Durante la homilía el sacerdote salvadoreño Juan Vicente Chopin recordó las palabras de monseñor Romero e hizo énfasis en que el legado de Romero sigue vigente y  vivo en el contexto actual.

Chopin dijo que los salvadoreños deben hacerse la pregunta ¿qué patria queremos para nosotros? ¿Una monarquía que nos vea como súbditos o ciudadanos libres?

Este viernes 24 de marzo la feligresía católica conmemoró el aniversario de la muerte de Monseñor Romero. En la capilla del Hospital Divina Providencia se desarrolló una misa en honor a San Romero a 43 años de su muerte, que sigue impune.

El día de su aniversario, algunos salvadoreños lo recordaron con júbilo, cantos y lágrimas en el mismo lugar donde dió la última homilía a su pueblo el 24 de marzo de 1980.

El padre Lucio Reyes, quien presidió la misa, recordó el legado de monseñor Romero y aseveró que su reflexión la inspiró en el  evangelio por ello sigue vivo. Añadió que actualmente continúan las vulneraciones a los derechos humanos de la población salvadoreña, tal como ocurrió hace 43 años.

Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba misa en la capilla del hospital La Divina Providencia, en San Salvador. El ahora santo salvadoreño se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil, con lo que se alzó como un referente en la defensa de las personas más vulnerables.

La anulación de la Ley de Amnistía de 1993, por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016, permitió la reapertura del caso de monseñor Romero y de la masacre de unas mil personas campesinas en El Mozote y de 6 sacerdotes jesuitas asesinados en 1989, todos con pocos avances y sin resoluciones favorables a las víctimas. 

Ovidio Mauricio agregó que el Estado no muestra interés en esclarecer el caso, no investiga, no abre archivos militares ni de inteligencia, sino que continúan perpetuando la impunidad al proteger a los asesinos.

43 años han pasado desde que asesinaron a monseñor Óscar Arnulfo Romero y pese a que existe un proceso judicial, la Fiscalía General de la República no avanza en las investigaciones,   señalan los abogados querellantes en la causa penal.

Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, dijo que desde que se reabrió el proceso en el 2017 y el juez cuarto de instrucción pidió a la Fiscalía investigar a los presuntos intelectuales y financistas del escuadrón de la muerte que asesinó a Romero, no se ha hecho nada aún. 

El abogado Alejandro Díaz, también de Tutela Legal, explica que no hay avances sustantivos, por ello la verdad sigue oculta, pese a que hay documentos que sustentan el caso.

Acción Ciudadana presentó una herramienta que permite visibilizar las zonas de riesgo de corrupción en el país. Se trata de un mapa que representa de forma gráfica y sistematizada, los ámbitos de riesgo para la ocurrencia de la corrupción. 

El mapa indica las debilidades en instituciones y procesos del Estado que pueden propiciar la corrupción.  No es un mapa de corrupción, sino un mapa de riesgo con  indicadores, elementos de riesgo, clasificación  y material de consulta. 

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, dijo que es conveniente registrar los hechos actuales que puedan significar actos de corrupción y menoscabos a la transparencia.

El desabastecimiento del agua potable es un problema al que ya se enfrentan diversas comunidades en el país, un claro ejemplo de esta situación es la comunidad San Rafael, en San Marcos, al sur de San Salvador, donde sus habitantes deben recorrer hasta un kilómetro para obtener agua de un nacimiento y poder abastecer sus hogares.

El representante del CESTA dice que en esa comunidad a pesar que viven hombres, es a las mujeres a quienes la falta de agua les golpea con mayor fuerza.

La Ley General de Recursos Hídricos es una ley que viola el derecho humano al agua, dice el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, Ricardo Navarro.

Para el ambientalista Navarro, en ninguna parte de la ley ha quedado establecido que el agua debe estar al servicio del pueblo. Ricardo Navarro enfatiza que quien no tenga para pagar el servicio de agua no tendrá acceso al vital líquido.

El Foro Universitario: “Aplicación de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y sus Desafíos para las Elecciones 2024”, promovido por la UCA, el Centro de Investigación para la Democracia y FUNDAUNGO, contó con la presencia del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Antonio Orellana.

El 4 de febrero de 2024 serán las elecciones para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como  diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

El 3 de marzo del mismo año, se llevarán a cabo las elecciones de diputados al Parlamento Centroamericano y los Concejos Municipales.

El magistrado Orellana señaló que serán electos 3,206 funcionarios públicos, participarán entre 25,000 y 30,000 candidatos, incluyendo el presidente de la República.

En 2024 se aplicará por primera vez el sufragio activo y pasivo en el extranjero para la elección de presidente, vicepresidente y diputados propietarios y suplentes de la Asamblea Legislativa habilitando las novedosas modalidades del voto remoto por internet y voto electrónico presencial.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral respondió a los resultados que tendrá el hecho que el Ministerio de Hacienda recortara el presupuesto para el voto en el exterior.

Beatriz fue diagnosticada en 2013 con lupus eritematoso sistémico y su bebé no tenía posibilidad de vida, ya que presentaba anencefalia, es decir ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.

La primera en declarar en la audiencia fue la madre de Beatriz, quien explicó que su hija estaba decidida a interrumpir su embarazo por el riesgo que corría su vida.

Los médicos aunque recomendaban la interrupción del embarazo, no podían hacerlo por el temor de ir a prisión.  

Beatriz interpuso un amparo ante la  Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien resolvió sin lugar la interrupción del embarazo.  En enero del  2022 la Corte IDH comenzó a tratar el caso de Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito. 

La presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Morena Herrera, dijo en el marco de la audiencia que el Estado de El Salvador abandonó a Beatriz y no le garantizó sus derechos. Manifestó que penalizar el aborto sin excepción alguna traumatiza a las mujeres jóvenes y pobres.

Por segundo día el Estado salvadoreño enfrentó una audiencia por el caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. El jueves se desarrolló la segunda jornada donde el Estado salvadoreño rindió su declaración. En la primera jornada se contó con la participación de la madre de Beatriz, peritos y uno de los médicos que atendió a Beatriz.

Una vez finalizada la audiencia, las partes tienen un mes para presentar por escrito los alegatos y observaciones.

La representación del Estado salvadoreño aseguró durante la audiencia  que El Salvador garantizó el derecho a la vida de Beatriz y señaló que nunca estuvo en riesgo inminente de muerte.