Las organizaciones sociales y sindicales del país exponen que durante los primeros 18 meses de la administración del Presidente Bukele han retrocedido significativamente las políticas públicas en beneficio de los salvadoreños.

Mhaydee Recinos integrante de la Federación Democrática Internacional de Mujeres expone que actualmente la propuesta de presupuesto general de la nación no contempla el financiamiento para las leyes que garantizan los derechos de las mujeres y que erradiquen las agresiones y las desapariciones de éstas.

El tres de noviembre el gobierno, mediante una nota institucional, informó que en esa fecha El Salvador reportaba 33 días sin homicidios. Según la nota, ese día se sumaba a la lista de fechas con cero muertes violentas durante la gestión del presidente Nayib Bukele.

Las estadísticas de la Policía Nacional Civil no concuerdan con las de la Fiscalía General de la República y con las del Instituto de Medicina Legal que a diario reportan homicidios.

Así lo confirmó el diputado del PCN Antonio Almendáriz al asegurar que los reportes de estas dos instituciones que llegan a la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa, no reportan haber tenido días con cero homicidios en los dos últimos dos meses.

En el marco del 37 aniversario de la Constitución de la República de 1983, juristas destacan logros en el sistema de justicia: como la creación de la Sala de lo Constitucional, la profesionalización de los cargos y la independencia judicial.

Según el Informe de FUNDE, elaborado con cifras oficiales, se prevé una recaudación por debajo de la meta del presupuesto en alrededor de 600 millones, lo que implicará un déficit fiscal alrededor del 11 ó 12 por ciento del PIB, en 2020 y una deuda pública ligeramente superior a 88.5 por ciento del PIB. Esto traerá consecuencias para el país, si el Gobierno no toma medidas eficaces, explicó Rodríguez.

La Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, ha presentado su informe sobre la “Situación económica y fiscal 2020” en el que se muestra que la actividad económica del país se recupera muy lentamente y, en términos interanuales, aún se mantiene una contracción económica.

Según el Índice de Volumen de Actividad Económica, al mes de septiembre se registra una caída en el dinamismo económico de 8.1% con relación al mismo mes del año anterior. Mientras que el PIB del segundo trimestre muestra una contracción de 19.2%.

Los efectos de la pandemia se han diseminado en todos los sectores económicos, siendo los más afectados al tercer trimestre: comercio, construcción, servicios profesionales e industria.

Además, con la emergencia sanitaria, el empleo formal se vio afectado considerablemente y sus efectos aún persisten, según explicó el economista de FUNDE, Rommel Rodríguez.

Este miércoles 16 de diciembre conversamos sobre el "Proyecto del Presupuesto General de la Nación 2021", con la diputada Yanci Urbina.

La representante legal del Centro de Ferias y Convenciones Cifco, Susan Calderón, solicitó al Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP) que anule la recusación de la comisionada Roxana Soriano por considerar que la decisión de los comisionados fue una actuación arbitraria que afecta gravemente los derechos de audiencia y defensa de Cifco.

La comisionada Soriano fue recusada por la apelante, la periodista Kenia Gómez de Radio YSUCA, la semana pasada, argumentando falta de independencia e imparcialidad.

El caso en el que se recusó a la comisionada es sobre la reserva de información del convenio entre el Centro de Ferias y Convenciones (Cifco ) y el Ministerio de Salud para ceder las instalaciones y construir el Hospital el Salvador.

El recurso de reconsideración presentado por CIFCO señala que la recusación contra la comisionada supone un daño indirecto en contra de los derechos de los cuales CIFCO es titular dentro del procedimiento, ya que le genera incertidumbre jurídica.

Pese a los argumentos dados por la representante legal del ente obligado, abogados consultados por YSUCA coinciden en que el artículo 54 de la Ley de Procedimientos Administrativos es claro al decir que ante una decisión en firme, el recurso interpuesto por CIFCO no procede.

Para el Sub director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Manuel Escalante, si el instituto acepta el recurso habría una clara infracción legal.

Por otra parte, el tercer boletín trimestral del OUDH, de julio a septiembre de 2020, registra 370 muertes violentas, un aumento del 33.21% respecto al trimestre anterior.

Para Escalante, la población sigue en un ambiente de inseguridad.

La semana pasada, Mauricio Arriaza Chicas renunció a su cargo como viceministro de Seguridad Pública para no enfrentar el antejuicio en la Asamblea Legislativa, por incumplimiento de deberes y desobediencia. Ahora la decisión se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República para que el funcionario, quien sigue fungiendo como Director de la Policía Nacional Civil, enfrente la justicia directamente en los tribunales.

Además, en la Asamblea Legislativa se fragua una nueva ley de Seguridad Nacional, que más allá de la militarización de las calles, tiene el riesgo de cambiar la dinámica del sistema político, el cual podría militarizarse es decir, que al ejecutar las decisiones gubernamentales se imponga el talante militar.

Para el sub director del IDHUCA y coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, Manuel Escalante, estas situaciones son el reflejo de que fallaron las garantías de no repetición tras la Firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

La respuesta a la pandemia por parte del Gobierno salvadoreño fue punitiva y no epidemiológica, lo que produjo una serie de acciones en detrimento de la garantía de los derechos humanos y la institucionalidad del país, según explicó Héctor Carrillo, director de acceso a la justicia de FESPAD.