La falta de información, dice Samuel Ramírez, hace mucho daño ya que los familiares de los que han sido capturados no saben en dónde están recluidos sus seres queridos y esto dificulta la entrega de paquetes de ropa y alimentos.

Ramírez dice que muchas familias siguen entregando los paquetes a pesar que no saben si su familiar está vivo, muerto o trasladado.

Según datos proporcionados por Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, en una semana salen en libertad unas 15 personas. La información no se obtiene por fuentes oficiales, sino de las familias que notifican de la liberación de sus parientes.

Ramírez dice que las personas que quedan en libertad son las que han estado recluidas en los centros penales de La Esperanza, ubicado en Mariona, en San Salvador y en el penal de Izalco, en Sonsonate. 

Es lamentable el estado en el que salen, enfatizó el representante de MOVIR y dijo que, una vez puestos en libertad, prefieren no hablar por miedo a lo que pueda sucederles.

Las mujeres manifestaron que debe cesar esta ofensiva extractivista. Los recursos naturales de El Salvador van en detrimento de la vida y el Estado debe hacer algo frente a los graves daños que la oligarquía salvadoreña está haciendo a los bienes naturales, dijo Claudia Rodríguez.

Las mujeres que integran el Foro del Agua exigieron al Gobierno salvadoreño e instituciones del Estado frenar los daños contra los territorios y solicitan que se revoquen todas las concesiones y permisos de proyectos urbanísticos que destruyen la tierra y bienes naturales.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres de la organización consideran importante hacer el llamado al gobierno para que abandone la estrategia desarrollista en pro de garantizar los bienes comunes para las familias y mujeres empobrecidas, indicó, Beatriz Miranda y Gloria de Orantes.

La carestía de alimentos es grave, a tal punto que para poder comer algo muchos salvadoreños han cambiado sus hábitos alimenticios y esto sin dudas ya está enfermando a la población, dijo Julia Evelyn Martínez.

Martínez estima que el costo de la vida en el país es de $852.50 mensuales, sin embargo, el salario promedio ronda los 400 dólares. Estos datos señalan que muchas familias no viven con dignidad en el país.

Y es que el costo de la vida no afecta a todos los salvadoreños de la misma manera, dice la economista, ya que hay muchas personas que ganan menos de 400 dólares; hay pensionados que tienen menos ingresos y hay adultos mayores sin pensiones y, junto a ellos, hay un buen número de desempleados, que la están pasando muy mal recalcó Martínez.

La situación no parece tener mejoras, ya que la inflación sigue subiendo y para este 2023 se tiene proyectado un incremento del 7%. Esto indica que todo está más caro, dice la economista Martínez.

Los precios de los alimentos en el país están subiendo desmedidamente. Para la economista Julia Evelyn Martínez, esta situación ya se salió de control.

Martínez, en la entrevista de Radio YSUCA, dijo que según datos del Observatorio de Alimentos del SICA, en El Salvador hay unas 900 mil familias que no pueden comprar alimento. Por otro lado, se tiene que el 52% de la población está en estrés alimentario, es decir, tarde o temprano no podrán comprar comida.

Los representantes de las organizaciones manifiestan que las industrias extractivas, el monocultivo de caña y otras explotaciones ambientales, además de hacer uso intensivo del agua, la contaminan severamente, incluso con agrotóxicos nocivos. 

Señalan que la construcción de gasolineras, colonias, centros comerciales y rutas vehiculares causan un severo daño a la naturaleza. Asimismo, las malas prácticas del uso del agua, como por ejemplo del sector ganadero, la contaminación de los ríos por parte de fábricas y los complejos industriales que promueven la deforestación con la total autorización de las instancias gubernamentales.

Sara Guardado, de Guaymango, Ahuachapán, dice que hay severos daños en ríos y playas del occidente del país.

Hay preocupación por los ríos del país, aguas superficiales y  aguas subterráneas porque se encuentran en un estado alarmante de contaminación, destrucción y amenazas, según Alejandro Labrador, técnico territorial ambiental de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.

Los representantes de organizaciones indígenas y de la UNES aseguran que el 79% de los ríos del país necesitan planes de descontaminación y saneamiento porque están altamente contaminados. Así lo manifestaron en el Día Internacional de Acción por los Ríos. 

Alejandro Labrador advierte que la contaminación de los ríos es grave, por eso urgen medidas para solucionar los severos daños.

El politólogo de la UCA, Álvaro Artiga, manifestó que no todo lo que pasa en el país, tiene que ver con política. Hay otros aspectos que desde hace muchos años, y hasta la fecha, no se han tratado, como por ejemplo el medio ambiente.

Artiga dijo que el río Lempa se está viendo amenazado por la mina Cerro Blanco en Guatemala. Señala que de manera urgente debe el gobierno dialogar con el país hermano para encontrar una solución, pues es una amenaza grande para el millón de familias que viven del agua del Lempa.