En Nicaragua la prensa está siendo perseguida por el Estado. Hay muchos periodistas que han abandonado el país y otros han sido desterrados, por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

En la entrevista de YSUCA se habló de esta situación con Patricia Orozco, periodista del medio digital “Agenda Propia” y salió de Nicaragua en el año 2020, ya que el gobierno no quería que se informara sobre lo que acontece en esa nación centroamericana.

Orozco señala que cuando abandonó el país el Estado le arrebató la casa en la que había vivido por más de 35 años, por otro lado el régimen le quitó la nacionalidad nicaragüense.

David Quintana es un periodista de “Boletín Ecológico” y a él un juez, en el año 2021, le declaró culpable de injurias y calumnias, el objetivo es que la prensa deje de informar.

Quintana dice que ser periodista en Nicaragua es difícil ya que se enfrenta a golpes, persecuciones y a muchos les ha tocado vivir en la clandestinidad.

Defender la libertad de expresión tiene sus costos, dicen los periodistas nicaragüenses.

En el marco del Día Nacional y Mundial de los Derechos del Consumidor, la Defensoría del Consumidor lanzó la campaña: “Un consumidor informado, actúa por sus derechos”.

La campaña tiene el objetivo de fomentar un mayor interés entre la ciudadanía en conocer sus derechos, pero además en apropiarse y empoderarse de éstos, para prevenir o defenderse ante un abuso o incumplimiento, dijo el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, y Oxfam, en El Salvador, presentaron una actualización post pandemia de dos dimensiones de análisis bajo el Marco de Desigualdad Multidimensional (MIF): Educación y Aprendizaje y Condiciones de vida.

La investigación revela que la sociedad salvadoreña se ve afectada en temas de salud, educación, seguridad personal y financiera y eso debido a la promoción de las desigualdades a través de los modelos económicos impulsados por las élites empresariales y políticas, explicó Óscar Cabrera, de FUDECEN.

La presidenta de ADES manifestó que esta asociación surgió en 1993 para facilitar la organización, la educación, la comunicación y otras medidas a favor de la gente del lugar.

Integrantes de ADES participaron en la lucha contra la explotación minera del lugar, en un ambiente en el que se registraron asesinatos de ambientalistas.

Vidalina Morales dice que la detención de líderes comunitarios de Santa Marta es un caso en reserva y asegura que es confusa la acusación y una de las razones es porque, en el proceso de investigación nunca encontraron el cadáver de la víctima.

La presidenta de la Asociación para el Desarrollo Municipal (ADES) de Santa Marta, Vidalina Morales, dijo que el arresto de los líderes de su comunidad es un caso fabricado.

En enero de 2023 fueron detenidos Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, y Pedro Antonio Rivas; Teodoro Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES y Saúl Agustín Rivas, asesor legal de esta organización. Son acusados de presuntamente haber asesinado a María Inés Alvarenga en agosto de 1989.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el presupuesto para las elecciones de 2024 por un monto total de  $129.8 millones. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, no recibirá todo lo aprobado en este momento, sino un anticipo de $92 millones. El resto del monto aprobado se entregará el próximo año. 

El TSE tendrá para las elecciones nacionales $70.2 millones y $59.6 millones para el voto en el exterior 

La diputada Claudia Ortiz dijo que el presupuesto general de elecciones pone presión a las finanzas públicas, lo que significa que habrá que hacer ajustes.

Por otra parte, no existe la garantía de que el presupuesto aprobado sea utilizado de forma eficiente, dijo la diputada.

La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro memoria Histórica de El Salvador recuerda que las Naciones Unidas declaró el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

Montenegro dice que marzo es un mes que recuerda a víctimas como Monseñor Romero y que motiva para seguir luchando contra la impunidad porque los gobiernos anteriores y el actual han permitido que siga.

Eduarda de Paz perdió a su esposo, durante el conflicto armado salvadoreño, porque la Guardia Nacional lo obligaba a hacer viajes con su vehículo a lugares de riesgo y dice que espera que se haga justicia, porque la pérdida de esa vida afectó a sus hijos que se quedaron sin el sustento que llevaba la víctima.

La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos  Pro memoria Histórica de El Salvador realizó un foro sobre la importancia del cumplimiento de la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas del conflicto armado salvadoreño.

El coordinador de la Comisión, Miguel Montenegro, manifiesta que debe nombrarse el mes de marzo como mes de las víctimas, porque esa es una forma de reparar los daños sufridos durante el conflicto armado y porque es un mes en el que asesinaron a Monseñor Romero y a Rutilio Grande.

Los integrantes de las organizaciones de agricultores dicen a diputados y diputadas que tomen en cuenta las reformas porque la producción de granos básicos tiene que enfrentar altos precios de insumos agrícolas, por lo que debe quitarse el canon a los productores, ya que de esa manera se da un paso para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población.

María Magdalena Mejía, agricultora de la zona norte de Usulután, dice que la Ley General de Recursos Hídricos golpea a los productores de granos básicos, por ello están demandando reformas.

Integrantes de diversas organizaciones de agricultores llegaron a la Asamblea Legislativa a pedir que se reformen los artículos 7, 37, 39, 63 y 64 de la Ley General de Recursos Hídricos, para que los productores de alimentos no paguen por el uso del agua.

Carlos Rodríguez, de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, ANTA, manifiesta que quitar el pago para el riego de la producción de granos básicos ayudará a bajar los precios de la canasta básica alimentaria.