Con la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, en junio de 2019, se suprimieron 5 Secretarías y se realizaron casi 3 mil despidos en diferentes instituciones del Estado.

Ante esta situación, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, el Movimiento de Trabajadores Despedidos y la Fundación para la Aplicación del Derecho, FESPAD, exigen a la Corte Suprema de Justicia mayor celeridad en los procesos interpuestos de amparo interpuestos por los afectados.

Las organizaciones reconocen y califican de positiva la pronta admisión de amparo de algunos exfuncionarios que ya gozan de la medida cautelar de reinstalo. Los trabajadores despedidos consideran que, por justicia, sus casos también ameritan ser atendidos.

Al respecto, Eduardo Bernal, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos, considera que sus casos cuentan con elementos de valor para que estos puedan ser admitidos y se dé una resolución que les favorezca.

Por otra parte, Elizabeth Carrillo representante de FUNPRES expuso que un 37 por ciento de los estudiantes del sector público reflejan más ansiedad, que los estudiantes del sector privado; Carrillo recalcó que el oriente del país refleja altos índices de ansiedad debido a la pandemia y las tormentas tropicales.

EL ministerio de Educación (MINED) y la Fundación Pro Educación de El Salvador (FUNPRES), presentaron los resultados socioemocionales de los estudiantes de Educación Media que recientemente realizaron la prueba AVANZO.

Los resultados de esta prueba muestran los diferentes niveles de ansiedad y depresión de los estudiantes como efectos de la pandemia por COVID-19, además, expone los intereses y proyecciones de vida de los estudiantes en el área educacional, laboral, social y familiar.

La Ministra de Educación, Carla Hananía manifestó que las estadísticas varian de acuerdo a la zona demográfica, es decir si estos se encuentran en el área rural o urbana, agregó que un porcentaje de los estudiantes aspira a continuar sus estudios superiores, otros han optado por trabajar, otros un descanso y un porcentaje considera emigrar del país.

Sandoval afirma que los actos con opacidad sumados a la discreción da como resultado la corrupción, una situación que se evidencia con la asignación presupuestaria al Instituto de Acceso a la Información Pública para el próximo año.

“Estamos volviendo a los 80, donde la ciudadanía no tenía acceso a la información, solo recibía la que le daba el Estado”, advierte Wilson Sandoval

Es triste y dramático que el Instituto de Acceso a la Información Pública haya perdido el objetivo para el cual fue creado y que el país retroceda en esta materia.

Así lo dijo el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Wilson Sandoval.

La recuperación económica por el covid 19, podría tardar de 3 a 4 años, señala la Cámara de Comercio.

Este jueves 17 de diciembre conversamos sobre el "Funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública", con Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC-FUNDE.

El 15 de diciembre de 2020, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que han concluido los acuerdos para la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) firmado en septiembre de 2019. En virtud del ACA, algunos migrantes que soliciten asilo o protección humanitaria similar en la frontera de los Estados Unidos serán transferidos a El Salvador para que busquen protección en este país.

El presidente de INSAMI, desde Los Ángeles California, en Estados Unidos, Salvador Sanabria, dijo que con este acuerdo se está perpetuando la política antiinmigrante del presidente Donald Trump.

El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acordaron iniciar la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), según anunció en un comunicado la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.

Ante este hecho el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, dijo que era una clara violación a los derechos humanos.

por otra parte, la caída de la producción agrícola, la falta de transparencia, irregularidades en el presupuesto y la corrupción por parte del Gobierno en la compra de insumos básicos al exterior y no a los productores nacionales, es un golpe a la economía local, aseguró Cesar Villalona economista y director de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES)