Óscar Chacón, de Alianza Américas, explicó que la suspensión de tal medida significa que se regresará a un esquema cambiado, ya que se ha fortalecido las reglas que permiten a la patrulla fronteriza hacer deportaciones inmediatas . Además, el experto lamentó que la ley de protección humanitaria vigente en algunos países del mundo es “bastante obsoleta” y no toma en cuenta factores actuales que permiten la expulsión de migrantes.

La finalización del Título 42 afectará a las personas que huyen de la persecución que sufren en sus países. Esto, según el presidente de Fundación Share, José Artiga, también perjudicará a los salvadoreños que salen del país con el fin de evitar ser encarcelados injustamente por el régimen de excepción.

El Título 42 es una medida implementada en 2020 con el fin de evitar la propagación de COVID-19 y que establece la expulsión de todas las personas que crucen irregularmente a territorio estadounidense. Dicha disposición finalizará a las 11:59 p.m. de este jueves 11 de mayo y de acuerdo con Artiga “niega el derecho de pedir asilo”.

El Gobierno estadounidense quiere aprovechar el fin del Título 42 para desincentivar la migración irregular, por la migración regular, a través de vías legales para aquellas personas que buscan ingresar a Estados Unidos como solicitantes de asilo, refugiados o migrantes.

Según Youth, se ha incrementado la asistencia para los migrantes que quieran de manera legal ingresar a Estados Unidos, Canadá y España. Para saber cuáles son los requisitos, para ver si se califica puede visitar la página web: www. movilidadsegura.org

Por su parte, Blas Nuñez-Neto reconoció que prevén un incremento de migrantes en las fronteras. Señala que están listos para la atención, procesamiento y refugio para los migrantes que se sometan a los programas de asilo en los centros de migrantes.

El Título 42 es una norma que permitía a las autoridades norteamericanas expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos, para evitar la propagación de la covid 19.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional y Marta Youth, subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, recordaron que la norma de Salud Pública impulsada por la administración del expresidente Donal Trump, Título 42, llegó a su fin.

De acuerdo con los representantes estadounidenses, una vez finalizado el Título 42 entrará en vigencia el Título 8, una acción similar pero con consecuencias más graves, pues está sujeta a una prohibición de admisión a Estados Unidos de al menos cinco años.

Marta Youth aclaró que la frontera de los Estados Unidos no está abierta a la migración irregular. Instó a que a pesar de que termine la norma de salud, las condiciones no cambiarán.

Las condiciones ambientales y de calidad de agua en el país son graves y seguir dañando esos recursos naturales sólo pone en peligro el agua en El Salvador y en la región, explicó la ambientalista. Un claro ejemplo del efecto de la minería metálica es el río San Sebastián, en La Unión, el cual prácticamente está sin vida por la alta contaminación de ácidos, ejemplifica González.

Las organizaciones manifestaron que el Gobierno de El Salvador y de Guatemala están ignorando los daños de la minería transfronteriza en la región. Nelly Silva, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, dijo que la lucha contra la minería lleva 15 años y es lamentable que los gobiernos no quieran poner un alto a estos proyectos nocivos para la vida.

“No vamos a desistir de la lucha contra la minería metálica”, ese es el compromiso que los integrantes de organizaciones ambientalistas de El Salvador y Guatemala expresaron ante la “falta de acciones para detener la minería transfronteriza en la región”.

Ariela González, de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, recordó al Gobierno salvadoreño que el país cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica. González manifestó que existen amenazas debido a las relaciones de representantes del gobierno con empresas mineras, algo que solo viene a encender las alarmas en El Salvador, pues no se puede retroceder y volver a instalar la explotación minera, agregó González.

Unos 250 docentes que pertenecen a la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador continúan denunciando la falta de pago. Según dijo Rigoberto Membreño ya suman 4 meses.

Membreño dijo que los profesores afectados con el impago de sus sueldos han cumplido con las asignaciones académicas que les competen, pese al atraso.

Los docentes eventuales han señalado, por medio de un comunicado de prensa, que durante el ciclo académico han sido sometidos a abusos, además denunciaron que los pagos ya han sido aprobados por el Consejo Superior Universitario, pero éste no ha sido efectivo.

El especialista apuntó en la entrevista de radio YSUCA que, según lo expuesto por las calificadoras, durante esos cuatro años no llegará ni capital ni intereses al Fondo de Pensiones. Además, cuestionó que se haya declarado en reserva el manejo del dinero de los trabajadores y que la Superintendencia del Sistema Financiero no haya publicado nada sobre el tema durante los últimos cinco meses. “Esto se llama corrupción”, remarcó Pineda.

Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, criticó duramente la decisión del gobierno de Nayib Bukele de cambiar las reglas para el pago de la deuda de pensiones que recientemente se dio a conocer por las calificadoras de riesgo.

Ante esto, el experto destacó que es algo “tan delicado” que entre otras cosas, otorga un período de gracia de cuatro años al Estado a un valor del 7%. En ese sentido, Pineda señaló que si bien dicho canje dará un respiro al Ejecutivo, esto también afectará a la población, ya que se perderán más de 2 mil millones de dólares del Fondo Previsional y más de 2 mil dólares de cada cuenta personal.

La masacre del Sumpul sucedió entre el 13 y 14 mayo de 1980, y según los familiares unas 600 personas entre hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados por militares.

Los familiares de las víctimas lamentan que ningún gobierno haya respondido a sus demandas y, al contrario, han puesto obstáculos con la creación de leyes, como la Ley de Amnistía General y la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa anterior en 2020 y vetada por el presidente Nayib Bukele. Con esa ley se eximía de responsabilidad penal a los imputados a cambio de confesar el paradero de los cuerpos de las víctimas.

Los familiares de las víctimas también dijeron estar preocupados por el clima político actual debido a la persecución, acoso y militarización hacia organizaciones de derechos humanos.