El Estado salvadoreño tiene deuda de justicia por 4 periodistas holandeses asesinados en el país hace 41 años

Los periodistas de los Países Bajos Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen, y Hans ter Laag fueron emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982 en Santa Rita, Chalatenango.

En la actualidad, el proceso penal del caso se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango; el 13 de octubre de 2022 emite órdenes de captura contra el exministro de defensa general José Guillermo García y el exdirector de la Policía de Hacienda coronel Francisco Antonio Morán.

También se señaló responsabilidad en otros dos militares, pero éstos ya fallecieron. Sin embargo,  fueron capturados dos militares que residen en el país, actualmente se encuentran en detención pero han solicitado, por su estado de salud, ser ingresados en un hospital y ahí se encuentran bajo custodia policial.

El abogado Pedro Cruz, de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, manifiesta que los defensores de los militares presentaron recursos de revocatoria que fue denegado, presentaron recurso de apelación que también fue denegado, por lo que las órdenes de captura se mantienen vigentes.

Cruz dice que en la actualidad las autoridades salvadoreñas deben facilitar y agilizar el proceso de extradición del coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Chalatenango, quien reside en Estados Unidos.

Estas denuncias han traído consecuencias, dicen los sindicalistas de la Universidad de El Salvador y una de las afectadas ha sido Carmen Elena Hernández, secretaria general del sindicato.

Pablo Beltrán, secretario de organización de SITRAUES, dice que las amenazas han surgido por medio de redes sociales y plataforma de mensajería instantánea.

Los integrantes del Sindicato de Empresa de Trabajadores Administrativos de la Universidad de El Salvador, SITRAUES, han venido denunciando irregularidades dentro de la Universidad.

Entre estas denuncias están los incrementos salariales de manera selectiva, sin seguir el Reglamento del Escalafón de la Universidad. Además, hay acuerdos de contratación donde no se especifica el salario a devengar, dijo Pablo Beltrán, secretario de organización de SITRAUES.

Beltrán dijo que se hicieron denuncias en diferentes plataformas digitales y medios de comunicación, con esto se logró frenar esta ejecución del aumento.

Estas prácticas irregulares se dan siempre que se acercan las elecciones internas de la universidad y esos fondos se ocupan para contratar a personas que llevan a cabo campañas electorales.

Rudy Álvarez, secretario de conflicto de SITRAUES, dijo en la entrevista de YSUCA que estas prácticas, que son comunes con el pasar de los años, se profundizan más y abren las puertas a la corrupción. Estas prácticas deben parar, ya que hay personal que merece ser promovido y no es tomado en cuenta.

Esta crisis bancaria ha sido producida por el incremento de tasas de interés que realiza la Reserva Federal, señala en un análisis el expresidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera.

De continuar con esta tendencia, otras instituciones estarían en peligro.

Según dijo Cabrera este incremento de las tasas de interés, anunciado cada mes por la Reserva Federal de Estados Unidos, influye en la caída del valor de los bonos adquiridos por los bancos, situación que, eventualmente, genera la necesidad de capital adicional.

La crisis bancaria que enfrentan los bancos en Estados Unidos puede afectar de diversas maneras a El Salvador, dijo a YSUCA el expresidente del Banco Central de Reserva, BCR, Óscar Cabrera.

El Salvador debe preocuparse por esta situación, dijo Cabrera, ya que el país del norte es el principal socio comercial. Además de ahí proceden las remesas que representan el 22% del Producto Interno Bruto, PIB.

Además, Cabrera señaló que con la dolarización El Salvador quedó desprovisto de una política monetaria crediticia y cambiaria donde el Banco Central pudiese, a través de la función de prestamista de última instancia, inyectar liquidez al sistema bancario nacional si en dado caso se generara una crisis bancaria a nivel mundial.

Los comerciantes informales trasladaban en pick ups y camiones pequeños los restos de sus puestos desarmados. Manifiestan que tienen deudas y que no saben cómo las pagarán. 

Recuerdan que pagaban $30.00 mensuales a la alcaldía capitalina, además del servicio de energía eléctrica. Se retiran de la zona, ya que temen ser detenidos en el marco del régimen de excepción.

Comerciantes informales que fueron removidos del Centro de San Salvador aseguran que tras la medida de desarmar sus puestos de venta se quedan sin opciones para obtener ingresos. Además, ya tienen varios días sin tener una ganancia diaria.

Se trata de comerciantes de la 4ª calle Oriente y la 6ª calle Poniente, entre la 1ª y la 3ª avenida sur; avenida 29 de agosto, 3ª avenida sur y la plaza de Banderas del Mercado Central.

La Alcaldía de San Salvador dice que son unos 1,400 puestos, que el retiro es voluntario y es parte del Plan de Revitalización del Centro Histórico fase 3, etapa 2.

Pero los comerciantes entrevistados señalan que el desalojo es forzado, no voluntario como afirma la alcaldía.

Familiares de estudiantes del Complejo Educativo Santa Rosa se presentaron al lugar con pancartas para apoyar la continuidad de la actual directora y rechazaron que sea destituida del cargo, porque hay mejoras en el centro de educación. Además, denunciaron hechos de violencia de algunos profesores.

Francisco Zelaya, integrante del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, SIMEDUCO, denunció que una delegación de la Dirección Departamental de Educación de San Salvador se presentó al Complejo Educativo Santa Rosa, en Cuscatancingo, para destituir del cargo a la directora de esta instancia educativa.

Zelaya calificó de arbitraria la medida porque la dirección departamental no realizó el debido proceso.

111 trabajadores de la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), podrían quedar sin empleo. La Asamblea Legislativa estudia la propuesta de Ley de Navegación que daría lugar a la disolución de la Ley General Marítimo Portuaria. 

El Movimiento de Trabajadores Despedidos alertó sobre el despido de más empleados con la estrategia de disolver instituciones.  Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, manifestó que en la propuesta de disolución de la ley, no se reconoce una compensación económica justa por el tiempo de servicio de las servidoras y servidores públicos.