Agitación en medios jurídicos por el posible fallo del TC sobre si el estado de alarma fue la solución adecuada ante la pandemia. Para que nos entienda todo el mundo la discusión consiste en cuánto se puede restringir por ejemplo derechos como a reunirse o la libre circulación y residencia en un modelo de estado con garantías como es el nuestro.

Son fechas de fin de curso y no está de más que se conozca los riesgos que tiene hacer trampas en los exámenes o en la mismísima selectividad o ebau. Ayer conocimos como la audiencia de Madrid ha condenado a un joven a un año y nueve meses de prisión. Bueno a él y a quienes colaboraron en los hechos que son considerados delictivos porque estábamos ante una falsificación de documento oficial.

La AN accede a la petición de la CAM que no está de acuerdo con las restricciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad que tanto perjudican a la hostelería como al ocio. La AN viene a reconocer la confusión de los ciudadanos y de los establecimientos que a estas alturas no sabemos cuales son las medidas adoptadas. Si hay toque de queda, hasta cuándo se puede abrir, la cantidad de comensales máxima que nos podemos sentar en una mesa, dentro, fuera del establecimiento…

El juez José Manuel Estebánez nos cuenta el nuevo engaño con el que nos podemos encontrar

Hablamos sobre hacer derechos con tokens con Rosa María García Teruel, doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili

Hablamos de lo último del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las reclamaciones de los afectados por la salida a bolsa de Bankia con el abogado Fernando Zunzunegui

Podcast de Ventaja Legal

Gran revuelo en el mundo financiero por la noticia, y tenemos que matizar sobre esa posibilidad de ejercer la acción de responsabilidad. Primero, que es un mensaje dirigido a los inversores cualificados. El tribunal de Justicia aclara que también ellos pueden exigir responsabilidad por la información facilitada en aquel folleto que se publicó en la oferta pública de suscripción de acciones.

Tras 5 años, parlamento y consejo sientan las bases de una Directiva con la idea de que si una empresa y sus subsidiarias ingresan más de 750 millones de euros durante dos años consecutivos tienen una obligación de hacer transparente mucha información que incluye desde lo que pagan en impuestos hasta su facturación, pasando por el número de empleados, la cuenta de pérdidas y ganancias e incluso sus movimientos hacia paraísos fiscales, todo según la Unión Europea.

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