El aval para que los fondos del milenio tengan financiamiento ya ha sido dado desde la asamblea legislativa, sin embargo el ejecutivo no ha llevado a cabo el proceso de sanción correspondiente para dicho trámite.

José Luis Magaña, de panorama económico señaló a YSUCA que los fondos para el FOMILENIO II están en manos del ejecutivo y no de los diputados.

El 12 de noviembre, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa votó por el dictamen 372, con el que se ratifican los destinos del préstamo del BID por 250 millones de dólares.

Entre estos destinos está el aporte de la contrapartida del Gobierno para FOMILENIO II, por 50 millones de dólares, explica Magaña.

Palabras sin fronteras

Espacio para el análisis sobre la realidad nacional conducido por el Dr. Enrique Argumedo, catedrático de la UCA y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Puedes escucharlo a través de Radio YSUCA, los martes y jueves al finalizar los informativos de la tarde y la noche.

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Este lunes 07 de diciembre conversamos sobre "Libertad sindical y estabilidad laboral en el sector público", con Erick Zelaya y Sonia Viñerta, dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNTS.

Según el representante de Cristosal, si la ley considera que alguien atenta contra la seguridad nacional o desarrollo nacional podría cometer una infracción al marco legal y ser sujeto de una intervención punitiva y hasta una represión. Este riesgo se corre, ya que la propuesta tampoco hace alusión al concepto de seguridad democrática.

En esa misma línea de reflexión la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP) Liduvina Escobar señala que la competencia que la Ley de Seguridad Nacional le daría al COSEN ya la tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Declarar la información como secreta y ultrasecreta impactaría en el derecho de los ciudadanos de acceder a la información que maneje dicho Consejo.

La comisionada considera que el artículo 32 usurparía algunas competencias del Instituto.

Ley atentaría contra derechos humanos: Consejo reservaría información y decisiones se tomarían sin participación ciudadana ni rendición de cuentas

El anteproyecto de ley manda el mensaje de que solo los órganos de Estado resolverán los problemas del país, pero omite la participación ciudadana. Es contradictorio porque sin participación ciudadana no se puede concebir el desarrollo nacional, opina Manuel Escalante, subdirector del IDHUCA.

Aunque el artículo siete menciona que quienes dirijan el Sistema de Seguridad Nacional harán consultas a organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y organismos internacionales, con el objetivo de informarse para tomar decisiones, el proceso de deliberación y toma de decisiones se hace a puerta cerrada. “No es una estructura ni un funcionamiento pensado de cara a la ciudadanía”, reflexiona Escalante. No se percibe el aspecto de transparencia.

El anteproyecto de ley cierra la posibilidad a la rendición de cuentas, ya que las reuniones, actas y documentos del Consejo de Seguridad Nacional serán confidenciales, según el artículo siete.

De entrada, reserva la información de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Publica y deja claro que la información incluso podría clasificarse como secreta o ultrasecreta.

La ley tendrá carácter especial y “estará sobre todas aquellas leyes que la contradigan”, cita el artículo 38. Al ser el Consejo el que reserve información, incluso la Ley de Seguridad Nacional podría anular la Ley de Acceso a la Información Publica, explicó el subdirector del IDHUCA.

Por otra parte, Abraham Ábrego de la organización de derechos humanos Cristosal opina que al proponer políticas y estrategias a 20 años “se condena a otras generaciones y a gestiones futuras a una visión de gobierno determinada”. Pero además resalta que la propuesta no toma en cuenta la participación ciudadana en la construcción de la política o estrategias de seguridad nacional.

Proponer una política a 20 años no tiene sentido opina Abrego, ya que la realidad cambia constantemente y la política de seguridad nacional tiene que estar ajustada a los escenarios cambiantes.