Es urgente que se ponga fin a los 43 años de impunidad en el caso de la masacre del río Sumpul, dicen los familiares de las víctimas y algunos sobrevivientes. Aplauden que se hagan las exhumaciones de los restos de los fallecidos, sin embargo se debe caminar a la justicia, reparación y verdad, señala Teofilo Córdova Delgado, presidente de la Asociación Sumpul.

Añadió que el Estado debe asumir con responsabilidad el caso, además se debe procurar reconocer la veracidad de los hechos, se debe pedir perdón a las víctimas, así como garantizar una reparación material que incluya una pensión digna.

Córdova también enfatizó en la necesidad de crear programas de salud mental, proyectos de vivienda, educación, espacios físicos de recreación que brinden a los sobrevivientes condiciones de esparcimiento y procurar el camino para borrar la impunidad.

Según las familias, líderes comunitarios les ofrecieron tierras a cambio de $2,000.00. Por el deseo de tener una propiedad se instalaron en la zona que hoy deben desalojar. Afirmaron que por ese engaño hay una persona arrestada.

Uno de los afectados pide que se investigue la forma en que el supuesto dueño obtuvo la propiedad. Además pide la ayuda del ISTA

Los afectados aseguran que las tierras fueron parte del excedente de la reforma agraria salvadoreña. Sin embargo, las tierras fueron vendidas a pesar de que eran para los campesinos y pequeños agricultores.

Los líderes de la comunidad determinaron que podían tomar las tierras por ser excedentes de la reforma agraria y decidieron vivir en las propiedades porque no tenían otra opción. Un año después fueron demandadas 42 de las 132 familias por vivir en ese lugar.

La denuncia vino del supuesto dueño e inició un proceso judicial por usurpación. En la audiencia final el juez determinó que el denunciante era el legítimo dueño y las familias debían desalojar, explicaron los afectados.

Pero los afectados argumentan que las 100 manzanas donde habitan era un excedente y se habían vendido ilegalmente, razón por la que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) podía iniciar un proceso para anular la escritura.

En 2021, el juez los condenó a dos años de trabajos de utilidad pública y al desalojo. Las familias interpusieron una apelación, por eso que el plazo del desalojo se atrasó. Sin embargo, en el mes de mayo de 2023 la Cámara de lo Penal resolvió en firme la sentencia y deben cumplirla.

Mediante la resolución de un juez, unas 138 familias deberán desalojar sus viviendas ubicadas en la “Comunidad 11 de Julio”, hacienda Santa Clara, cantón Santa Emilia, en el departamento de Sonsonate.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate resolvió que las personas desalojen sus viviendas. Para ello solo les quedan 10 días. De no hacerlo, serán obligadas a cumplir la sentencia con ayuda de la fuerza pública.

El problema es que las familias no tienen a dónde ir, por eso piden a las instituciones públicas que les brinden opciones, manifestó una de las afectadas.

La economista destacó que desde el 2019 a 2023, el nivel del endeudamiento del Estado salvadoreño a mediano y largo plazo se ha incrementado en casi mil millones de dólares. A su juicio, lo preocupante de esto es que el gobierno se va endeudando a un costo cada vez mayor y destina casi 2 mil millones de dólares para el servicio de la deuda.

La economista Julia Evelyn Martínez dijo que el gobierno de Nayib Bukele desde sus inicios era consciente de la necesidad de obtener financiamiento, pues al presentar el Plan Cuscatlán informó que promovería el incremento de impuestos y una reforma fiscal. No obstante, la especialista dijo que el mandatario no ha ejecutado tales políticas para “no perder popularidad”. Eso sí, la experta señaló que esto ha ocasionado que la administración actual opte por adquirir endeudamiento de manera “irresponsable”.

En el marco del Día de la Madre, Eneida Abarca extraña a su hijo y ante el dolor de no saber dónde está, enfatiza en que no parará la búsqueda hasta encontrarlo. Una promesa que ella le ha hecho a su hijo desaparecido.

500 días han pasado desde que el joven Carlos Santos Abarca de 22 años desapareció en los alrededores de la Colonia Monserrat, en el municipio de San Salvador.

La madre de Carlos, Eneida Abarca, manifestó a Radio YSUCA que desde que desapareció su hijo no ha parado de buscarlo. Lamenta que las autoridades de la Fiscalía General de la República, FGR, actúen pasivamente frente al dolor de una madre que busca a su hijo.

Abarca asegura que debido a la ineficiencia de la Fiscalía, la familia con sus propios recursos ha tenido que movilizarse e investigar sobre el paradero de su hijo.

La migración trae consigo varias consecuencias, entre ellas la desaparición de personas en su travesía hacia los Estados Unidos. Un flagelo que es invisibilizado por los gobiernos de los países centroamericanos, señalaron los expertos en el conversatorio “La persistente impunidad en la desaparición de personas”.

Agregaron que los migrantes se ven expuestos a varios obstáculos como ser secuestrados por los carteles o reclutados, son encarcelados sin motivo alguno por las autoridades o por pisar tierras ajenas, asaltados por los delincuentes o morir entre las líneas férreas o en las aguas del río Bravo, fronterizo de México-Estados Unidos.

Enrique Martínez, de la Comisión de Derechos Humanos Juan Fray De Larios en México, manifestó que es preocupante como los gobiernos minimizan la actual situación de migrantes desaparecidos, generando una impunidad en las investigaciones al invisibilizar los casos de miles de desaparecidos.

A pesar de los años, Blanca sigue buscando a su hijo y a su hermano desaparecido. No pierde la esperanza de saber algo de ellos, frente al silencio de los gobiernos de la región que no hacen nada por las personas que desaparecen en su travesía hacia los Estados Unidos.

En México, el 10 de mayo está dedicado a la celebración del día de las madres. Aunque históricamente ha sido considerado día festivo, en los años más recientes, para las madres de personas desaparecidas en el país ha tenido otro significado. En ese sentido, como en los últimos 11 años, convocaron a una marcha para exigir la búsqueda de sus familiares extraviados.

Doña Blanca dice que extraña a su hijo, por eso cada 10 de mayo acompaña la marcha en México en exigencia a la Fiscalía Mexicana para que realice una investigación.