Por la ausencia de abogados defensores fue suspendida la vista pública programada para este lunes en contra de un “escuadrón de la muerte” acusado de torturar y ejecutar a civiles durante el conflicto armado. Así lo informó el jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales. Ante esto, el exprocurador de Derechos Humanos calificó que estos actos son "lamentables" y "revictimizantes" para los familiares de las víctimas.

Ortega enfatizó que hay una retardación de justicia en las instancias nacionales por ello se tuvo que acudir ante instancias internacionales. Esperan que la OIT una vez tenga toda la información emita una resolución en favor de los trabajadores y condene al Estado de El Salvador por vulnerar los derechos sindicales.

Ortega dijo que están recabando también más información con respecto al despido de más de 2 mil trabajadores a quienes según Ortega, no se les realizó el debido proceso por parte de la Asamblea Legislativa.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Legislativa, SITRAL, fue notificado por la Organización Internacional del Trabajo OIT que en el plazo de un mes entregue información sobre los casos de diez miembros sindicales despedidos por la Asamblea Legislativa.

La demanda interpuesta por el sindicato en la OIT, con sede en Costa Rica, en marzo pasado es por violaciones a la libertad sindical y al fuero sindical por el presidente y junta directiva de la Asamblea Legislativa.

El Secretario general del Sindicato, Luis Ortega, explicó que la Asamblea Legislativa violentó el fuero sindical, que la misma Constitución y Convenio de la OIT, les otorga a los trabajadores organizados, señala Ortega.

De acuerdo con el secretario general del SITRAL, se está en proceso de recopilar información sobre cómo están los casos de los diez directivos sindicales que fueron despedidos de la Asamblea Legislativa en instancias nacionales, a donde acudieron y hasta la fecha no se ha tenido respuesta, explicó Ortega. También la Asamblea Legislativa debe brindar información a la OIT sobre el despido de los trabajadores.

Este caso fue llevado a los juzgados en 1992 por parte de María Julia Hernández, quien solicitó las primeras exhumaciones que se hicieron hasta el siguiente año. No obstante, el abogado dijo que tal proceso no logró avanzar debido a que los gobiernos en turno “han puesto obstáculos”. Díaz explicó que actualmente el proceso se encuentra en fase de instrucción y recalcó que las autoridades ya tienen hasta los nombres de los responsables para procesarlos si de verdad tuvieran voluntad de hacer justicia.

Han pasado 43 años de la masacre ocurrida en el Río Sumpul de Chalatenango en la cual, según investigaciones, el Ejército de El Salvador habría quitado la vida a 600 personas. Ante eso la justicia salvadoreña “duerme el sueño de los justos”, ya que no ha procesado ni siquiera a uno de los responsables de esta matanza, a pesar de contar con pruebas y testimonios sobre este acto genocida. Así lo dijo Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.

El jurista que representa legalmente a los afectados por el derramamiento de sangre de mayo de 1980 también apuntó que las comunidades de Chalatenango nunca han recibido una solicitud de perdón de parte de gobiernos anteriores, ni del actual. Es por eso que Díaz pidió al Estado salvadoreño que haga justicia y repare los daños ocasionados a las víctimas de esta matanza.

Carlos Ernesto Santos Abarca desapareció el 1 de enero de 2022 en los alrededores de la colonia Monserrat, en San Salvador. La desaparición tiene 500 días y las autoridades no han podido resolver el caso.

La madre del joven desaparecido manifiesta que seguirá buscando a su hijo y pide a la Fiscalía General de la República que agilice la investigación.

Al terminar la pega masiva de fotografías, la madre, en calidad de víctima, presentó un escrito solicitando a la Fiscalía algunas diligencias de investigación, entre ellas, que se tome una muestra de ADN, para que se tenga en el expediente, en caso de encontrar algunos cuerpos.

Kerlin Belloso, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), manifiesta que la familia del joven desaparecido está afectada física y psicológicamente.

La falta de claridad en la investigación que debe realizar la Fiscalía General de la República (FGR), en el caso de la desaparición de Carlos Ernesto Santos Abarca, hizo que la madre de la víctima y organizaciones de derechos humanos realizaran una pega masiva de fotografías de su hijo en la zona de la Parroquia “Cristo Redentor”, en la colonia Escalón, hasta la sede de la Fiscalía donde se encuentra el caso del joven desaparecido.

Eneida Abarca, madre del joven desaparecido, asegura que las investigaciones no avanzan y únicamente le llaman para pedirle que no publique el nombre de la fiscal del caso y de un agente de la PNC que, en los 500 días que lleva desaparecido su hijo, no han brindado información al respecto.

El informe señala que la participación de funcionarios o empleados públicos como principal perpetrador de las agresiones representa más del 50% de los casos documentados.

Por su parte Gladys Larin, también integrante de la mesa, añadió que el régimen de excepción también ha generado reformas a la leyes que al final han servido como leyes mordazas para el periodismo.

Otro factor que se abona a las vulneraciones de los derechos de los defensores son los ambientalistas que se suman a los ataques y criminalización por el Estado salvadoreño, agregó Larin.

En el análisis general de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos se ha identificado un total de 328 agresiones, siendo las más recurrentes la difamación o descrédito (74), el acoso u hostigamiento (29), la restricción del ejercicio periodístico (26), el ciberacoso o ciberbullying (26), la estigmatización (23), las amenazas (19), entre otras.

Larín y Nataly Paz, ambas integrantes de la mesa, expresaron que el 2023 el panorama no es nada alentador.

La Mesa por el Derecho a Defender Derechos presentó un informe de agresiones contra personas defensoras y periodistas 2022, el cual señala que en El Salvador se ha evidenciado la persistencia de un patrón de agresiones.

Los datos del año 2022, de la mesa, contabilizan en un primer registro 182 casos y el segundo 82. El informe muestra un cambio en la forma del ataque. En el período anterior se caracterizó como individuales y se transformó en agresiones más colectivas.

Gabriela Colocho, integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, manifestó que el 50% de los casos de agresiones provienen de agentes estatales y funcionarios públicos.

Urbina explicó en la entrevista de radio YSUCA que el cambio climático es la alteración que se le atribuye al clima vinculado a la actividad humana y está entrelazado a aquellas prácticas que generan impactos devastadores en las comunidades más vulnerables. El representante de la UNES profundizó en la situación que vive El Salvador respecto a este tema y en ese sentido lamentó que no haya habido interés de parte de la Asamblea Legislativa de aprobar una ley de cambio climático que ayudaría a contrarrestar tales afectaciones.