Según Pineda, los cotizantes no recibirán rentabilidad por 4 años por el dinero que ya se utilizó y que debía ser pagado inmediatamente por ser una deuda pasada. Además, esa pérdida de rentabilidad afectará en un futuro las cuentas individuales, agregó Pineda.

Pineda lamentó que el Gobierno salvadoreño reserve la información relacionada al sistema de pensiones, pues el cambio de reglas impuesto por el gobierno se conoció por la agencia Fitch y no por el Ejecutivo. Patricio Pineda recalcó que los fondos de pensiones de los salvadoreños son “propiedad de los trabajadores”, por lo tanto, cuestiona la reserva.

Pineda personalmente brindó algunas recomendaciones que hay que modificar dentro de las reformas al sistema previsional, entre ellas que a las AFP se les castigue por haber permitido las modificaciones, sin velar por los intereses de los trabajadores.

La semana pasada la agencia calificadora Fitch dio a conocer que El Salvador realizó cambios para el pago de la deuda de pensiones, luego de haber caído en un impago técnico.

De acuerdo con Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna, los cambios de las reglas para el pago de las pensiones trae consigo pérdidas para los cotizantes. Pineda recordó que ellos como mesa ya habían advertido sobre el riesgo del impago.

La construcción del mercado de la colonia Escalón inició en abril de 2022 las personas desalojadas del lugar fueron trasladadas a viviendas temporales y siguen en estas a pesar que les prometieron alternativas habitacionales.

Una persona adulto mayor es otra de las habitantes del lugar y señala que las dificultades que genera la escasez de agua le afecta y a esto se suma el severo calor que sufren por vivir en casas provisionales de lámina.

Habitantes de Comunidad La Pedrera y Nueva Esperanza fueron desalojados del lugar donde se construye el mercado de la Colonia Escalón, les prometieron apartamentos pero a más de un año sigue sin cumplirse la promesa y ahora enfrentan otros problemas como la escasez de agua.

Son unas casas provisionales de lámina ubicadas cerca de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y a un lado de estas sigue la construcción del mercado.

Una de las habitantes del lugar manifiesta que el abastecimiento de agua de forma constante se tuvo los primeros tres meses pero en la actualidad no les abastecen y eso genera dificultades incluso de salud en el lugar.

Al respecto, la comunidad Santa Marta y Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) emitieron un comunicado donde expresaron rechazo a tal decisión y la consideraron como “la confirmación de una injusticia”. Cabe destacar que el magistrado propietario Santiago Alvarado Ponce admitió las razones legales y humanitarias planteadas por la defensa de los ambientalistas y emitió un voto razonado sobre las medidas sustitutivas a la detención.

Por su parte, Muñoz aseguró que seguirá trabajando en este caso e incluso adelantó que podría buscar amparo en tribunales internacionales.

La Cámara de Segunda Instancia, de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque resolvió que los líderes ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta continúen en prisión.

Ante esto, el abogado defensor de los líderes comunitarios, Dennis Muñoz, mencionó a radio YSUCA los argumentos que dieron los dos magistrados suplentes que votaron en contra de su petición para que los líderes comunitarios fueran procesados en libertad. A su vez criticó que ambos magistrados ignoraran los padecimientos de salud de sus representados.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó al youtuber Roberto Silva a pagar una multa correspondiente a tres salarios mínimos por cada una de las víctimas. Además, deberá publicar en su canal un video con disculpas de cinco minutos de duración.

Silva fue condenado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer. Las víctimas en este caso son Karina Sosa, diputada por el Parlamento Centroamericano y Daniela Genovez excandidata a diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Para la diputada del Parlamento Centroamericano, Karina Sosa, este tipo de actuaciones en contra de las mujeres que están en política influye para que otras desistan de participar en los procesos electorales.

La diputada Sosa dijo que este proceso ha marcado una pauta significativa en materia de derecho.

Los veteranos, en conferencia de prensa, exigieron al gobierno el cumplimiento de la normativa y que el ministro de Hacienda no recorte el poco presupuesto que se tiene del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Ex Combatientes (INABVE).

Además, piden al INABVE que cuide bien los fondos de los veteranos y exigen al Ministerio de Hacienda que transfiera los 48 millones de dólares del ex Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD) a las cuentas del INABVE.

José Santos Melara, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra del FMLN, manifestó que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha incumplido con los beneficios de los veteranos y excombatientes.

Melara asegura que a cuatro años de la gestión presidencial, y a la vuelta de un nuevo proceso electoral, el mandatario ha incumplido con la Ley de Veteranos. Los excombatientes expresaron sentirse “engañados" por el presidente, quien prometió mucho en su campaña y nada cumplió, según agregó Melara.

Ante esto, la especialista recordó que el río Lempa que abastece del vital líquido al 90% del territorio salvadoreño, “es compartido”. En ese sentido ella destacó la importancia de que se tomen iniciativas para garantizar en el futuro la cobertura de esta necesidad. Una de estas puede ser la planificación sistemática de recolección de aguas lluvias, apuntó la experta.

Por otra parte, Lorena Valle, economista feminista y docente e investigadora, manifestó que las formas que tienen las juntas de agua para abastecer a la población, en muchas ocasiones “son precarias” y estas hacen lo que pueden. Valle ahondó en la forma en que impacta la crisis de agua a la población.