Don José Guzmán es un hombre de 65 años de edad que habita en un lugar aledaño a Nueva Concepción y viaja al centro de dicho municipio para hacer algunas compras. Relató que al viajar en el autobús fue objeto de registro, le pidieron que se bajara del automotor y que entregara su documento de identidad. Sin embargo, la fuente expresó que no le molesta tal medida pues, a su juicio, esta tiene como fin, la seguridad de las personas. No obstante, un joven de Nueva Concepción reprochó que los elementos de seguridad no toman con cautela el uso de tatuajes artísticos y los ven como si tuvieran relación con los de los grupos criminales.

El cerco militar instalado el pasado miércoles en Nueva Concepción, Chalatenango, afecta considerablemente el trabajo de los habitantes de dicho municipio. Así lo afirmaron lugareños de esta localidad que expresaron malestar ante los registros ejecutados por elementos policiales y militares. Es más, una de las fuentes dijo a Radio YSUCA que algunos comerciantes han optado por suspender el servicio a domicilio, pues les perjudica el actuar de los agentes que realizan la labor de detenerlos, registrarlos o hacerles una serie de cuestionamientos.

Otra de las denuncias del secretario general de SIMEDUCO es la persecución de maestros, de quienes se pide la suspensión, con acusaciones sin la debida investigación. Algunos señalamientos son por supuesto acoso sexual, dicen los maestros.

La leche y los frijoles siguen sin llegar a la totalidad de los Centros Escolares. Así lo denuncia el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).

El Ministerio de Educación debe entregar el paquete de alimentación escolar a 5,128 Centros Escolares y para ello dispone de 10.9 millones de dólares. Con estos paquetes se estaría beneficiando a más de 1 millón de estudiantes del sector público.

Pero el secretario general de SIMEDUCO, Daniel Rodríguez, dice que la leche y los frijoles no llegan a la totalidad de escuelas.

El proyecto de reformas a la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales fue recibido por diputados y diputadas del partido ARENA, en la entrada del Órgano Legislativo.

Según Quinteros, el decreto Legislativo 616, aprobado el pasado mes de diciembre, beneficia al gobierno ya que le permitirá el no pago de capital e interés, durante 4 años, a los más de $8 mil millones del Fondo de Ahorro para Pensiones y eso baja rentabilidad a trabajadores y trabajadoras.

Integrantes de la Central Sindical Independiente presentaron en la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas a la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.

Stanley Quinteros, integrante de la Central, dice que el Gobierno no quiere pagar intereses a los ahorros de fondos para pensiones y éstos dejarán de percibir intereses.

Hernández manifestó que la alcaldía tiene ingresos de los impuestos, se incrementó algunos de los tributos, por lo que cuestiona que aseguren que por razones financieras se harán despidos. El secretario de SITRASOYA agregó que aún les deben el bono de diciembre y salario de este mes que se cancelaba cada 20 del mes.

Lo preocupante dice Hernandez es que actualmente ningún empleado se atreve a preguntar ¿Cuándo les pagarán?, por temor a represalias.

Los trabajadores de la Alcaldía de Soyapango laboran bajo la incertidumbre y el miedo luego que el pasado 12 de mayo, por acuerdo del Concejo Municipal, se anunciaran nuevos despidos. Así lo informó Ovidio Hernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango, SITRASOYA.

Hernández confirmó que al interior de la comuna los trabajadores laboran bajo miedo, pues se desconocen las áreas en donde harán la supresión. De acuerdo con Hernández, existe un rumor en los pasillos de la comuna en la que se dice que despedirán a todos los empleados de antiguo ingreso.

Este hecho es grave ya que obliga a que la comunidad trans viva de manera irregular en su propio país, dice la representante de la Asociación Colectivo Alejandría. Karla Guevara dice que ser trans en El Salvador es vivir sometidas a violaciones constantes de sus derechos como personas.

La comunidad transgénero del país vive una vida llena de violencia, ya que a la fecha no pueden comprar casas o alquilarlas. Muchas veces se les impide que cambien sus cheques en los bancos y, si logran estudiar, no se les permite ejercer su carrera, dijo Karla Guevara, directora de la Asociación Colectivo Alejandría, 

Guevara dijo que todo esto pasa porque no hay una Ley de Identidad de Género en El Salvador, pese a que desde el 2016 se empezó a buscar legalizar un proyecto de este tipo y se decidió colocar ante la Corte Suprema de Justicia una inconstitucionalidad bajo la Ley del Nombre de la Persona Natural, porque se excluía a las personas trans.

La respuesta a esta inconstitucionalidad llegó en el año 2022 y se mandó a la Asamblea Legislativa para que se hagan las respectivas modificaciones a la Ley del Nombre de la Persona Natural, dándole el plazo de un año.

Sin embargo, Guevara dijo que la llegada del actual gobierno truncó la esperanza de lograr la identidad de género.