Para Leonor Artega, de CONABÚSQUEDA, esta base de datos es urgente pues algunos familiares de las víctimas ya están falleciendo.

De acuerdo con Leonor Arteaga, comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas adultas desaparecidas en El Salvador y Elsy Flores, coordinadora de CONABÚSQUEDA, en el país hay una gran necesidad de consolidar un informe temático de carácter estatal y de crear una base de datos fidedigna que facilite las labores de búsqueda y localización.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido en la lista de violadores de derechos humanos al diputado José Antonio Almendáriz por su participación en la ejecución extrajudicial de la doctora Begoña García de Arandigoyen, de nacionalidad española. Hecho ocurrido el 10 de septiembre de 1990 en El Salvador.

Almendáriz se suma a otros 13 salvadoreños considerados violadores de derechos humanos en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2020, conforme a la Ley de Apropiaciones Continuas, 2021.

El diputado Almendáriz, con respecto al caso al que lo vinculan, aseguró que no fue llamado a defenderse a la Comisión de la Verdad que se instaló luego de los Acuerdos de Paz.

Según Rivera, los mensajes gubernamentales llevan implícito el discurso de la polarización y la irrupción del marketing de emociones, alejando a la población de la racionalidad. Un aspecto que ha quedado evidenciado en la encuesta: "La población salvadoreña opina sobre el proceso electoral de 2021", publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, IUDOP.

El sacerdote jesuita Ignacio Martín Baró, en su artículo “Encuesta de Opinión Pública como instrumento desideologizador”, publicado en la Revista de Psicología de El Salvador en 1990, hace referencia al término de mentira colectiva, en el marco de la guerra civil en El Salvador. Un término que vuelve a tomar relevancia con el discurso oficial, según explicó la catedrática e investigadora del departamento de Comunicación y Cultura de la UCA, Ivón Rivera.

Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a casi mil personas, la mayoría niñas y niños, mujeres y campesinos, del cantón El Mozote y otros sitios aledaños, según datos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993.

A 39 años de esta masacre, las víctimas siguen enfrentando los bloqueos de archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote y lugares aledaños por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, y de la Fuerza Armada. El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, certificó a la Fiscalía General de la República para que investigue si el presidente Nayib Bukele y el ministro de Defensa, René Merino Monroy, cometieron delitos al bloquear las inspecciones de archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

También el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, y otras organizaciones de la sociedad civil presentaron a la Fiscalía General de la República avisos por la supuesta “desaparición” de los archivos militares documentos sobre el conflicto armado, relativos a la masacre de “El Mozote y por el bloqueo a las inspecciones del Juez de San Francisco Gotera. Sin embargo, la Fiscalía aún no se ha pronunciado al respecto.

El juez también certificó su resolución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por los procesos de seguimiento que ambos tribunales realizan en cumplimiento de sus sentencias. A la fecha, estas instituciones tampoco se han pronunciado.

Además, recientemente el Director de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, Pedro Martínez informó que este año no entregarán los restos exhumados en 2016, bajo el argumento que Medicina Legal “no tiene capacidad para analizar restos de larga data en nuestro país”, según Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.

El 25 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad del Estado de El Salvador en los hechos denunciados y las violaciones a derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en El Mozote. Para 2020, el caso sigue en la fase de ejecución de la sentencia.

José Cruz Vigil, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote, afirma que la lucha durante estos 39 años ha sido difícil y lo más lamentable es que las víctimas están muriendo sin haber encontrado justicia.

En el 2020 ha habido retroceso en materia de derechos humanos, dice el procurador Apolinio Tobar.

El padre José María Tojeira pide a los periodistas generar conciencia en la población para que exijan a los gobernantes proyectos y políticas que no atenten contra los derechos humanos.

Por 20 años, los próximos gobiernos deberán cumplir las estrategias de Seguridad Nacional de manera obligatoria.

Este jueves 10 de diciembre analizamos "¿Qué mensajes está recibiendo la población a través de la comunicación gubernamental?", con Ivón Rivera, catedrática e investigadora del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA.