Algunos reos de los penales La Esperanza, en Mariona, San Salvador y el Complejo Penitenciario de Izalco en Sonsonate, han comenzado a ser trasladados hacia el nuevo penal de Tecoluca en San Vicente. 

El artículo 29 de la Ley Penitenciaria señala que es el Consejo Criminológico quien tiene la función de dictar las pautas generales  sobre el tratamiento de los internos, como los traslados. 

Para Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, el régimen de excepción no ha suspendido la Ley Penitenciaria, por lo tanto el director de Centro Penales, Osiris Luna, debe seguir las reglas establecidas.

Ante la escasa información, se desconoce si los traslados obedecen a estudios previos y autorización del Consejo Criminológico.

Para Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, CAMPO, el cobro sería dañino para el agro y también para la población.

Treminio explicó que este cobro incrementaría aún más los precios de los productos agrícolas, lo que representaría un daño a las familias salvadoreñas, pues los frijoles, el elote, maíz y hortalizas, incrementarían aún más sus precios.

El artículo 109 de la Ley de Recursos Hídricos ha determinado la obligación del pago del canon por la extracción del agua, a productores y agricultores, sin embargo no se determina con exactitud cuánto se pagará. Esto deberá determinarlo la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, de acuerdo al artículo 110.

Para el productor de leche Alfredo Guerra, el cobro por uso de agua representaría un tiro de gracia para el sector, que ahora está ya golpeado por la carestía de los insumos.

Guerra dijo que semanalmente los productores podrían estar pagando unos 400 dólares por uso del agua, por eso piden que se establezca un cobro justo.

Héctor Carrillo dice que en la actualidad el cierre del acceso a la información pública les impide obtener cifras sobre la cantidad de denuncias de personas desaparecidas en el país.

El abogado de FESPAD, Héctor Carrillo, manifiesta que el régimen de excepción afecta el avance de los procesos de investigación de las personas desaparecidas, ya que la Fiscalía General de la República debe dedicarse a las medidas de seguridad pública relacionadas a las capturas masivas de personas, por su presunta vinculación  a las  pandillas.

22,000 denuncias de personas desaparecidas en El Salvador entre 2014 y 2019, según datos de una investigación de la Fundación de Estudios para la aplicación del Derecho, FESPAD. A esta cantidad se suman 2,000 denuncias de desapariciones entre 2019 hasta octubre de 2021, según  Héctor Carrillo, de FESPAD.

Carrillo señala que las instituciones públicas siguen sin atender a las familias de los desaparecidos, no dan verdad, justicia ni reparación a los familiares de estos, quienes llegan a las instancias correspondientes sin obtener respuestas.

FESPAD demanda acciones concretas para las familias afectadas. Por ejemplo, atención a las consecuencias emocionales, producto de las desapariciones y que se agilicen los procesos.

Habitantes de Cantón El Maneadero de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, continúan preocupados, ya que los soldados siguen llegando a la zona y, en el marco del régimen de excepción, siguen deteniendo personas, según ellos de manera arbitraria. 

Los soldados acosan, sobre todo a los jóvenes, y los amenazan con detenerlos. Antonio Flores, presidente de la Cooperativa San Luis El Maneadero de R.L., dijo a YSUCA que el 22 de febrero del presente año un grupo de militares estuvo a punto de detener a un pariente que no pertenece a grupos delincuenciales.

El alcalde de Santa Tecla, Henri Flores, manifiesta que una de las salidas ante el alto costo de la canasta básica es coordinarse con productores para que no sean caros los abastecimientos que dan a los vendedores y vendedoras.

Los parques municipales de Santa Tecla tienen agromercados, uno en el parque Daniel Hernández, parque San Martín y en El Cafetalón, para vender productos de la canasta básica alimentaria, como el huevo a bajo precio.

El precio del cartón de huevos se vende a $3.95. El primer día se vendieron 780 cartones y el siguiente día casi mil.  Este viernes, el producto se terminó durante la mañana, según manifiesta un comerciante.

La Alcaldía de Santa Tecla, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha dado la oportunidad a los comerciantes para que se ubiquen en los parques para vender, sin pagar nada a la municipalidad. La presentación del DUI es el único requisito que se ha solicitado para poder vender sus productos. Sin embargo, se ha priorizado dar el espacio a quienes tienen puestos en los mercados tecleños.

Uno de los vendedores dice que el abastecimiento lo hacen con su propio dinero y únicamente buscan producción nacional para que sea más barata la venta.

Judith Barrera, integrante del Movimiento Rebelión Verde, REVERDES, asegura que desde el año pasado se viene anunciando una escasez y encarecimiento de alimentos, sin embargo, el gobierno salvadoreño no ha tomado medidas suficientes para hacer frente a la situación. Ahora la población experimenta alzas en los precios de la canasta básica, agregó Barrera.

La ambientalista enfatizó que los agromercados que impulsa el Ministerio de Agricultura aliviarán el bolsillo de unos pocos salvadoreños, pues son focalizados en algunos municipios. Barrera insiste en que el alto costo de precios lo reciente toda la población salvadoreña.