El pasado 22 de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una respuesta incompleta ante la orden del Juzgado Medioambiental de Santa Ana.

Este, emitió una serie de medidas para verificar las denuncias realizadas por las organizaciones y comunidades de la zona, las cuales han constatado la construcción de una octava represa la cual estaría afectando a las comunidades de la zona.

Sofía Morán, integrante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco insiste en que construir esta represa no generará ningún desarrollo para la comunidad, ya que destruye las fuentes de vida y recursos ambientales de los habitantes de la zona.

Los ataques al Tribunal Supremo Electoral tienen el objetivo de deslegitimar a la institución para que no haya confianza en el proceso electoral, lo cual es perverso, según Oliva.

El Salvador está a 3 meses de las elecciones municipales, legislativas y para el Parlamento Centroamericano. En este marco se han registrado conflictos entre partidos políticos, en los cuales ha estado involucrado de forma directa el presidente de la República, Nayib Bukele.

Además, el Gobierno se ha negado a dar cuentas del uso de los fondos públicos, mientras usa los recursos para chantajear políticamente a las instituciones que considera contrarias a sus intereses, como lo ha hecho con la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial, las municipalidades y el Tribunal Supremo Electoral.

Ante esta coyuntura, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, el sacerdote jesuita, Andreu Oliva, dijo en que el país está en un rumbo equivocado en el área económica y en el ámbito político. Advirtió que el país puede encaminarse hacia una dictadura.

Este viernes 27 de noviembre tuvimos un "Análisis de la coyuntura del país", con P. Andreu Oliva, S.J., rector de la UCA.

Según el Grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, 11 asociaciones profesionales se inscribieron como entidades electoras, 9 de ellas cumplieron con todos los requisitos.

La terna quedó conformada por Roxana Soriano Acevedo, propuesta por la Asociación Salvadoreña de Abogados, Empleados Judiciales y en el Libre Ejercicio de la Profesión (ASAJELP); Carlos Balmore Santos Marín, propuesto por la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Administración de Empresas (ASPAE) y Óscar Mauricio Barrios, de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA).

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública presentó la semana pasada un escrito de solicitud de ampliación de medidas cautelares emitidas ante la demanda de inconstitucionalidad, presentada el mes de septiembre, en contra de las reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Xenia Hernández, del Centro de Estudios Jurídicos, ha afirmado que el proceso de elección de la terna por parte del Ministerio de Gobernación podría tener vicios de inconstitucionalidad.

AUDIO XENIA

Xenia Hernández manifestó la preocupación del Grupo Promotor por las decisiones que se están tomando en el Instituto de Acceso a la Información pública, ya que irían en detrimento de una institución clave para la transparencia en el país.

El total de alumnos inscritos en la Universidad de El Salvador asciende a 51 mil, y para el 2021 estiman un incremento de aproximadamente 12 mil estudiantes.

A la fecha, el plantel docente y administrativo que brinda servicios a los estudiantes, es de aproximadamente tres mil, dijo Sergio Reyes Secretario de organización de (SETUES).

Para el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno ha destinado dentro del nuevo Prepuesto General de la Nación un incremento de 10 millones de dólares, asignando un total de 112.7 millones de dólares a la Universidad de El Salvador. Este presupuesto estaría siendo estudiado por los diputados de la Asamblea Legislativa.

El monto ha sido focalizado por el gobierno al rubro de infraestructura, con lo que se estaría dejando sin financiamiento otras necesidades como: conectividad, gratuidad en acceso a la educación, salarios, becas de estudio y otros. Así lo dijo Edwin Oliva Secretario general del sindicato.

La PNC y la Fuerza Armada han traspasado sus límites dicen expertos en seguridad.

Pandemia, cuarentena y covid 19, tres palabras que han venido a modificar el estilo de vida de los salvadoreños y el mundo, afirma psicóloga salvadoreña.

Según los datos de Cristosal, las mujeres conformaron el 55.5% del total de víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador y las niñas, niños y adolescentes, entre 5 y 17 años, representaron el 44.4% del total de desplazados.

En enero de 2020 fue aprobada la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno, sin embargo el Gobierno aún no ha formulado su reglamento y por tanto tampoco ha designado un presupuesto para la ejecución de dicha Ley, según explicó Monti.