Ministerio de Medio Ambiente pide a Cooperativistas cambio de cultivo

Los miembros de la Cooperativa El Pimental solicitaron al Ministerio de Medio Ambiente permiso para poder cortar la cosecha de caña de azúcar, la cual fue cultivada en una zona protegida de la Hacienda Santa Clara cantón El Pimental, ubicado en el municipio de San Luis Talpa departamento de La Paz.

Según explicó a YSUCA Jaime Miranda, presidente de la Cooperativa El Pimental, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado permiso para sacar la cosecha de caña de azúcar, sin embargo dijo que tendrán que cambiar de cultivo en un futuro.

Miranda dijo que luego de esta cosecha se dedicarán a cultivar árboles frutales y para ello iniciarán con el marañón, sin embargo dijeron que no tienen experiencia en este tipo de cultivo y esperan obtener  asesorías.

Erick Knudson, representante de Panamá, señala que los grandes oligopolios absorben los medios de comunicación y aunque la persecución a los periodistas no es tangible en esa nación, las dos empresas principales de información imponen su agenda.

Además Knudson dijo que es lamentable que en toda Centroamérica se tilde a los defensores de derechos humanos como auspiciadores del crimen.

Por parte de Guatemala, señala Karla Campos, el actual Gobierno ha hecho que la libertad de prensa sufra retrocesos y esta situación no es exclusiva de esta nación, ya que tanto Honduras como El Salvador y Nicaragua la padecen, por tener gobiernos de corte autoritario.

Libertad de prensa y expresión: derechos  atacados en Centroamérica

Según un informe del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, en la región hay una tendencia a la cooptación y concentración del poder en torno a una persona o, en una sola mano. Según Elizabeth Estrada, representante salvadoreña, Guatemala, El Salvador y Nicaragua tienen muy marcado este aspecto.

Panamá y Costa Rica, aunque no han tenido una crisis política muy fuerte, se ha logrado identificar algunos aspectos que permiten inferir que estos países se encaminan a una crisis, dijo Estrada.

En Honduras, luego del golpe de Estado vivido en 2009 y el cambio de administración en 2022, por la vía electoral, aunque hay una expectativa de cambio favorable, el tema de los derechos humanos parece no resolverse aún, enfatizó Elizabeth Estrada.

Todo este ambiente deja una puerta abierta para la corrupción.

Sonia Urrutia espera que el martes 21 de marzo el representante de la empresa textilera “Apple Tree” asista a la audiencia ante el Ministerio de Trabajo, donde se buscará resolver el pago de la indemnización.

El dos de marzo pasado los miembros del Sindicato de la Industria Textil Similares y Conexos de El Salvador, denunciaron que los dueños de la empresa textilera “Apple Tree” ubicada en la zona franca de San Marcos, reducirían a sus empleados el pago de su indemnización.

Debido a eso se paralizó el trabajo en la fábrica, sin embargo para el día tres de marzo se reanudó ante la instalación de una mesa de negociación, sin embargo, este lunes 20 de marzo se dio a conocer que no se alcanzó ningún acuerdo.

Sonia Urrutia, representante legal del Sindicato de la Industria Textil Similares y Conexos de El Salvador, señaló que en la primera audiencia ante el Ministerio de Trabajo no se ha logrado solventar nada, ya que el representante de la textilera no llegó a la audiencia.

El abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Alejandro Díaz, dice que los hechos ejecutados contra las víctimas, desde 1932 hasta la fecha, y los daños sufridos por la población no han sido reparados por ningún gobierno.

Con el objetivo de recordar hechos del conflicto armado para que no se repitan, se lleva a cabo una exposición de fotografías, organizada por Tutela Legal, “Dra. María Julia Hernández”. La exposición muestra fotografías de víctimas del conflicto armado y, junto a ellas, la historia de sufrimiento de algunas personas.

La actividad se realizó frente al Auditorio “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA.

Ovidio Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal, manifiesta que muchos defensores de derechos humanos ofrendaron su vida en aquel entonces para conseguir la paz que todavía no llega al país, pero por la cual se sigue luchando.

En julio de 2021, Hans Alexander Morales, delegado de la autoridad demandada, señaló la falta de asignación presupuestaria para la Presidencia de la República, lo que les impide cancelar las cantidades estipuladas.

Ante eso, el tribunal suspendió la ejecución de la sentencia y puso un nuevo plazo, el cual vencía el 31 de marzo de 2022.

De nuevo, Conan Castro, en abril de 2022, dijo que no tenía la posibilidad material para cumplir con el fallo. En uno de los escritos explica que se solicitaron los fondos al Ministerio de Hacienda para que fueran asignados en el proyecto del Presupuesto General de 2022. Sin embargo, el ministerio hizo ajustes y afectó la asignación destinada al pago. Castro argumentó que factores externos no le permiten cumplir de forma parcial o total con el pago.

Carlos Canjura dice que la Sala debe cumplir con lo que se le está pidiendo que es la ejecución forzosa, incluso ordenar al pagador de Casa Presidencial que retenga los fondos para hacer efectivo el pago de la deuda. Además la Sala debería notificar a la Fiscalía General de la República por el delito de desobediencia que se estaría cometiendo.

Óscar Canjura y Mario Escobar fueron despedidos de sus cargos en la Defensoría del Consumidor en julio de 2019. No hubo motivo alguno para su despido, dicen los afectados, por ello acudieron a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ambos buscan que se les pague los salarios y prestaciones que dejaron de percibir a raíz del despido. Además han solicitado se decrete una multa diaria al presidente de la República por el retraso en el cumplimiento de la sentencia de fecha 11 de marzo de 2021.

La Sala de lo Contencioso Administrativo emitió un fallo favorable para los empleados despedidos. Sin embargo, a la fecha la sentencia que obliga al Órgano Ejecutivo a pagar no se ha cumplido.

En varias ocasiones Conan Castro, apoderado legal del presidente de la República, ha argumentado que no pueden cumplir lo ordenado por la Sala, con respecto al pago de los demandantes.

Carlos Canjura señala que la nueva sentencia de la Sala donde pone un nuevo plazo para el cumplimiento dejan mucho que desear, ya que a más de dos años de incumplir con el pago se está cayendo en una violación a los derechos humanos de parte de la admistración de justicia