César Cañas también fue retenido. Lamentó que la PNC viole sus derechos constitucionales al detenerlos y no dejarlos participar en la marcha del primero de mayo.

Cañas dice que estuvieron retenidos por tres horas.

Pobladores de Usulután y San Vicente que venían a participar en la marcha del primero de mayo, fueron detenidos por elementos de la corporación policial en la entrada de San Salvador, a la altura del Cristo de La Paz.

Rosa Tobías dijo a YSUCA que la PNC les decomiso los documentos de identidad junto a las licencias de conducir a los que manejaban los autobuses que los transportaban.

José Santos Melara, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, manifiesta la importancia de conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, en el contexto actual que enfrenta el país.

Melara señala que el Estado de excepción afecta a personas que son capturadas arbitrariamente, sin pertenecer a grupos delincuenciales. Además, muchos han fallecido en las cárceles o luego de salir de prisión.

Otro problema que enfrenta la población es el alto costo de la canasta básica alimentaria, la detención de sindicalistas,  despidos en las instancias públicas y violación a los derechos humanos, entre otras dificultades.

El representante de MOVIR manifestó que las condiciones de salud de las personas detenidas arbitrariamente son difíciles. Puso como ejemplo el caso de una persona que fue arrestada al salir del hospital, la familia teme por su estado de salud.

Otra de las demandas de los integrantes de MOVIR es que a las personas que fueron capturadas arbitrariamente y son puestas en libertad, por falta de pruebas en su contra, se les ayude a reinsertarse en la vida laboral, ya que ante la detención, algunos perdieron su empleo.

La asignación de un trabajo es parte de reparar a las víctimas de capturas arbitrarias, dice Ramírez, por lo que pide que se incluyan en los convenios de trabajo en otros países.

Integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, siguen pidiendo libertad para las personas capturadas arbitrariamente. Según MOVIR, algunos llevan más de un año bajo arresto, sin probar que pertenecen a grupos delincuenciales, por lo que demandan libertad inmediata, ya que no hay pruebas en contra de ellos.

El representante del movimiento, Samuel Ramírez manifiesta que las personas que son dejadas en libertad, tras la captura arbitraria, encuentran dificultades para obtener trabajo por los antecedentes penales que les quedan. Es por eso que piden que limpien los expedientes de las personas que han sido liberadas y a quienes no se les comprobó algún delito.

Para el director ejecutivo de la CDHES es lamentable que haya más de 100 personas fallecidas en las cárceles, sin  que el gobierno brinde explicación a los familiares, a las organizaciones de derechos humanos y sobre todo a toda la comunidad internacional.

Además, señala que es gravísima esta situación porque se violentan los derechos de la población reclusa, con lo que violan tratados internacionales de derechos humanos.

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, CDHES, Miguel Montenegro, manifiesta que los estados de excepción que aplica cualquier gobierno en el mundo, y en este caso en América Latina, como sucedió por varios años en Perú y hoy en el caso salvadoreño, son políticas para reprimir e intimidar a todos los sectores sociales del país.

Montenegro dice que la situación que se ha dado concretamente en El Salvador es una fotografía clara para la comunidad internacional que la aplicación del régimen de excepción ha llevado a una serie de violación a los derechos humanos. Esto lo han denunciado organizaciones sociales y familiares de los detenidos, dice Montenegro.

La Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) reconoce que el alto costo de la vida, como los altos precios de la canasta básica alimentaria, también afectan a los trabajadores municipales del país. Por ello consideran  necesario ajustar el salario.

Así lo manifestó Wilfredo Presa, síndico de AGEPYM, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. 

Presa pidió que se ajusten los salarios acorde al alza de la canasta básica alimentaria.

Wilfredo Presa, síndico de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPYM, pidió a las alcaldías que paguen los salarios a los trabajadores. En  el caso de Santa Cruz Michapa asegura que existen  fondos para el pago y el retraso lo atribuye a un problema administrativo que no resuelven.