Por su parte, Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, dijo que en estos cuatro años ha quedado al descubierto que al presidente no le importa la población, prueba de ello es que han cerrado más de 15 programas sociales y no se ha priorizado la construcción de hospitales.

Ivania Cruz, vocera del Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPPES, señala que el país en cuatro años ha estado sumergido en la falta de un Estado de Derecho y violación al debido proceso, donde la pobreza se criminaliza.

El actual presidente de la república cumplirá cuatro años en el poder y, según los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, hay grandes retrocesos que han provocado la ruptura de la institucionalidad en El Salvador.

Según Wilfredo Berríos, coordinador general del Frente Social y Sindical Salvadoreño, e integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, lo que se ha tenido en 4 años es un desgobierno marcado por la persecución sindical.

El representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía señala que si hay alza de la violencia como lo advierte el informe de inteligencia policial, indicaría que las pandillas siguen teniendo un rango de acción.

Ha trascendido que las autoridades salvadoreñas han girado instrucción de suspender licencias al personal policial, debido a resultados de un informe de inteligencia de posibles ataques de pandilleros. Pero según Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía, otro escenario posible es que la suspensión de licencias se deba a las concentraciones que pudieran haber el 01 de junio, debido a que se cumplen 4 años de gestión del presidente Bukele. 

Marvin Reyes señala que el mensaje de suspensión de licencias llegó por medio de un mensaje por la plataforma de mensajería WhatsApp y  no mediante un informe oficial. 

Reyes dice que esto es bastante difícil para los policías, ya que les obliga a no descansar y a seguir realizando jornadas extenuantes.

El Movimiento de Trabajadores Despedidos denunció la captura  del sindicalista Jorge Saravia. Según el movimiento la captura es arbitraria y la califican de persecución política. 

Según explicó el coordinador del Movimiento de Trabajadores Despedidos, Héctor Rodríguez, Jorge Saravia se encontraba con medidas sustitutivas al encarcelamiento desde el mes de enero, luego de solicitar a la alcaldesa de Nuevas Ideas, Cindy Andrade, el cumplimiento de las prestaciones laborales como salarios, entrega de guantes, uniformes, zapatos e implementos de limpieza para el personal de aseo, y por lo cual está siendo procesado.

Sin embargo fue capturado el viernes 26 de mayo a las ocho de la noche en San Marcos.

José María Tojeira lamenta que esto no permite evaluar las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país, donde no hay un debido proceso; además, se autoriza a la policía la flagrancia permanente, lo cual preocupa, ya que se da luz verde a la corporación policial de, por medio de juicios arbitrarios, detener a cualquiera sin prueba alguna.

Por otra parte, el defensor de derechos humanos dijo que el cierre fronterizo y militar impuesto en San Fernando, Chalatenango debe levantarse.

Por otra parte,  el sacerdote jesuita lamentó que las autoridades del país sigan ocultando datos. Esto  es grave ya que se desconoce la magnitud de las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país.

Según Tojeira el gobierno, a través de la Policía Nacional Civil, habría negado datos a las Naciones Unidas, como número de homicidios y otras estadísticas.

El colombiano Andrés Guzmán Caballero fue juramentado esta semana como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión. 

Ante su llegada el padre José María Tojeira espera que el nuevo comisionado presidencial no tenga una forma de pensar opuesta al pensamiento general de los derechos humanos y que defienda los derechos de la población no al gobierno.

Tras la resolución de la Sala de lo Constitucional, Bukele Siman ha intentado revivir el caso. Pero la Sala ha declarado no ha lugar, afirma el presidente de la Cooperativa Normandía, Moisés de Paz.