En lo que va del 2020, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han registrado más de 80 feminicidios, aunque la cifra representa una disminución con respecto a los registros del 2019, los casos de asesinatos contra las mujeres siguen quedando en la impunidad.

Además, la Fiscalía General de la República informó que atendió por violencia intrafamiliar a 3,347 mujeres desde enero hasta el 31 de mayo de 2020 y el portal de transparencia del Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez” registró 6,849 niñas “embarazadas forzadas” entre enero y junio de 2020, de las cuales 258 tienen entre 10 a 14 años.

Ingrid Palacios, de la Asociación Mujeres Transformando, en La Entrevista de YSUCA explicó las principales violaciones que se se han registrado contra la mujer en el país sobre todo en el marco de la pandemia COVID-19

Este miércoles 25 de noviembre conversamos sobre "Erradicación de la violencia contra la mujer", con Ingrid Palacios, de la Asociación Mujeres Transformando y Camila Portillo, de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoíris Trans.

El fiscal general de la República, Raúl Melara, asistió a la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto a dar insumos para el estudio que hacen diputados y diputadas para la aprobación del proyecto del Presupuesto General de la Nación 2021.

A su salida de la reunión, Melara planteó a la prensa su proyecto, que próximamente presentará, para garantizar la transparencia de las elecciones del próximo año.

Más de mil personas se desplazaron debido a las amenazas de pandillas y la PNC durante 2019 y 2020, según un informe presentado por instituciones del sistema de monitoreo  de desplazamiento Forzado

Por su parte, Maria Méndez de la Mesa Sectorial aseguró que el Gobierno aún no se ha acercado a los territorios para cuantificar las pérdidas de los cultivos.

La Mesa Sectorial de Gestión Ambiental y Cambio climático instó al Gobierno salvadoreño a implementar un plan de emergencia dirigido a las familias agricultoras afectadas por las tormentas Eta e Iota.

De acuerdo con Jesús Dueñas, integrante de la Mesa, las organizaciones comunitarias registran pérdidas en sus cosechas que rondan entre el 75 y 60 por ciento de frijol y maíz, respectivamente, por lo que piden el apoyo gubernamental para poder superar los efectos dejados en su fuente de trabajo.

El Tribunal Supremo Electoral pide apoyo a los organismos internacionales para vigilar los próximos comicios ante los ataques a las autoridades electorales.

Velasco también explicó que en el presupuesto 2021 se presentó un incrementó para la Fiscalía en comparación al 2020, sin embargo, esto afectaría planes de mejora, pues el monto difiere a lo que solicitó el fiscal para llevarlos a cabo.

De acuerdo a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, estas reducciones o estancamientos en las asignaciones presupuestarias a organismos de control obedecería al interés de mantenerlas en un mínimo de operatividad.

Acción Ciudadana, a través de su Observatorio para el Fortalecimiento Institucional, presentó el informe "Instituciones de control: asignaciones presupuestarias 2015-2020 y proyecto de presupuesto 2021”, que aborda el historial de los presupuestos institucionales, así como el propuesto por el Gobierno para el próximo año.

La investigación tomó como sujeto de estudio a seis instituciones de control, seleccionadas por su importancia en la fiscalización de fondos públicos, transparencia del Estado y combate a la corrupción, como la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, Instituto de Acceso a la Información, Tribunal de Ética Gubernamental y Corte de Cuentas de la República.

De acuerdo a Mónica Velasco, coordinadora del observatorio, algunas de estas instituciones reflejan presupuestos con un comportamiento totalmente estancado, entre éstas destacan: la Procuraduría General de la República y otras con claras reducciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y El Instituto de Acceso a la Información Pública.

Martínez enfatizó que el país no cuenta con un plan de desarrollo económico y social que permita determinar hacia qué resultados se está encaminando el presupuesto para el próximo año.