En septiembre de 2021, en El Salvador se aprobó la Ley Bitcoin y, desde entonces, el criptoactivo se convirtió en una moneda de curso legal para que las personas pudieran vender o comprar. 

A más de año y medio de la entrada en vigencia del criptoactivo, YSUCA consultó a comerciantes y turistas de las playas el Zonte y El Tunco para conocer el uso del bitcoin en esos lugares turísticos.

Uno de los vendedores de artesanías en El Zonte manifiesta que sí pueden pagar con bitcóin, pero desde que entró en vigencia esa ley, sólo le han comprado dos clientes usando esta criptomoneda. Pero no sólo eso, dice que si vende una artesanía con valor de $15.00, si la persona paga con bitcóin, tiene pérdidas, porque le sale la venta como a $12.00

Otros salvadoreños señalaron que muchos negocios aprovechan el periodo de vacaciones para aumentar el precio de servicios básicos, como el uso de los baños, estacionamiento y alojamiento. Mientras que otros veraneantes, aseguran que han ahorrado para darse un pequeño gusto, por lo que ven los precios justos.

Salvadoreños y extranjeros aprovechan la Semana Santa para visitar las principales playas de El Salvador, así como otros lugares de recreación. Radio YSUCA visitó dos de las playas con mayor afluencia de veraneantes: La Playa el Zonte y El Tunco, ambas en el departamento de la Libertad.

Los vacacionistas aprovechan para disfrutar de platos como mariscos, minutas y cocos, entre otros productos alimenticios que se ofrecen en la zona.

Visitar las playas implica hacer uso de otros servicios como baños, dormitorios, parqueo, entre otros servicios que tienen un costo.

Algunos de los salvadoreños consultados perciben un alza en los precios de los alimentos y, según algunos de los consultados, esto se debe al incremento en el precio de los productos de la canasta básica.

La crisis de desapariciones se extiende en toda la región y tiene un punto nodal que las une: el dolor y la esperanza de miles de familias que esperan el regreso de sus seres queridos.

Las deudas son muchas: actualmente, solo México cuenta con una legislación específica para atender las desapariciones y un registro oficial actualizado de las mismas, que a la fecha suma más de 104 mil.

Pese a ello, hay una falta de acceso a la justicia transnacional y aquí no es sólo México, los gobiernos de los países de origen deben establecer la protección de sus ciudadanos migrantes, dice la representante de la Fundación para la Justicia 

Es urgente romper con la impunidad en estos casos, enfatiza Claudia Interiano.

Los migrantes que salen de sus países de forma irregular, se enfrentan a distintos desafíos y peligros en su ruta hacia el país de destino. Hay que tomar en cuenta que el fortalecimiento de las políticas migratorias, ahora muy restrictivas, no facilitan la migración.

A esto hay que agregar el asedio delincuencial, sobre todo en el corredor Centroamérica-México-Estados Unidos, donde los y las migrantes desaparecen sistemáticamente.

Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia, dice que es lamentable que año tras año los migrantes desaparezcan y debido a la falta de protección de los Estados, los casos permanecen en la impunidad.

Interiano dice que es urgente caminar hacia la transnacionalidad del acceso a la justicia.

La defensora de derechos humanos explica que este incidente puede catalogarse como un crimen de Estado, ya que el supuesto centro de detención no contaba con las condiciones adecuadas para mantener a las personas que viajaban de forma irregular.

Celia Medrano dice que esta situación es la misma que ocurre en las cárceles salvadoreñas, donde se ha reconocido la muerte de 90 personas en noviembre del año pasado y que guardaban prisión luego de ser capturadas bajo el régimen de excepción.

En el caso de los migrantes que se quemaron en México, muchos podrían haber huido de la persecución que hace el Estado salvadoreño al señalar a familiares de pandilleros o también podría tratarse de pandilleros que huyen de la justicia salvadoreña.

El incendio ocurrido el 27 de marzo pasado, en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, en México, provocó la muerte de  40 personas, entre ellas se contabilizan salvadoreños.

Por el caso se dictaron órdenes de arresto contra seis personas,  quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones. La fiscalía federal también está investigando a otros posibles involucrados en la tragedia.

Además se ha conocido que la Cancillería de El Salvador en México, a través de su viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, solicitó la destitución y procesamiento del responsable del Instituto Nacional de Migración.

Para la defensora de derechos humanos, Celia Medrano este caso es indignante, ya que México no garantizó los derechos de estas personas que transitaban por su territorio, sin embargo también culpa a El Salvador de no crear condiciones favorables para evitar la migración irregular.

Según Medrano, la tragedia está siendo usada para conveniencia política tanto por México como El Salvador.

La Defensoría del Consumidor tiene 56 puntos de atención a nivel nacional, en parques, plazas y centros comerciales, sobre todo en aquellos cercanos a zonas turísticas.

Salazar manifestó que, hasta la fecha, han atendido a más de 1,600 consumidores a través de las jornadas del “Plan Verano 2023”.

Las principales denuncias recibidas están relacionadas a servicios financieros, servicios de telecomunicaciones y otros servicios en general.

La Defensoría del Consumidor continúa ejecutando el “Plan  Verano 2023” del período vacacional. En ese marco realiza verificaciones en diferentes puntos de venta. Hasta el martes 04 de abril, se habían realizado más de 225 verificaciones a nivel nacional.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, confirmó 14 hallazgos de productos vencidos en estanterías, oficinas y restaurantes, con un total de 136 productos vencidos encontrados.

Cada año los usuarios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social se incrementan y disminuye el número de médicos para atender a los pacientes de cada una de las especialidades.

La deserción de médicos es una situación que viene a perjudicar aún más los servicios que brinda el ISSS.

Fuentes médicas que prefirieron el anonimato afirmaron que unos 400 médicos se han retirado de la institución y hay otros que también están considerando la posibilidad, ante la falta de incentivos.