Este viernes 20 de noviembre conversamos sobre "Vulnerabilidad socioambiental y acceso al agua potable", con Mhayde Recinos, de la Alianza de Mujeres Rurales.

Escuche la entrevista aquí:

Este viernes 20 de noviembre vence el plazo que el Tribunal Medioambiental de Santa Ana dio al Ministro de Medio Ambiente, Fernando López para que, entre otras observaciones, dé cuenta del proceso de consulta para la construcción de la represa Nahuizalco II sobre el río Sensunapán.

El Ministerio de Medio Ambiente estaría incumpliendo plazos, irrespetando la Ley de Medio Ambiente y desoyendo recomendaciones de instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Tribunal Latinoamericano del Agua, instancias que han emitido recomendaciones en pro de los derechos humanos y del ambiente.

Para las organizaciones, esta es una situación preocupante, según dijo Sofía Morán, del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Nahuizalco.

Las alcaldías tendrán menos recursos para el próximo año debido a las sobreestimaciones hechas por el Gobierno en el Presupuesto Fiscal 2021, advierten economistas.

El permiso ambiental para la construcción del proyecto urbanístico “Ciudad Valle El Ángel” avanza sin cumplir el debido proceso. Así lo señala el Foro del Agua. Por ello, piden al Juzgado Ambiental que audite el procedimiento de emisión de este permiso.

Los votos de Gómez, Suárez y Guerrero fueron suficientes para favorecer al presidente Bukele y revocar la entrega de las adendas de probidad. El voto de la comisionada Liduvina Escobar y del comisionado Andrés Grégori Rodríguez fueron en contra de la revocatoria.

La comisionada Liduvina Escobar explicó a Radio YSUCA que la resolución por mayoría se dio de manera irregular, aprobando la revocatoria sin un análisis previo y basándose en un artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos que desde su punto de vista no aplica para este caso.

Los tres nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ricardo Gómez, Luis Javier Suárez y Gerardo José Guerrero, elegidos este año por el presidente Nayib Bukele, se unieron para revocar una resolución que afectaba directamente al presidente de la República.

El anterior pleno de comisionados del instituto, el 22 de junio de este año, ordenó a la Corte Suprema de Justicia entregar la versión pública de las adendas o anexos presentados por Nayib Bukele ante la Sección de Probidad, cuando fungió como alcalde de Nuevo Cuscatlán.

La Corte negó la entrega e interpuso una demanda en la Cámara de lo Contencioso Administrativo, pero ante la llegada de los tres nuevos comisionados y antes de iniciar el proceso de defensa, el Instituto revocó de oficio la resolución del anterior pleno.

El análisis de la comisionada Liduvina Escobar es que no se valoraron los derechos de la ciudadana que hizo la petición de información y que habían quedado firmes en la resolución. Además, la resolución sobre la revocatoria significa un retroceso en el derecho de acceso a la información pública.

La abogada explicó que con la transformación que se produjo a partir de los Acuerdos de Paz, la Policía Nacional Civil iba a tener una profesionalización y un servicio diferente para la población en términos de seguridad pública.

Ha habido claras señales de una desnaturalización de la PNC y eso es bastante lamentable. Por ejemplo, a través de un vídeo difundido en redes sociales, se denunció que cuatro elementos policiales agredieron a un hombre luego de ser esposado. Este tipo de acciones han sido recurrentes en la Policía Nacional Civil, lo cual es preocupante dijo López.

La ocupación de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada; el desacato de la PNC a órdenes de la Asamblea Legislativa y de la Fiscalía General de la República y la obstaculización de agentes policiales a los allanamientos del Ministerio de Salud, por presuntas irregularidades en las compras efectuadas durante la pandemia, son muestras de la desnaturalización de la corporación policial, según la abogada y catedrática de la UCA, Ruth López.

Las familias necesitan implementos para el aseo personal pero sobre todo urgen de un lugar seguro donde vivir, así lo dijo el secretario de la Comisión Municipal de Protección Civil y coordinador del Albergue en Citalá, German Valdivieso.

Don Julio, quien es panadero, afirma que la situación económica de las familias albergadas es crítica, ya que han tenido que dejar de trabajar y los bancos les están exigiendo el pago de los préstamos, a pesar de las circunstancias que les está tocando vivir.