Una reciente investigación denominada "Desigualdades de Género e Inclusión Financiera en El Salvador", publicada en conjunto por la Fundación para el Desarrollo Centroamericano, FUDECEN, el movimiento global humanitario de lucha contra la pobreza, OXFAM, y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, IMU, con la colaboración de la Cooperación Española, señala que las mujeres son las grandes excluidas de los sistemas financieros.

Jessica Veloz, investigadora asociada de FUDECEN, dijo en la entrevista de YSUCA que 24 de cada 100 mujeres no tienen una cuenta de ahorro.

Por otro lado, señala que 49 de cada 100 mujeres usan el dinero que ahorran en comprar comida o pagar servicios básicos, 32 de cada 100 usan sus créditos también para comprar comida y pagar servicios básicos y 12 de cada 100 no están ahorrando o cotizando para su vejez.

Por todo ello, la investigadora reflexiona que “en El Salvador la pobreza tiene rostro de mujer”

El pasado 19 de mayo se desarrolló un evento, calificado como histórico, en el río Sumpul, zona fronteriza entre ambos países, donde participaron autoridades gubernamentales, locales y civiles de las dos naciones.

La actividad fue posible mediante una coordinación entre el Gobernador del departamento de Ocotepeque, de Honduras y el alcalde de San Fernando, Carlos Álvarez. No obstante, el edil chalateco manifestó que algunas personas del Ejecutivo salvadoreño, que fueron invitadas al evento, no atendieron el llamado.

Más de 300 salvadoreños permanecen separados de sus familiares que residen en los puntos fronterizos entre El Salvador y Honduras. Esto como consecuencia del cierre fronterizo y militar impuesto desde el 2020 en las cercanías de San Fernando, Chalatenango, por el Gobierno del presidente Nayib Bukele en el contexto de la pandemia y que ha ocasionado inseguridad alimentaria, falta de acceso a la salud e impide que connacionales pasen a sus cultivos de terrenos ubicados después del límite fronterizo.

Ante esto, el párroco de San Fernando, Jorge Cartagena, destacó que los habitantes de estas comunidades están siendo afectados desde hace más de tres años y urge a las autoridades que establezcan un punto migratorio.

Por su parte los comerciantes manifiestan que la afluencia de compradores es mínima y por consecuencia las ventas son bajas. Los vendedores han optado por reducir la compra de mercadería para lograr sostener la inversión y no tener pérdidas, relatan algunos de los vendedores.

El mercado San Miguelito lleva más de un año desde que fue consumido por las llamas, en septiembre de 2021. La demolición de la infraestructura inició este año y los trabajos han tenido retrasos, tras problemas con la empresa constructora y la comuna capitalina, según investigación periodística.

Clientes del mercado San Miguelito esperan que la comuna agilice la construcción, ya que no encuentran parqueos disponibles para dejar sus vehículos y comprar.

Espinoza recordó que el encargado de proceder contra las tres médicas es el Consejo Superior de Salud Pública, quien debe realizar una investigación antes de acusar a las tres profesionales públicamente.

La Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) El Salvador “Margarita Posada” condenó la actuación del ministro de Salud al despedir a tres médicas que, haciendo uso de su derecho a expresarse, manifestaron lo agotador de su turno ante el alto número de heridos. 

Sus declaraciones, aunque puedan ser desafortunadas, no implica que carezcan de vocación, pues nunca se negaron a atender a las víctimas, lo que sí sería una falta grave a su responsabilidad profesional y laboral, señala el colectivo. 

Eduardo Espinoza, coordinador del Capítulo de El Salvador ALAMES “Margartia Posada”, dijo que los médicos no se han negado a realizar su labor y manifestó que las autoridades de salud han exagerado.

Comunidades de Santa Marta denuncian presencia militar y policial en la zona. Señalan que desde horas de la mañana de este lunes la presencia de las autoridades se ha incrementado en algunas de las comunidades.

De acuerdo con una fuente policial, ayer domingo enviaron un mensaje que advertía que San Lorenzo, Santa Marta y otro cantón estaban plagados de pandilleros. Esta madrugada enviaron a los cerros alrededor de 3 equipos de militares, agentes de la policía rural y la Sección Táctica Operativa, STO, señala la fuente. Hasta horas de la tarde del lunes el dispositivo de rastreo seguía en la zona.

La comunidad de Santa Marta desconoce las razones por las que se ha incrementado la presencia policial. Estas son medidas intimidatorias para las comunidades, explica Alfredo Leiva, líder de Santa Marta.

Radio YSUCA tuvo acceso a la carta firmada por el ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda, en la que dice que el MINED en coordinación con el Despacho de la Primera Dama de la República, realizó un proceso de “evaluación psicopedagógica” a los menores. No obstante, la madre de un alumno de “la escuelita” desmintió la versión del ministro interino.

Pese a que el artículo 47 de la Ley Crecer Juntos otorga el derecho a los padres de familia de escoger el lugar que consideren idóneo para la educación y desarrollo integral de sus hijos, el Ministerio de Educación vulnera dicha normativa al imponer el traslado obligatorio de más de 70 niños con enfermedades crónicas atendidos en el Centro Escolar Reinaldo Borja Porras, ubicado al interior del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom".

Así lo afirman padres de familia de alumnos de este centro educativo que han sido convocados a reunión este 23 de mayo, donde se les informará los pasos a seguir para “la transición" hacia otras escuelas. Carolina Henríquez es una de las madres afectadas que critica esa manera de proceder de las autoridades estatales.