Acción Ciudadana presentó los resultados de una evaluación de Transparencia Activa 2023, la cual estima si las instituciones del Estado han cumplido la obligación proactiva de informar a la ciudadanía de forma permanente, actualizada, suficiente, relevante, sobre la gestión pública, sin necesidad de requerimiento previo.

Dicha evaluación la realizaba el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP; sin embargo, ahora ya no lo hace, acotó Acción Ciudadana. El monitoreo se realiza con base en el Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece la obligación de las instituciones de publicar información importante y ponerla a disposición del público, a través de los portales de transparencia.

La evaluación señala que ninguna de las instituciones estatales alcanzó el 100% de la calificación. La mayor nota es del Tribunal de Ëtica Gubernamental, TEG, con el 97% y la menor es de la Municipalidad de San Francisco Gotera con 0%.

De los órganos fundamentales, el Órgano Judicial alcanzó el puesto número 13 con el 62% de calificación, la Asamblea Legislativa en el puesto 31 con el 43% de calificación, y finalmente Presidencia de la República con 29% de calificación.

Graciela Ayala, coordinadora del Centro de Monitoreo de Acción Ciudadana, manifestó que la mayoría de instituciones se ubica entre el 60% y 30% de cumplimiento, siendo el promedio porcentual de cumplimiento de 45% de todas las instituciones seleccionadas. De las instituciones autónomas, la Dirección de Obras Municipales, DOM, es la que menos ha cumplido con la información oficiosa a pesar del alto manejo de presupuesto.

Ante esto, Judith Barrera, integrante de la "Campaña Azúcar Amarga", demanda la prohibición de los agroquímicos, ante el Día de Acción Global contra Monsanto.

Cada año se importan a El Salvador 4,300 toneladas de agroquímicos, esto equivale a 1.33 libras de pesticidas por habitante. Además, en el período 2022-2023 se cultivó un aproximado de 14,000 manzanas de caña de azúcar con el uso indiscriminado de glifosato.

El integrante de la “Campaña Ciudadana Azúcar Amarga”, José Acosta, advierte que la aplicación de agrotóxicos en el país llega hasta los mantos acuíferos superficiales y otros lugares que afectan la salud de las personas, daña a los seres vivos y a la naturaleza.

El impacto de los plaguicidas ha sido grande en el planeta. Uno de los principales productos creados por Monsanto es el glifosato, un herbicida que se aplica en cultivos como la caña de azúcar; herbicida altamente peligroso porque los estudios han comprobado que causa cáncer, según manifiesta el integrante de la “Campaña Ciudadana Azúcar Amarga”, José Acosta.

El estado de California, Estados Unidos, incluyó el glifosato en la lista de productos cancerígenos, por esa razón se prohibió, así lo manifestaron integrantes de la Campaña, en el Día de Acción Global contra Monsanto.

Rosa Chávez, líder comunitaria de San Luis Talpa, manifiesta que los cañales de la zona dañan las comunidades debido al uso de agrotóxicos.

La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua manifiesta que El Salvador está en la mira de las Naciones Unidas por la crisis ambiental, así lo expresaron los integrantes de esta organización en un conversatorio.

El integrante de la Alianza, Luis González, manifiesta que la injusticia hídrica es una realidad que viven las comunidades de El Salvador.

En la concentración del pasado miércoles afuera del hospital Bloom, una manifestante portaba un cartel que decía: “Responzabilizamos a este gobierno y a la primera dama de la República las consecuencias de trasladar a nuestros niños”. De igual manera se expresó Wendy Gavidia, madre de una niña con Síndrome de Down que estudia en este centro escolar luego de ser víctima de maltrato en una escuela regular.

Padres de estudiantes de la escuelita Reinaldo Borja del hospital Bloom rechazan el traslado de sus hijos a otras escuelas y señalan que el despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, por un lado promueve la Ley Crecer Juntos, pero también está violentando los derechos de la niñez. Los denunciantes señalan que la Dirección Departamental de San Salvador del Ministerio de Educación, MINED; la coordinadora de Inclusión Educativa de San Salvador, Erika Hernández y un representante del despacho de la esposa del mandatario salvadoreño están promoviendo el traslado de los menores. Ante esto, Salvador Castellanos, uno de los padres afectados con esta situación, cuestionó el actuar de las autoridades.

Un amplio despliegue militar, tanquetas e incluso helicópteros sobrevolando sobre sus casas. Así describe José Solorzano el cerco militar que se instaló en Nueva Concepción, Chalatenango, el pasado miércoles por el asesinato de un agente policial. La fuente, habitante de Nueva Concepción, dijo a radio YSUCA que con esta medida se vive un ambiente “bastante hostigozo”. Luego detalló que elementos policiales hacen registros al interior de algunos hogares y a los usuarios del transporte público.

El abogado defensor particular de Saúl Rivas Ortega arrestado en Santa Marta, Cabañas, manifiesta que para realizar un traslado, según la ley penitenciaria, el equipo técnico multidisciplinario debe realizar una evaluación para determinar a qué centro penal debe trasladarse.

Muñoz dice que desde el mes de marzo del presente año no tiene contacto con los detenidos de Santa Marta, por lo que se vulnera los derechos nacionales e internacionales de los líderes comunitarios. Muñoz responsabiliza al Estado en caso de que sus defendidos sufran daños en la salud.

Denis Muñoz, abogado defensor particular de Saúl Rivas Ortega, uno de los arrestados en Santa Marta, Cabañas, se presentó al Juzgado de Vigilancia de Sonsonate, donde solicitó, mediante un escrito, conocer las condiciones de salud de su cliente.

El detenido fue trasladado del Centro Especial de Salud exclusivo para reos en Quezaltepeque, departamento de La Libertad, al Centro Penal de Mediana Seguridad de Izalco en el departamento de Sonsonate.

El abogado defensor dice que su representado se encuentra mal de salud debido al padecimiento de diabetes y aunque la enfermedad está controlada necesita insulina. Es por eso que pide al Juzgado de Vigilancia que verifique si a Saúl Rivas se le garantiza los derechos fundamentales.