El Ministerio de Educación, mediante un comunicado, calificó de “rumores” el posible cierre del Centro Escolar Reinaldo Borja Porras, ubicado en el Hospital de Niños Benjamín Bloom. Esto surge luego que Radio YSUCA informara sobre la preocupación de los docentes y padres de familia ante la imposición del traslado de los niños a otros centros educativos.

Ante el comunicado del ministerio, la docente y secretaria del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúniga, desmintió al ministerio y aseguró que no se trata de un rumor y que la decisión del traslado de los estudiantes fue notificado en una reunión a la que asistió el director departamental Ronald Monterrosa, asesores pedagógicos y un representante del despacho de la primera dama, entre otras personas.

Para Zúniga, el ministerio debería ser más responsable y no decir que se trata de un rumor, ya que el proceso de traslado de los niños al Complejo Educativo República del Perú, del cual es docente, es una orden del Ministerio de Educación.

El sacerdote explicó en entrevista del canal TVX el significado político de esta media y describió lo que podría pasar si el gobierno de Nayib Bukele decidiera suspenderla. En ese sentido, el religioso subrayó que el problema de inseguridad no ha sido solucionado por completo en el país como dice la administración actual. A juicio del sacerdote, este “sólo está contenido” y al suspender el régimen de excepción se verá la contradicción en el discurso del oficialismo, al respecto.

El Salvador no puede vivir permanentemente bajo el régimen de excepción porque hacerlo equivale a aceptar las constantes violaciones de derechos humanos y que las leyes salvadoreñas no funcionan. Así lo consideró el padre Vicente Chopin al conocer que los funcionarios de Nuevas Ideas pedirán una nueva prórroga de la medida que se ejecuta desde marzo del 2022 y que, según organismos defensores de derechos humanos, ha permitido la captura de miles de personas inocentes.

La inflación acumulada de los últimos dos años minó también la economía, alcanzando un 12.3%, afectando los precios de los alimentos y bebidas alcohólicas, muebles y artículos del hogar, entretenimiento y recreación, bienes y servicios.

La canasta básica aumentó en el área urbana y en el área rural, indicó De Rosa.

La Universidad Francisco Gavidia, a través del Observatorio de Políticas Públicas, presentó su primer informe: Situación de País 2022. De acuerdo con el estudio, en el entorno económico El Salvador presentó un crecimiento económico de 2.8%.

Dicho crecimiento lo ubicó en el puesto número 15 de los 18 países Latinoamericanos por arriba de Perú, Chile y Paraguay. Sin embargo es el país con menos crecimiento a nivel Centroamericano, según explicó Claudio de Rosa, investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia.

Nicaragua, Honduras y Guatemala registraron un crecimiento del 4.0% y se prevé un crecimiento para el 2023 de entre el 3 y el 3.7%. Costa Rica por su parte obtuvo un crecimiento de 4.3%, República Dominicana 4.9% y Panamá 10%.

De Rosa explicó que la economía salvadoreña presentó “desaceleración”, por el menor crecimiento económico mundial. Otro factor es la baja inversión en El Salvador, que ha llevado a un bajo crecimiento.

Al consultarle sobre el comportamiento de los intereses crediticios en los últimos años, Villalona explicó que estos se habían mantenido estables hasta el 2021 cuando la inflación de precios aumentó significativamente en El Salvador.

Los salvadoreños han resultado afectados no solo por el alza de los precios de la canasta básica, combustible y servicios como la energía o el agua, sino también por el incremento de intereses en sus préstamos que, entre 2022 y 2023, ha subido un 29%. Así lo afirmó el economista César Villalona en entrevista con radio YSUCA donde detalló los sectores que han resultado perjudicados por el aumento de interés en los créditos. Entre estos, el experto destacó el caso de las familias que pagan préstamos anuales por una vivienda y han pasado a pagar $17 dólares más.

Integrantes de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral alerta a empleados y empleadas de otras alcaldías del país porque esta medida de supresión de plazas, a juicio de ellos, puede ampliarse y afectar a trabajadores y trabajadoras que durante años han dado el servicio.

Retrasos en pagos de salarios y otras irregularidades se registran en otras alcaldías del país, según Ovidio Hernández, integrante de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral dijo solidarizarse con trabajadores y trabajadoras de la alcaldía municipal de Soyapango porque el 12 de mayo del presente año se aprobó un acuerdo municipal para la supresión de plazas.

Sonia Mestanza integrante de la Mesa, dice desconocer la cantidad de empleados de la alcaldía de Soyapango que están en riesgo de despido pero los insta a trabajadores y trabajadoras a exigir respeto a la estabilidad laboral.

En representación de las víctimas, como querellantes, Cristosal presentó en 2021 la acusación contra 4 personas por asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbre de guerra. Entre los procesados se encuentran José de la Cruz Orellana, Luis Alonso Benavides Polío, José Inés Benavides Martínez y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.

Ángel María Chávez Aguilar dijo que su madre y su padre fueron parte de las 5 víctimas de dicho grupo que realizó ejecuciones extrajudiciales. La fuente aclaró que lo que pide es justicia y no venganza.