Los veteranos exigen un pago de pensión de $300.00 e indemnización de $2,000.00. Además, denuncian que eliminar el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD) afecta a personas con discapacidad en cuanto al acceso a medicamentos.

Además, dudan del manejo de los fondos que fueron entregados a FOPROLYD, pero ante su desarticulación, ahora maneja el INABVE. Según los veteranos, son $48 millones que no se sabe dónde están. 

El representante de los excombatientes  exige que se cumplan los beneficios que por ley les corresponde.

Veteranos de la Fuerza Armada se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo para denunciar que los beneficios para el sector, establecidos en la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, no se están cumpliendo.

Los excombatientes, junto a lisiados de guerra, portando pancartas con sus demandas marcharon hasta el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Ex Combatientes (INABVE).

Enrique Sihuachi, representante de los veteranos, advirtió que si no les atienden sus exigencias aplicarán medidas de presión en diferentes lugares del país e instancias públicas del Gobierno.

El aumento del 30% a las pensiones establecido en la Ley Integral de Pensiones, aprobada en diciembre de 2022, generará un déficit de millones de dólares, a juicio de Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna. Por lo que se prevé que el sistema será insostenible. Según Pineda, en 2024 y 2025 se comenzarán a ver las consecuencias de la insostenibilidad.

Agrega que el Fondo Monetario Internacional (FMI)  en su último informe sobre El Salvador, lo confirma.

La Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) establece que el endeudamiento del Estado a través de estos certificados debían ser trasladados de parte de las AFP  al nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP.

Integrantes de la Mesa por una Pensión Digna solicitaron a la Superintendencia Adjunta de Pensiones el monto total de la deuda trasladada al ISP. Sin embargo, la institución se declaró incompetente de entregar esa información y el ISP la declaró reservada, pese a que la Ley que deroga el FOP dice que la emisión de nueva deuda será revisada por la Superintendencia  Adjunta de Pensiones. 

También se solicitó el acta o documento en el cual se establece que son las AFP las representantes de los trabajadores  en ese proceso de traspaso, tal como lo menciona el  artículo 3 de la Ley de Derogación del FOP. Esa información tampoco fue entregada, dijo Patricio Pineda, de la Mesa por una Pensión Digna.

Frente a las instalaciones de ASA, una de las habitantes de Apopa denunció que su territorio se está destruyendo con urbanizaciones como “Valle El Ángel” y la construcción de carreteras, impactando árboles y mantos acuíferos del lugar.

Otra de las demandas de las organizaciones ambientales y comunitarias es que la ASA nombre a la brevedad posible la estructura completa de la Junta Directiva, que nombre los Organismos Zonales de Cuenca y destine los recursos necesarios para la gestión adecuada de las mismas, en coordinación con las Juntas de Agua.

Según la más reciente encuesta del Iudop, sobre el derecho humano al agua, 43 de cada 100 personas que disponen de agua de cañería no la utilizan para beber.

A juicio de Flores, la continuidad de la contaminación del agua de las cañerías se da para beneficiar económicamente a las empresas embotelladoras de agua purificada.

En el Día Mundial del Agua, integrantes de diversas organizaciones ambientales y representantes de comunidades, marcharon hasta la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) para denunciar la injusticia hídrica en El Salvador, principalmente en las comunidades.

Carlos Flores, del Foro del Agua, asegura que hay injusticia en el uso del agua en el país y que uno de los pasos para salir de ese problema es dar apoyo técnico a la Juntas de Agua y que sean legalizadas para que las comunidades pobres no sigan siendo afectadas.

El Dr. Guillermo Ortiz, ginecólogo, obstetra y con especialidad en embarazo de alto riesgo, fue quien atendió a Beatriz en sus dos embarazos y conocedor de su enfermedad sabía que su vida corría peligro.

Según el Dr. Ortiz, crearon un comité de 15 médicos especialistas y por unanimidad recomendaron interrumpir el embarazo de Beatriz, debido a que era de alto riesgo. Pero no podrían hacerlo porque en El Salvador el aborto está prohibido.

En el país, una emergencia obstétrica es considerada como homicidio agravado y una mujer puede ser condenada entre 30 y 50 años de prisión.

Inicia audiencia sobre caso beatriz en Corte IDH

La audiencia sobre el caso de Beatriz versus El Salvador inició el miércoles en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.

Se analiza la prohibición del aborto en la región, mediante el caso de Beatriz, una mujer salvadoreña a quien el Estado le negó la interrupción del embarazo, pese a que su vida corría peligro.

Beatriz fue diagnosticada en 2013 con lupus eritematoso sistémico y su bebé no tenía posibilidad de vida, ya que presentaba anencefalia, es decir ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.

La primera en declarar en la audiencia fue la madre de Beatriz, quien explicó que su hija estaba decidida a interrumpir su embarazo por el riesgo que corría su vida.

Sin embargo, los médicos aunque recomendaban la interrupción del embarazo, no podían hacerlo por el temor de ir a prisión.

Comandos de Salvamento dispone de socorristas que en su mayoría son técnicos en emergencias médicas y rescatistas. Cuenta con 55 ambulancias y 5 equipos de rescate.

Carlos Fuentes, socorrista de Comandos de Salvamento dio recomendaciones a las personas que conducen vehículos.