Los niveles de pobreza que se viven en El Salvador en la actualidad son tan “elevados” que pueden considerarse como una “tragedia humana” y puede compararse con las precariedades existentes en los países más pobres del mundo. Así lo afirmó en la entrevista del canal TVX, Carlos Vela, un científico salvadoreño que reside en los Estados Unidos.

Los pobladores de Condadillo y Flor de Mangle no se sienten beneficiarios del supuesto desarrollo del que habla el gobierno, ya que al ser construido el aeropuerto tampoco les darían trabajo, ya que la mayoría de residentes de la zona no tiene formación profesional.

El aeropuerto de La Unión ya ha ocasionado que los agricultores de la zona pierdan medio millón de dólares, dice el líder comunitario Santos Vásquez.

La construcción de un aeropuerto en La Unión supone para el Gobierno de la República un polo de desarrollo, sin embargo los habitantes de la zona dicen que esto les arrebata el derecho a la propiedad y la posibilidad de tener una vida digna.

Las mujeres serán las más golpeadas, según dijo Blanca Cruz, ya que las tierras son ricas en nutrientes, agua y propicias para el cultivo, pero con el arrebato de las tierras no saben dónde serán reubicados y si lograrán tener los mismos medios de vida.

Según explicó Cruz, con el proyecto del aeropuerto ya no sembrarán y se acabarán las zonas ganaderas. La planificación del aeropuerto se hizo sin tomar en cuenta a la población, dice Cruz.

Leiva asegura que dichas medidas son solo una acción para entrampar el proceso y que los ambientalistas permanezcan más tiempo tras las rejas injustamente.

Por su parte Rafael Paz, de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, espera que el tercer magistrado resuelva dicha controversia, apegado a derecho, es decir, revertir la detención provisional y permitir que el proceso lo continúen en libertad. Además pide a centros penales que respeten la decisión de los juzgados.

La Comunidad de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), alertaron de más irregularidades en el proceso judicial contra los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES.

Una controversia entre magistrados mantiene el proceso de liberación de los cinco líderes entrampado, explicó Alfredo Leiva, de ADES Santa Marta.

Leiva manifestó que dos magistrados de la Cámara de Segunda Instancia, de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, no logran resolver si dejar a los cinco ambientalistas bajo medidas sustitutivas a la detención o mantener prisión preventiva, ya que uno está de acuerdo y el otro no.

Reyes dijo también que las autoridades de la corporación policial no están tratando este tema a profundidad y no hay ninguna estrategia de prevención del suicidio, ni de manejo del estrés.

Dijo, además, que es lamentable que debido a la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), el número de psicólogos también haya disminuido, ya que ha pasado de 30 a 24, para una población de más de 26 mil policías.

En lo que va del año, al menos 4 policías se han quitado la vida, dijo Marvin Reyes, del Movimiento de los Trabajadores de la Policía Nacional Civil. El caso más reciente ha sido el de Mario Humberto Galeano, de 65 años de edad, quien laboró como administrativo en la PNC.

Para Reyes, el detonante de los suicidios es el estrés en el trabajo, ya que los policías están sometidos a mucha presión con el régimen de excepción y, a esto se le suma la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que les obliga a dejar de trabajar cuando cumplen los 60 años.

Treminio destacó que desde mayo 2022 ha reiterado que se va a producir menos en el presente año y detalló que a nivel general habrá un déficit de más de 5 millones en la producción general. Ante esto, criticó que el gobierno optara por las importaciones, pero a su juicio esto “no es la solución”, sino promover la soberanía alimentaria.

El presidente de la Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio, advirtió este lunes en entrevista matutina con radio YSUCA, que se avecinan “serios problemas” para el sector agropecuario de El Salvador. La razones de esto, según Treminio, obedecen al abandono del gobierno a dicho sector y a la falta de una política pública que asegure la producción entre otras.

A esto se suma que de los más de 600 mil paquetes agrícolas que entrega el gobierno de Nayib Bukele a los agricultores salvadoreños, solo se cubre el 5% del costo de producción. El resto lo paga cada agricultor, señaló el representante de CAMPO.

En octubre de 2021, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, dio iniciativa al proyecto de Ley de Justicia Transicional presentado por las víctimas del conflicto armado salvadoreño. Así lo recordó la legisladora en su rendición de cuentas en el segundo año legislativo que presentó a la prensa.

Ortiz asegura que el proyecto de ley contempla el tema de acceso a la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y protección de la memoria histórica, pero en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sigue sin tomarse en cuenta.