Además manifestaron que en la escuelita del hospital los niños reciben calidad, calidez, comprensión, fomento de valores, fortalecimiento de la autoestima, adecuaciones curriculares acorde a la madurez intelectual, entre otras condiciones.

Los padres de familia han pedido la intervención de la primera dama y le han solicitado les conceda una audiencia, pero desde el 27 de marzo no han obtenido respuesta.

Las delegadas del Ministerio de Educación les han dicho a los padres y docentes que poner fin a las aulas estacionarias en el hospital Bloom es una orden de la primera dama.

Obtención de firmas poco transparente

Las delegadas del Ministerio de Educación, en su afán de desaparecer las aulas estacionarias, usaron las firmas de asistencia a una reunión de los padres de familia para luego decir que eran firmas que indicaban que estaban de acuerdo con el traslado de sus hijos a otras escuelas, denunció la maestra.

Ante la decisión vinieron también las ofertas. A Marina le ofrecieron trasladarla a la escuela Fernando LLort, de San Salvador, para que continúe trabajando con los niños. Pero querían hacerlo de manera obligada, lo que violenta la Ley de la Carrera Docente, que señala que no se puede obligar a un docente a trasladarse, si no quiere. “Hasta ese grado han llegado a querer violentar mi derecho como educadora”, dice Müller.

Pero además de las consecuencias para los maestros que pueden ser reubicados en otros centros escolares, no hay alternativa viable para los niños, niñas y adolescentes, ya que los quieren ubicar en escuelas cercanas al domicilio, pero que no son idóneas para el aprendizaje de los niños.

Ante la posibilidad de que las aulas estacionarias desaparezcan, la maestra teme que los estudiantes abandonen sus estudios.

Esta semana les informaron que a más tardar el 17 de mayo los niños ya no podrán recibir clases en las aulas del Hospital Bloom. No es un consenso,  es una imposición, dice la maestra.

Actualmente son 75 los estudiantes, el 70 por ciento reciben clases en salas, es decir en el lugar donde están ingresados

Son 6 los maestros que se desplazan a donde están los pacientes. El 30 por ciento recibe clases en aulas estacionarias, para lo cual están destinadas 3 maestras. A las aulas estacionarias, los niños van y vienen cada día. Son niños y niñas pacientes del hospital que no están ingresados, pero tienen padecimientos que ameritan un aprendizaje especial.

Muchos son niños con epilepsia, dislexia, retraso mental y de lento aprendizaje que no se han adaptado a una escuela regular, explica la maestra del turno vespertino, Marina Müller.

Tal refuerzo no representó ninguna sorpresa para el experto tras evaluar la tendencia financiera de Capres durante los últimos años cuando se ha evidenciado un aumento presupuestario de más del 80%. Es más, el especialista advirtió que en los próximos meses seguirán dando más fondos a dicha cartera de Estado debido a que el 2023 es año preelectoral.

El economista Rafael Lemus criticó duramente que el gobierno de Nayib Bukele prefirió pedir dinero para solventar “gastos políticos” de Casa Presidencial (Capres), en lugar de preocuparse por pagar la deuda adquirida con los trabajadores al tomar dinero del Fondo de Pensiones. La Asamblea Legislativa aprobó el jueves un refuerzo de $15. 7 millones a la Presidencia de la República que se suma a los más de $100 millones aprobados en el presupuesto 2023. Ante esto, Lemus reprochó que con los fondos recién asignados a Capres no se beneficiará en nada a la población.

El presidente de la Cooperativa Normandía, Moisés de Paz, dice que el sistema judicial no les da respuesta desde hace 9 años, razón por la que exigen que no se retrase la audiencia.

Habitantes de la Cooperativa Normandía se concentraron en el kilómetro 98 de la Carretera del Litoral para mostrar su descontento con los jueces de primera instancia del Juzgado de Jiquilisco, Usulután porque reprogramaron la audiencia.

Exigieron que se realice la audiencia probatoria a más tardar el día 20 de mayo ya que la habían reprogramado para el día 15 de mayo y nuevamente la vuelven a suspender y la reprograman para el día 5 de junio del presente año.

Isaías Blanco, representante de la Cooperativa manifiesta que exigen que el próximo 20 de mayo sea la audiencia.

En 2022, la Asamblea también aprobó un decreto de retiro voluntario para empleados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Órgano Judicial. Sobre la propuesta de Hacienda, Rodríguez teme que el gobierno incumpla con el pago a los empleados del Ejecutivo y autónomas como ha sucedido a trabajadores de otras entidades que se han apegado a dicha iniciativa.

El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta para emitir una Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del Órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas.

El objetivo de la iniciativa, según el documento, es que los empleados de dichas entidades que estén bajo los regímenes de Ley de Salarios o de Contrato reciban una compensación económica de hasta $25,000.

No obstante, Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, pidió que se considere una propuesta presentada anteriormente en la que se establece que el pago a los trabajadores sea de hasta por $30,000.