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Presidente legislativo señala que las estadísticas gubernamentales de la pandemia no coinciden con la cantidad de fallecidos y contagiados con COVID-19

Cesar Ríos del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI) advirtió que la orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que limita la inmigración y reduciría el número de trabajadores temporales y familiares permitidos para entrar en los Estados Unidos,  puede convertirse en una política violadora a los derechos de los migrantes.

Ríos recomendó a los compatriotas estar alerta y al Gobierno salvadoreño planificar una estrategia para generar oportunidades en el país o con otros países amigos.

Escalante también lamentó la postura de los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes insisten a la Presidencia en aprobar decretos legislativos que el Ejecutivo ya vetó.

Escalante aseveró que si los diputados se mantienen en esa misma ruta se genera aún más incertidumbre jurídica.

Escalante, quien es doctor en Derecho Constitucional, dijo que  la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no le ha quitado las facultades a la presidencia de la República.

Subdirector del IDHUCA señala que carta presidencial responde al “desconocimiento o una estrategia política de desgaste” a los otros poderes del Estado

Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA,  explicó que la presidencia de la República entregó una carta con algunas inconsistencias que revela el desconocimiento de las autoridades.

Escalante señaló que el Ejecutivo busca abrir un camino inexistente; dejando de lado el diálogo entre los poderes del estado.

Este martes 23 de junio conversamos sobre violencia contra la mujer en tiempos de pandemia con Ima Guirola, de CEMUJER.

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Con 72 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad.

La Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad se apega a los derechos humanos de las personas con discapacidad, con esta ley la empresa privada deberá contratar a una persona con discapacidad, por cada 20 trabajadores que tenga a su servicio.

Diputados de Oposición manifiestan que el presidente de la república no puede emitir decreto para una cuarentena fuerte porque la Sala de lo Constitucional lo detiene

Diputados y diputadas crean Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación Económica de $2 mil millones

Interponen denuncia contra el ministro de Salud ante el Tribunal de Ética Gubernamental por la compra de máscaras a empresa de funcionario público.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Alac-Funde, explicó que la denuncia contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, fue por posible negligencia y por anteponer los intereses privados de otro funcionario público sobre los intereses generales, ante la compra de máscaras por $250,000 a la empresa Insema, S.A. de C.V., propiedad de Jorge Aguilar, siendo funcionario del gabinete de gobierno.

AUDIO WILSON

La sanción que podría imponer el Tribunal de Ética Gubernamental va desde un salario mínimo hasta los 40 salarios mínimos.

Una investigación periodística reveló que el ministerio de Salud adjudicó a una empresa del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge "Koky" Aguilar, una persona muy cercana al presidente Nayib Bukele, un contrato de 250,000 dólares para proveer máscaras de protección facial con motivo de la covid-19. Una investigación de “Salud con Lupa” reveló la adjudicación a Insema, la empresa de Aguilar, que además vendió las mascarillas al Gobierno con un sobreprecio del 121%.

Según los denunciantes, el Ministro Alabí se encontraba en la obligación no solo de abstenerse firmar la orden de compra, sino que de denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental que Jorge Aguilar, mediante influencia o razón de su cargo, hiciera trámites con resultado de valor económico en favor de su empresa, ha argumentado el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción