La diputada del FMLN Yanci Urbina lamentó que el presidente Nayib Bukele no haya cumplido su promesa a las familias de la colonia Nuevo Israel cuando les ofreció $10 mil dólares para construcción de viviendas.

En su lugar ha contratado a lobistas para lavar su imagen a nivel internacional y ha sido incapaz de resolver el problema a las familias, dijo la funcionaria.

Urbina se refiere a la nota de la agencia de noticias AP que esta semana dejó al descubierto que el Gobierno de El Salvador realizó un contrato con la empresa Invest El Salvador por la cantidad de $780 mil dólares para mejorar su imagen en Estados Unidos y tener acercamiento al gobierno de Joe Biden.

Con ese suman tres los contratos que ha firmado el Gobierno de El Salvador con lobistas extranjeros por una cantidad que sobrepasa el millón y medio de dólares.

La diputada afirmó que usar fondos públicos para “lavarle la cara al presidente” representa un despilfarro.

La toma de decisiones del gobierno debe incluir a las personas de las comunidades porque estas conocen directamente la realidad que enfrentan, manifiestan analistas de la UCA.

Trabajadores de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa presentaron una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debido a los despidos injustificados anunciados en la institución.

Según Xiomara Benítez, son alrededor de 36 las personas que se despedirán. Benítez dijo que el titular de la autónoma Paul Steiner está despidiendo al personal  y contratando a nuevo.

Recinos también denunció que ha habido una manipulación por parte del Gobierno del listado para la entrega de los paquetes agrícolas, con fines electorales.

Debido a las lluvias durante el año 2020, sobre todo las de los últimos dos meses, se reportan miles de familias con pérdidas materiales y de sus medios de vida, principalmente cultivos, animales domésticos y pérdidas de ganado. Esto, aunado a las afectaciones económicas que ya había generado la pandemia por COVID-19 ha provocado una crisis en el sector rural del país.

Mhayde Recinos, de la Alianza de Mujeres Rurales, que aglutina a más de 50 mil mujeres, dijo en La Entrevista de YSUCA que las familias afectadas no han tenido asistencia por parte del Gobierno, por lo que les ha tocado buscar iniciativas de sobrevivencia

Xenia Hernández manifestó la preocupación del Grupo Promotor por las decisiones que se están tomando en el Instituto de Acceso a la Información pública, ya que irían en detrimento de una institución clave para la transparencia en el país.

El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública presentó un escrito de solicitud de ampliación de medidas cautelares emitidas ante la demanda de inconstitucionalidad, presentada el mes de septiembre, en contra de las reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Xenia Hernández, del Centro de Estudios Jurídicos, afirma que si el Ministerio de Gobernación procede a la elección de la terna de candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, por el sector de profesionales, el proceso podría tener vicios de inconstitucionalidad.

Canasta básica y seguridad alimentaria en riesgo debido a pérdidas en la agricultura nacional y regional, señala la Concertación Regional para la Gestión de Riesgo.

También el ente contralor detectó que el Ministerio de Turismo pagó 700 mil dólares de manera injustificada para alquilar hoteles durante la pandemia.

Las auditorías fueron hechas entre el 11 y 13 de octubre y se corroboró dichas irregularidades. El presidente de la Corte de Cuentas añadió que el informe definitivo ya está listo y el caso pasará a juicio de cuentas.

El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, confirmó que notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible cometimiento de delito tras efectuar tres exámenes especiales contra el Ministerio de Hacienda donde se encontraron irregularidades en el manejo de fondos.

Según Anzora se corroboró que el Ministerio de Hacienda sí contó con el dinero en caja para hacer la transferencia financiera a la Asamblea Legislativa en el pago de salarios y el pago del FODES para las alcaldías.