El delito de asociaciones ilícitas ya existía antes del régimen de excepción. Además, el ministro de Seguridad y Justicia en su informe a la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa dijo que la base de datos de antecedentes penales era la principal herramienta que se había utilizado para hacer las capturas, según manifiesta la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz.

A juicio de la legisladora esto entra en una grave contradicción porque ya tenían perfilados a los pandilleros y no los habían capturado. También ya existía el delito de asociaciones ilícitas por el que se captura a la gran mayoría bajo el régimen de excepción, añade la diputada.

Ortiz dice que si ya existían estos delitos y la perfilación de pandilleros, ya estaban las herramientas para combatir a las pandillas sin necesidad del régimen de excepción.

Por otro lado, este tipo de marchas y manifestaciones pueden ayudar a elaborar un proyecto de nación, donde se aborden todos los problemas. Para el sacerdote José María Tojeira es preciso priorizar cada necesidad desde la más urgente.

Con un verdadero proyecto de nación, dice el sacerdote jesuita, los derechos no serán desplazados y podría lograrse un verdadero crecimiento en el país.

El primero de mayo le recuerda a la clase trabajadora que es tiempo de no callar y seguir denunciando todas las adversidades, dice el padre jesuita José María Tojeira.

La reciente conmemoración del uno de mayo se convirtió en un escenario de visibilización de explotaciones y violaciones de derechos laborales. En ese marco cabe destacar, dice el padre Tojeira, que las mujeres son de los sectores que siguen siendo más violentados en muchos aspectos.

Según Martínez, este tipo de hechos viola los derechos humanos, ya que se obliga a un trabajador a acudir en un día de asueto nacional, el cual debe pagarse doble si el trabajador asiste, dice Martínez.

La representante sindical dijo que la patronal prometió un día compensatorio; sin embargo, el 5 de mayo, personal de  recursos humanos del Ministerio de Trabajo no asumieron la responsabilidad de lo que se había prometido, dijo Fátima Martínez, de SITRAMITPS.

En el marco del uno de mayo, Día Internacional del Trabajo hubo diversas manifestaciones, una de ellas salió del Monumento a la Constitución, liderada por el ministro de Trabajo Rolando Castro.  Sin embargo, empleados de algunas instituciones públicas  confirmaron a Radio YSUCA que sus jefaturas les solicitaron ir a la concentración.

Para que los empleados públicos asistieran a esta manifestación, el día 28 de abril se les dijo que la asistencia era de carácter obligatorio, y quien no fuera sería sancionado o amonestado, dijo a YSUCA Fátima Martínez, secretaria primera de conflictos del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo, SITRAMITPS.

Estas historias se han repetido desde hace más de un año cuando entró en vigencia el régimen de excepción. En el caso del esposo de Jennifer Salguero el régimen ha causado enojo, malestar e incertidumbre, ya que sin prueba alguna José Antonio Cabrera fue sustraído de su casa y puesto a disposición de las autoridades del país, narra la esposa.

Ante la detención de Antonio, Jennifer, su esposa y su bebé de siete meses se han quedado sin la ayuda económica de José Antonio Cabrera.

Los militares lo acusaron de ser pandillero activo, pese a que policías confirmaron a su esposa que al detenido no se le encuentran vínculos con grupos criminales.

La Fuerza Armada continúa capturando a jóvenes en el país y, sin prueba alguna,  les acusa de ser miembros activos de pandillas, así lo denunció a YSUCA Jennifer Salguero, esposa de José Antonio Cabrera, un detenido más en régimen de excepción.

La detención ocurrió el sábado 06 de mayo a las 6 de la mañana. Según Jennifer Salguero, a su esposo los miembros de la Fuerza Armada lo sacaron de la casa con acusaciones falsas. La esposa del ahora detenido asegura que los miembros de la Fuerza Armada armaron una ficha con pruebas falsas.

“El dinero alcanza cuando nadie roba”, es el lema utilizado por los funcionarios del actual gobierno. Sin embargo, a juicio de Stanley Quinteros, secretario general del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Corte Suprema de Justicia (SEJES), los empleados públicos, sobre todo de las alcaldías, enfrentan dificultades, ya que la mayoría de las alcaldías lideradas por el partido Nuevas Ideas han caído en impago de salarios.

Asegura que hay alcaldías que deben hasta 3 meses de salarios a los empleados. Ante esta situación, Quinteros se cuestiona ¿Dónde queda la narrativa del gobierno que plantea que la economía salvadoreña crece y que hay más recaudación de impuestos? La realidad de las alcaldías indica lo contrario, al no contar con dinero para pagarle a los trabajadores.

Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos, COFAPPES, denunció una serie de arbitrariedades ante la comunidad nacional e internacional en el desarrollo de la vista pública del caso Monarca.

Cruz señala que la audiencia que estaba prevista para el mes de junio, sin notificación previa, se realizó el lunes 24 de abril. Desde esa fecha las personas procesadas están resguardadas en bartolinas, pese a que ya tenían medidas sustitutivas otorgadas por el Tribunal Primero de Sentencia.

Por otra parte, Ivania Cruz, siendo abogada de dos de los acusados, no le han permitido mostrarse parte en el proceso judicial , a pesar de estar acreditada y que el caso no tiene ningún tipo de restricción o reserva.

Cepa se niega a contratar a 240 trabajadores y ofrece “mal servicio”, denuncia Sindicato