En el marco del Día Global de Acción contra Monsanto, el movimiento ReverdES llegó hasta las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, para exigir la suspensión inmediata de tales sustancias químicas. El movimiento remarcó las enfermedades relacionadas con el uso de dichos productos.

El ministro de Agricultura, Óscar Enrique Guardado, se comprometió este 17 de mayo a promover la prohibición de uso de agrotóxicos en El Salvador. Así lo manifestó Dalia González, integrante del movimiento político ReverdES, quien además destacó que el funcionario aseguró que sacará del país a Monsanto, una transnacional que produce y comercializa agroquímicos, que se usan para la agricultura y que contaminan el agua y los alimentos. En ese sentido, González advirtió que utilizar agroquímicos equivale a “más muertes” para los salvadoreños.

Violeta Pineda, es otra sobreviviente del cáncer. Se siente afortunada por haber terminado el tratamiento. Invita a todas las mujeres a realizarse la autoexploración para detectar a tiempo la enfermedad.

Como parte del programa “Promesa para Ganarle al Cáncer de Mama”, 50 mujeres sobrevivientes de cáncer recibieron prótesis de mama.

Este beneficio surge a partir de la alianza de la empresa AVON y la Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer (ASAPRECAN) para incrementar la detección temprana del cáncer de mama y reducir el número de muertes por este padecimiento.

Una de las beneficiadas es Marlene Molina sobreviviente de cáncer. Fue diagnosticada con la enfermedad en 2016 y pese a que el tratamiento es muy agresivo, Marlene no se rindió y enfrentó la enfermedad.

Los habitantes de la comunidad Las Victorias lamentan no tener una vivienda digna donde vivir.  La preocupación aumenta con la posibilidad de un desalojo. 

Cruz Emerita Dubón, habitante de la comunidad, dijo que hay funcionarios que se han acercado, sobre todo en tiempo de campaña electoral, pero luego se olvidan de lo que prometieron. Puso como ejemplo el caso del diputado de Nuevas Ideas por el departamento de San Vicente, Edgar Fuentes.

Habitantes de la comunidad Las Victorias, cantón Llanos de Achichilco, San Vicente, se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa debido a un posible desalojo de 185 familias.

Cruz Emerita Dubón, habitante de la comunidad, asegura que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, quiere vender las tierras donde habitan actualmente y dar escrituras a una cooperativa. Agregó que de ser desalojados afectarán a las familias pobres que habitan en esa zona que en su mayoría son agricultores.

Desde el año 2017, que se aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país, no se habían visto indicios de reactivación de la minería hasta la llegada del actual Gobierno, dice Vidalina Morales, presidenta de ADES.

Hubo acciones de parte del Gobierno salvadoreño que los llevó a ponerse en alerta ante la posibilidad de revertir la ley, señala Morales.

No se trata de indicios, sino de acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador, dice Alfredo Leiva, directivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social, ADES.

Como ejemplo señala la visita que han hecho a la comunidad personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería, explica Leiva.

Agrega que tienen conocimiento que ambas empresas han sido contratadas por el Gobierno y ya tienen listo el estudio.

Habitantes de la Comunidad Guajoyo del municipio de Tecoluca, San Vicente; Isla Tasajera, en el Estero de Jaltepeque, en La Paz y el Cantón El Triunfo, en el municipio de Santa Tecla, La Libertad, manifestaron su preocupación, pues aseguran sus actividades agrícolas, ganaderas y modos de vida se ven amenazados y no ven intervención del Estado a favor de la gente más pobre.

El Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones, MOVIAC, y comunidades afectadas por las amenazas de despojo de sus tierras mostraron su preocupación frente a la serie de amenazas de desalojo de varias familias en diversas zonas del país.

José Santos Guevara, integrante del MOVIAC, aseguró que en los últimos años las comunidades campesinas, indígenas y agricultores se ven amenazadas por grandes proyectos. Guevara externó que muchas familias viven angustiadas por la posibilidad de perder su hogar y tierras para labrar.

Guevara manifestó que las instituciones del Estado y el mismo Gobierno se ven pasivos frente a los despojos de las tierras.