Por Milton Rodríguez

La suspensión de licencias a los agentes policiales no responde a temas de seguridad, sino a la intención de bloquear las manifestaciones que se realizarán en el marco del cuarto aniversario del gobierno de Nayib Bukele.

Así lo afirmó Stanley Quinteros, quien es secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador, una de las muchas organizaciones que integran la Alianza Nacional El Salvador en Paz.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía informó en su perfil de Twitter que se han suspendido las licencias para todo el personal de la PNC desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio del presente año.

Al respecto, Quinteros consideró que con esta acción, las autoridades de Seguridad buscan tener toda la plantilla policial disponible para utilizar sus “métodos de represión y amedrantamiento” en contra de quienes se quieran expresar en contra de Bukele.

La investigación de Cristosal revela que las muertes ocurridas bajo custodia del Estado fueron el resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas infligidas a las personas detenidas.

Cristosal señala que mediante fotografías y la información del propio Instituto de Medicina Legal, IML, se documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones en los cadáveres.

Cristosal dijo que casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas. Además, cerca de un quinto de estas muertes fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose incluso muertes por desnutrición, agregó Navas.

Cristosal presentó su informe sobre el primer año del régimen de excepción, el cual ha documentado de marzo de 2022 a abril 2023, un total de 153 muertes bajo la custodia del Estado.

Cristosal presentó la primera lista verificada de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documentó prácticas de tortura sistemáticas al interior de los centros penales.

El informe detalla los casos de 153 muertes durante el primer año del régimen. De estas, cuatro corresponden a mujeres y 135 a hombres.

Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal, explicó que ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención.

Mediante una decisión de la alcaldía de Santa Tecla se ha quitado el acceso peatonal en la entrada de la colonia Quezaltepeq para dar una entrada exclusiva a la colonia Santa Rosa, denunciaron habitantes de la zona, afectados con la medida.

El problema viene desde el año 2019 en la gestión municipal de Roberto d'Aubuisson; en ese momento la comunidad recaudó firmas y las envió al Viceministerio de Transporte, quien solicitó a la municipalidad tecleña hacer la rectificación de acera.

Sin embargo, la actual gestión municipal permitió la entrada exclusiva a la colonia Santa Rosa a pesar de violar el derecho peatonal, según la denunciante.

El programa de entrega de paquetes escolares y uniformes inició en la presidencia de Mauricio Funes. En esos años se invertía anualmente más de 73 millones de dólares para beneficiar a 1.3 millones de estudiantes de 4 mil 965 centros educativos a nivel nacional.

Sin embargo, según dijo Abel, hoy el programa se ha desmejorado mucho. Las autoridades de educación no se toman en serio este proyecto y los proveedores ahora están sumidos en deudas, ya que pese a que no se les entrega material completo el uniforme escolar debe ser entregado.

Proveedores de uniformes escolares han denunciado que el actual gobierno ha desmejorado el programa de entrega gratuita de uniformes a estudiantes de escuelas públicas. Abel ofrece sus servicios de elaboración de uniformes y dice que luego de la pandemia el Gobierno ha disminuido la cantidad de tela que les entregan para elaborar uniformes.

Debido a ello, los sastres y costureras han tenido que rebuscarse para poder cumplir con el pedido.

Por Milton Rodríguez

El régimen de excepción ejecutado desde hace más de un año en El Salvador y el interés en la postulación a la reelección por parte del actual mandatario salvadoreño marcan “el camino a la dictadura” en El Salvador.

Así lo afirmó José Melara, representante de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, al presentar su balance de los cuatro años del gobierno del presidente Nayib Bukele, que se cumplen este 1 de junio.

José Carlos Bolaños, uno de los despedidos dice que ha habido reinstalo pero muy mínimo, si se compara con la cantidad de despidos en la alcaldía capitalina. Sin dar cifras, Bolaños dice que la actual gestión municipal no ha reinstalado a algunos trabajadores, a pesar de la existencia de resoluciones a su favor.

López exige que las instancias correspondientes den respuesta a la clase trabajadora y les recuerda que tendrán que rendir cuentas si no lo hacen.

Representantes de trabajadores despedidos, en la actual gestión municipal de la Alcaldía de San Salvador, denunciaron que las instituciones como la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Trabajo y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia siguen sin dar respuesta a sus casos.

Recordaron que fueron despedidos el 30 de noviembre de 2021, bajo el argumento de supresión de plazas, pero sus puestos fueron asignados a otras personas, razón que obligó a recurrir a las instancias correspondientes. Sin embargo, a más de un año, no tienen ninguna resolución.

Amando López, coordinador del Movimiento de Trabajadores en Resistencia, denunció que sufrieron atropellos a sus derechos laborales en la alcaldía capitalina y las instancias correspondientes siguen sin dar respuesta.