La ley en mención entró en vigencia desde el 1 de enero del 2021, pero la Alianza cuestionó la falta de ejecución debido a que en los presupuestos nacionales del 2022 y 2023 no han sido asignadas las partidas presupuestarias que permitan la efectiva aplicación de dicha legislación. Esto, según Vásquez, imposibilita el diseño de una política inclusiva y evidencia el desinterés del Estado ante dicho sector.

Las personas con discapacidad en El Salvador han sido abandonadas por parte de las autoridades del Estado. Así lo afirmó Carolina Vásquez, directora de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, al señalar que han pasado más de dos años de la entrada en vigencia de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad y el gobierno de Nayib Bukele no ha elaborado el reglamento que facilitaría la aplicación de tal normativa. A su juicio, “es urgente” que el Ejecutivo emita dicho reglamento y una asignación presupuestaria en favor de este sector.

Teresa Hernández, de la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, explicó que en los últimos cuatro años se han realizado despidos y preocupa la forma en que se cierran las posibilidades laborales de las personas.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral señaló que El Salvador está en una grave crisis frente a las vulneraciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores salvadoreños. Más de 19 mil empleados han sido despedidos de diversas instituciones estatales desde 2019 a la fecha, según detalla la mesa.

Sonia Mestanza, de la Mesa Nacional por la Justicia Laboral, manifestó que el Estado lejos de velar por el respeto a los derechos humanos y los derechos laborales, los está vulnerando.

Mestanza añadió que el Gobierno salvadoreño intenta debilitar a los sindicatos y a la clase trabajadora.

Los padres expresaron angustia ante el traslado impuesto de su hijos, pues temen por la salud física y mental de ellos. Por su parte, Marina Müller, docente del centro escolar, advirtió que esto podría ocasionar que los niños ya no continúen con sus estudios debido al bullying o al mal trato que se les pueda brindar por otros niños en otros centros educativos.

Padres de familia y docentes de las aulas estacionarias del Centro Escolar Reinaldo Borja Porras, ubicado en el Hospital de Niños Benjamín Bloom presentaron un escrito dirigido a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, donde piden su intervención ante el posible cierre de tal centro educativo.

En el documento denuncian que el Ministerio de Educación está violando sus derechos al obligarlos a cambiar a sus hijos a otras escuelas que, según ellos, no son aptas para darles la atención especializada que requieren. Así lo afirmó Wilber Chávez, quien manifestó que esta acción contraría el artículo 67 de la Ley Crecer Juntos que les otorga el derecho a matricular a sus hijos en la escuela que consideren más idónea.

El Movimiento por la Defensa de la Tierra, del municipio de Tecoluca, denunció la captura de José Víctor Rodríguez Andazol, de 52 años de edad, quien reside en la comunidad Guajoyo, del Municipio de Tecoluca, en el departamento de San Vicente.

La captura ocurrió la noche del lunes cuando unos 8 soldados llegaron a la casa de Victor, argumentando que era reclamado por el régimen de excepción.

María Rivera, esposa del detenido explicó que a Victor lo habían detenido años atrás por un caso confuso, pero luego de un año, quedó libre. En esa ocasión obtuvo una carta de libertad. Según su esposa no le comprobaron ningún delito. Los soldados le dijeron que lo capturaban por haber estado preso anteriormente.

Samuel Ramirez del movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, MOVIR, aplaudió que el gobierno reconozca su “error” de haber capturado a personas arbitrariamente. Sin embargo Ramirez, lamenta que las autoridades minimicen el daño que han ocasionado a muchas familias con la muerte de su ser querido al interior de un centro penal.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó durante una entrevista televisiva que un aproximado de un 7 % de las personas capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas por no estar vinculadas con grupos de pandillas.

Villatoro dijo que del total de 68,720 detenidos casi 5,000 han sido puestos en libertad. Señala que fueron liberados porque las instituciones del sistema lo tiene que evacuar por respeto al Estado de Derecho.

Zúniga dice que está frente a dos realidades que son contradictorias, ya que por un lado del Ministerio de Educación le han dicho que los niños que serán trasladados no tienen condiciones graves de salud y que pueden estar en escuelas regulares. Sin embargo, está la otra realidad de los padres de familia que quieren que los niños sigan en la escuela del Hospital Bloom.