El Boeing 767-300 transportó a 222 personas liberadas, pero faltan 39 presos por liberar. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de Dulles, en Washington. La esperanza se abrió para los nicaragüenses encarcelados por ejercer su libertad de expresarse contra un régimen que viola derechos humanos.

Pese a que 222 personas fueron liberadas, la dictadura continúa en Nicaragua que vive en una profunda crisis política desde 2018, luego de las protestas contra Daniel Ortega.

En 2021, por cuarto año, Ortega se impuso en la Presidencia, a través de elecciones disfrazadas de democráticas. Para quedarse en el poder tuvo que encarcelar opositores, algunos acusados de organizar un golpe de Estado.

Ortega siguió los pasos de Venezuela, como los ha comenzado a seguir Nayib Bukele en El Salvador.

Para el padre José María Tojeira las dictaduras se contagian, ha ocurrido en el pasado. Recordó la época de Somoza y el resto de dictadores en Centroamérica, entre ellos Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador.

Dos personas decidieron no subir al avión hacia Estados Unidos. Uno de ellos Eliseo de Jesús Castro, quien se habría negado a irse debido a que estuvo preso en Estados Unidos y fue deportado en febrero de 2006 por violencia contra las mujeres, según información de la agencia EFE. Pero de ese caso se sabe poco, dice el investigador José Luis Rocha. Al avión tampoco subió el obispo Rolando Álvarez, quien se negó a ser desterrado. La dictadura no perdona.

Un día después de la negativa del sacerdote, el régimen de Ortega lo condenó a 26 años y 4 meses de prisión, sin un juicio previo y lo despojó de su nacionalidad. Octavio Ernesto Rothschuh, magistrado oficialista, se encargó de leer la sentencia. El sacerdote fue condenado por los delitos de propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas en perjuicio del Estado y desacato a la autoridad.

Un día antes Rothschuh también publicó la sentencia del destierro para los 222 nicaragüenses que quedaron libres, luego que La Asamblea Nacional nicaragüense, de manera exprés y unánime aprobara una reforma constitucional para dicho fin. El destierro, según la sentencia, obedece a que son declarados traidores de la patria.

Ante la condena del obispo Álvarez, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, a través de en su cuenta de Twitter, calificó a Ortega de “enemigo jurado y perseguidor de la iglesia”.

Monseñor Álvarez fue apresado el 19 de agosto de 2022, luego que la policía allanara su residencia en Matagalpa y lo trasladara a Managua en una prisión domiciliar.

Para el investigador nicaragüense José Luis Rocha, el obispo Álvarez consideró que abandonar el país era como abandonar a su feligresía. Ahora está recluido en la cárcel Modelo, donde tendrá condiciones más severas, como un castigo del régimen.

La versión de Ortega sobre que no hubo negociación fue reafirmada por Emily Mendrala, subsecretaria de Estado Adjunta, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, mediante una conferencia de prensa telefónica el día viernes. Mendrala aseguró que el gobierno de Nicaragua decidió unilateralmente liberar prisioneros, incluyendo un ciudadano de Estados Unidos.

“Muchos pasaron condiciones terribles en la cárcel, sin acceso al debido proceso”, dijo la diplomática. Agregó que el gobierno estadounidense les está brindando atención médica y legal. Para la diplomática, la liberación es positiva, ya que pudiera ser el primer paso para la restauración de la democracia y el mejoramiento de los derechos humanos en Nicaragua.

Estados Unidos organizó el traslado de los nicaragüenses una vez fueron liberados por Nicaragua y durante dos años estarán protegidos en Estados Unidos. Sin embargo, el futuro de cada uno de los nicaragüenses dependerá de su situación particular y de sus preferencias para vivir. Algunos han mostrado interés en aceptar la oferta de nacionalidad de países como España.

Ante las preguntas insistentes de la prensa, sobre si hubo una negociación, Mendrala insistió en que la liberación fue una decisión de Ortega, pero que por muchos años Estados Unidos pidió la libertad para los más de 200 presos políticos.

Ortega asegura que la liberación no obedece a ninguna negociación con Estados Unidos y que no han pedido nada a cambio. Así lo dejó ver en la conferencia de prensa, donde además se dedicó a despotricar contra ellos.

Sin embargo, para el periodista, sociólogo e investigador nicaragüense José Luis Rocha si acaso no hubo una negociación anterior al destierro, entre Ortega y Estados Unidos, este sería un primer paso para entablar una negociación.

Rocha recordó que Estados Unidos siempre fue claro en decir que antes de sentarse a negociar con el gobierno, debía liberar a los presos políticos, además de adoptar otras medidas que restauraran las libertades civiles en el país. Queda la duda de lo que sucedió antes para que el régimen aceptara dar este paso.

El investigador nicaragüense tiene una reflexión en torno a esto. Uno de esos elementos de presión, dice Rocha, pudo haber sido el tema de las sanciones que pesan sobre Nicaragua. El hecho que Estados Unidos haya levantado sanciones a Venezuela pudo haber motivado a Ortega a dar el paso. Sabe que es posible que las sanciones que tiene actualmente sean levantadas. Ortega posiblemente vea en esto la posibilidad de sobrevivir, reflexiona José Luis Rocha.

Un vuelo Chárter los esperaba. Era el aviso del destierro para 222 nicaragüenses que habían estado en prisión durante varios años. Su delito: pensar diferente y ser críticos del régimen de Daniel Ortega.

La dictadura bloqueó la libertad de expresión, de asociación y otros derechos, a tal punto de encerrar y declarar traidores de la patria a quien mostraba su inconformidad con el régimen. Los acusó de menoscabar la soberanía, independencia y la autodeterminación del pueblo; incitar al terrorismo y a la desestabilización económica.

El jueves 09 de febrero, la noticia corrió por el mundo. El dictador había liberado a más de 200 presos políticos. Ese día por la mañana el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, anunció que mediante una sentencia se deportaba de manera inmediata a 222 personas, considerados opositores.

Volaron rumbo a Washington, Estados Unidos. En ese trayecto se enteraron que habían perdido su ciudadanía, habían sido desterrados.

La Asamblea aprobó la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense. Esto pese a que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad".

El sacerdote jesuita de la UCA, José María Tojeira señala que el destierro aplicado por el régimen de Ortega es una vulneración más que se le añade, además de matar y detener ilegalmente a personas. Aunque el destierro habitualmente no se considera un delito, está prohibido en las constituciones y es una violación a los derechos humanos.

Según el diccionario de la Real Academia Española, “tolerar” significa “respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. La tolerancia es una actitud fundamental para una sociedad que busca el respeto a la libertad de opinión y de expresión, y a los derechos humanos fundamentales, y que aspira a vivir en armonía y en paz. La intolerancia lleva al camino contrario: a la agresividad, la violencia, el deseo de eliminar al que piensa, cree o hace las cosas en forma distinta. La intolerancia convierte a las personas en lobos; está a la base de muchos conflictos sociales y políticos.

En El Salvador, en los últimos años, se ha incrementado la intolerancia de manera exponencial; la muestras más cruda de ello se encuentra en las redes sociales. Incluso ante opiniones fundamentadas y expresadas de forma respetuosa, que deberían dar lugar a un diálogo abierto y cordial en el que se intercambiaran opiniones, razones y argumentos, se genera una ola de insultos, ataques personales y acusaciones falsas. Con todo, ello no es nuevo; esa lógica ha estado presente a lo largo de la historia nacional. El país ha vivido épocas de profunda intolerancia, especialmente por diferencias ideológicas.

La actual arrancó con la llegada de Nuevas Ideas al poder y el desarrollo de lo que algunos de sus mismos correligionarios llaman “el bukelismo”; un movimiento político que ha hecho de la confrontación y el ataque hiriente su eje motor. Esta dinámica de intolerancia impulsada desde los estamentos del poder político es un caldo de cultivo perfecto para que tarde o temprano se desaten agresiones físicas. Se está actuando de la misma manera que en la década de los ochenta, un tiempo de locura en el que miles de salvadoreños fueron asesinados a manos de grupos paraestatales terroristas.

En aquellos crueles años, la Radio Cuscatlán de la Fuerza Armada Salvadoreña y los medios de comunicación afines al régimen oligárquico y autoritario que gobernaba el país ejercían la función de exponer, acosar, difamar y hostigar a las personas que opinaban distinto al régimen. Hoy en día, ese trabajo lo hacen algunos funcionarios gubernamentales, diputados y políticos vinculados al bukelismo, respaldados tanto por militantes como por centros de troles y espacios en redes sociales del aparato de propaganda y odio del oficialismo.

Esta forma de proceder ha dado resultados: cada vez más ciudadanos críticos se suman al grupo de los que se han exiliado para librarse del acoso y de las amenazas; otros han dejado de expresar sus ideas públicamente y han preferido optar por una vida sin proyección pública; otros más viven con el temor de que en cualquier momento un fanático pase del delirio verbal a la agresión física y atente contra sus vidas. De seguir así, se estaría abriendo las puertas a una nueva tragedia nacional.

Debemos entender por ciudades sostenibles a aquellas que logran la plena realización de los derechos de sus habitantes, incluyendo el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria, la salud, la educación, la infraestructura resiliente, la movilidad y el derecho al ambiente sano. Todo esto permite el desarrollo humano armonioso y respetuoso con la naturaleza.

Con respecto al transporte, es importante dejar de hablar de líneas de transporte y pasar a una red amplia de transporte, explica Grande. No solo hay que referirse a  la accesibilidad a los trabajos,  sino al acceso a los servicios urbanos, indicó Grande.

Carlos Grande, arquitecto del Departamento de Organización del Espacio de la UCA, manifestó que El Salvador debe aspirar a construir comunidades sostenibles para reducir el impacto del tráfico en el Gran San Salvador.

Grande explicó que es importante garantizar el hábitat en los entornos de vida de los habitantes, a fin de generar espacios necesarios para la movilidad humana, pues el transporte vehicular no es la única opción.

Carlos Grande, arquitecto del Departamento de Organización del Espacio de la UCA, manifestó que El Salvador debe aspirar a construir comunidades sostenibles para reducir el impacto del tráfico en el Gran San Salvador.

Grande explicó que es importante garantizar el hábitat en los entornos de vida de los habitantes, a fin de generar espacios necesarios para la movilidad humana, pues el transporte vehicular no es la única opción.

La propuesta de ley dice que los ministerios de Economía, Hacienda y otros se organicen para hacer un plan de transición para que las empresas cambien su funcionamiento, sin afectar a trabajadores y trabajadoras.

Navarro señala que esta propuesta busca crear una mejor vida para la población, porque los plásticos de un solo uso afectan al ecosistema y a la salud de la gente.