de la causa civil, medida que impide reparar económicamente a la nena que se quedó sin papá.

"Son muchas mamás, innumerables hijos que quedaron en el camino, multitud de jóvenes que tuvimos que sepultar y muchos chicos que tenemos que ir a ver a la cárcel por un Estado abandónico, por un Estado que se llena los bolsillos con la vida de nuestros hijos. Nuestro trabajo de visibilizar fue hacer tarjetitas de las adicciones, de los jóvenes para que en prevención otros adolescentes no lleguen al consumo, pero lamentablemente esto continúa con más fuerza. Volvemos a pedir que el Congreso apruebe la ley 26.657 para que los padres puedan internar a los hijos a puertas cerradas. Si nosotros tenemos que estar acompañándolos en una cama hasta llegar a la desintoxicación, estamos dispuestos".

Vive en la ciudad de Salta, donde junto a su esposo Juan Carlos tiene seis hijos y ocho nietos. El tercer vástago es René Gabriel, de 34 años, que empezó a drogarse a los 16 y como consecuencia del consumo, aunque por más de dos décadas la familia ha intentado con desesperación ayudarlo de todas las maneras posibles, en la actualidad duerme en la calle, como un indigente. El matrimonio integra el grupo Familiares contra la Impunidad y tiene el apoyo de la Fundación Cintia Fernández. Expresa que como pueblo es un deber impedir que el narcotráfico siga provocando muerte. Denuncia complicidad de políticos, jueces y policías. También que las instituciones de salud y los profesionales no están capacitados para atender a los afectados y, por dar solo un ejemplo puntual del horror que generan las adicciones, que en el Hospital Materno salteño hay 20 niños con HIV de chicas adictas.

Claudio Oscar Valdivieso, trabajador rural, tenía 28 años cuando en 2012 apareció ahorcado en circunstancias inextricables en una comisaría de Rosario de la Frontera, provincia de Salta. La familia denuncia que la hipótesis de suicidio es por completo insostenible, que el cuerpo tenía lesiones de carácter brutal y que la investigación del caso está plagada de irregularidades. Pide que una decena de policías se siente en el banquillo para dar respuestas por tortura seguida de muerte. Evoca profusa evidencia, por ejemplo numerosas fotos del estado del cadáver. El reclamo, que debe gestionarse en los Tribunales de Metán, es respaldado por la Fundación Cintia Fernández.

"A otras mamás, a otras esposas, a otras hermanas, a otras tías: que traten de seguir adelante, si por alguna mala jugada del destino les llega a pasar lo mismo que a mí; que traten de fortalecerse en la familia, de buscar justicia, de ayudar a los demás; es muy dificil salir de la depresión, de todas las cosas que se vienen a la cabeza, de toda la tristeza, de todo el vacío que te queda de por vida; porque esto es algo de por vida, que no se va; es como una aguja que tenés clavada en el corazón, que pincha todo el tiempo; por ahí estás bien, por ahí estás mal; pero que sean fuertes, que sigan adelante; hay muchas cosas por vivir, hay muchas personas que dependen de nosotros".

Vive en la ciudad de Viedma, Río Negro, donde lidera el movimiento Estrellas Amarillas de familiares de víctimas viales. Cristian Quezada, el padre de sus cinco hijos, iba caminando hacia su trabajo como pintor en 2014 en la ciudad de Neuquén cuando fue embestido y muerto por un automovilista alcoholizado. El criminal, Lucio Edgardo Martínez, era funcionario provincial y volvía de festejar su cumpleaños. Registraba un pedido de captura vigente por tenencia ilegal de arma de fuego.

El Renault Logan que conducía perdió el control, subió a la vereda, arrolló al peatón y luego hirió gravemente a dos personas que circulaban en moto. El desastre que provocó fue penado con tres años de cárcel en suspenso (nunca estuvo preso) y cinco de inhabilitación para manejar (que ya se cumplieron). Telma y sus hijos perdieron al esposo, el padre y el sostén de hogar; han sufrido penurias indecibles y continúan esperando justicia. En el fuero penal exigen un veredicto acorde con lo sucedido y en el civil que se concrete la exigua reparación económica dictada por los tribunales.

En diciembre inaugurará una plaza con el nombre del hijo en su ciudad, Rawson, provincia de Chubut. El joven tenía 24 años cuando el 18 de enero de 2021, mientras iba en bicicleta a trabajar, fue atropellado y muerto por un automovilista alcoholizado y excedido de velocidad. El criminal, Nicolás Suganuma, médico de 25, permanece en libertad aunque recibió un castigo de cuatro años de cárcel. 

"Soy Liliana Guerra; desde el Concejo la semana pasada se aprobó el proyecto para ponerle el nombre de Ronald Guerra a una plaza de Playa Unión y luego se me entregó el cartel con el apelativo de el firmado y aprobado por la Legislatura y el Concejo. Para la familia es algo muy emotivo un reconocimiento como este y recordarlo de esta manera, estoy inmensamente agradecida como mamá, porque Ronald no solo quedó en el corazón de la familia, sino en el corazón de todos los rawsenses que lo conocieron y tuvieron la oportunidad; y quienes no lo conocieron, lo vieron; se hizo querer mucho, el se hacía querer en segundos nomás; así que estoy inmensamente agradecida y emocionada por este honor que nos dieron como familia".

"No tenía respuesta, me cansé de llorar; tuve que agarrar unos delantales y llevarlos en un bolso; me cambié de maestra y fui a buscar, a buscar preguntando, preguntando y me dijeron: sí, los vemos por acá, los tipos andan por acá, señora; pero usted no tiene que andar, me dijo una vecina, no tiene que andar, por qué le digo, porque esos tipos son delincuentes, no tienen, digamos, miedo de nada, ellos le disparan o le hacen algo, no ande por acá; y yo no me achiqué, por mi hijo yo fui".

Gracias a que ella arriesgó la vida, la Justicia pudo dar con los prófugos. Sin embargo, después de 22 años, sigue esperando justicia. Se llama Verónica Cardozo, pertenece a la Comisión de Familiares contra la Impunidad y es mamá de Eduardo Rojas, estudiante secundario que tenía 18 años cuando el 4 de julio de 2000 fue muerto de dos balazos en la ciudad de Salta por sujetos que intentaban robar su moto. Aunque la querella acusa a una banda integrada por numerosas personas, el único condenado es Dante Nicolás Alfonso, autor de uno de los disparos. El hombre cumplió una pena menor por supuesto homicidio en riña. La familia de la víctima denuncia que los implicados tienen protección estatal y pide la reapertura del caso. En consecuencia, sufre agresiones y amenazas. Eduardo era el mayor de cinco hijos. En pocos meses cumpliría su sueño de incorporarse al Ejército Argentino.

Lleva una década y media pidiendo justicia. Carmen del Valle Barrera, vecina de la ciudad de Salta, denuncia que el sexto de sus siete hijos, Gabriel Maximiliano Suárez, es una víctima de violencia institucional. El joven era gendarme y tenía 23 años cuando apareció muerto de un tiro en la cabeza el 14 de noviembre de 2007 mientras se desempeñaba en la provincia de Corrientes. El muchacho le había contado a su familia que recibía amenazas y era perseguido por conocer vínculos entre su escuadrón, el número 48, y el narcotráfico. Los familiares describen la tragedia, ocurrida en el pueblo de Santa Lucía, plagada de circunstancias realmente extrañas, intrigantes; denuncian irregularidades escandalosas en la investigación y también en el desarrollo del  proceso judicial; y piden que se vuelva a abrir la causa, cerrada sin atenuantes con la carátula de suicidio.